jueves, 28 de marzo de 1985

El guante de la mano invisible

La intervención del gobierno en la regulación del mercado usualmente se ha realizado por medio de reglamentaciones orientadas a fijar condiciones que deben cumplir los productores de bienes y servicios. Dichas reglamentaciones se traducen en una serie de trámites que deben cumplir los administradores de las empresas y que, por lo general, contribuyen a encarecer el producto final y a distorsionar el buen uso de los recursos productivos. El caso colombiano es un buen ejemplo de un proceso en el que la buenas intenciones de los gobernantes, poco a poco, han sido anuladas por las distorsiones causadas por un exceso de reglamentaciones. Es tal el descontento de los colombianos con los resultados de las políticas de reglamentación de la actividad económica que, como ha sucedido en otros paises, estarán dispuestos a respaldar al candidato que ofrezca una tregua entre el regulador y el regulado.

Cambios recientes en la regulación de la actividad económica.

La tendencia moderna en la regulación de la actividad económica es tratar de intervenir de una manera indirecta sin fijar restricciones, cambiando el esquema de incentivos para que el productor ajuste sus decisiones en la dirección que sea más conveniente para la sociedad. Se reconoce que si los incentivos no cambian, el agente económico, productor o consumidor, va a buscar eludir los controles diseñados por el gobierno, utilizando todos los medios legales a su alcance. Más aún, y lo que es más grave para el propio sistema, en último caso puede decidir evadir los controles impuestos apelando a procedimientos por fuera de la ley.

El cambio en el proceso de regulación ha sido ampliamente debatido en los países industrializados y ha contado con el apoyo de una gran mayoría de los economistas, sobrepasando muchas veces sus aficiones partidistas. Charles Schultze quien fuera el asesor económico del presidente Carter ha dado su apoyo a un cambio en el proceso de regulación. Según Schultze, el gobernante debe buscar "utilizar incentivos privados para obtener el bienestar público" y para ello debe intervenir el sistema de precios, más bien que a través de reglamentaciones sobre el mismo proceso productivo.

200 años después de la Riqueza de las Naciones, los economistas han redescubierto un papel para la mano invisible. Cuando el esquema de incentivos es correcto, los productores y consumidores pueden, a través del mercado, reemplazar la mano invisible del regulador.

¿Quién da más?

Algunos ejemplos de la utilización de los incentivos privados para lograr el bienestar de la comunidad, y que pueden ser adaptados al caso colombiano, tienen que ver con la asignación de recursos escasos por medio de licitación. Para nadie es un secreto que hoy en día hay una escasez de divisas y que, por lo tanto, el poseer licencias de importación es un activo que tiene un valor monetario muchas veces superior a otros más tangibles como el dinero en el banco. En la actualidad, el mayor precio pagado por los consumidores de los bienes extranjeros está llegando al importador, y en ocasiones, a funcionarios inescrupulosos encargados de tramitar las licencias de importación. Si se cambiara el sistema vigente por uno en el cual se subastaran las licencias de importación, no sólo se aumentarían los ingresos del fisco, sino que se mejoraría la asignación de recursos, pues quien mayor necesidad tuviera de bienes importados, ofrecería más por las divisas, logrando así una asignación de divisas a quien más las necesita.

Otro caso en donde el proceso de licitación contribuiría a una mejor asignación de recursos es el de la televisión. En la situación actual, un espacio es asignado a la programadora que hace la "mejor" propuesta. Por este espacio la programadora debe cancelar un canon preestablecido. En un verdadero proceso de licitación, el proponente debe indicar hasta cuánto está dispuesto a pagar por el espacio que está licitando y la adjudicación se hace al proponente que ofrece más por el espacio. Una verdadera licitación no solo facilita el proceso de selección, sino que elimina los subsidios implícitos concedidos a programadoras favorecidas con espacios en tiempos cuyo potencial supera el canon de arrendamiento fijado.

Un tercer ejemplo en donde un cambio en la regulación tendría efectos favorables se relaciona con la asignación de cupos a los vehículos de servicio público. Tradicionalmente, el cupo de buses, busetas y camiones ha sido fijado por las autoridades del transporte. Dadas las dificultades inherentes a las proyecciones del parque automotor, los cupos asignados muchas veces no coinciden con las necesidades reales del sector y, por lo tanto, han ocasionado algunos problemas. Algunas veces el cupo asignado ha sido inferior a las necesidades reales del sector, lo que ha dado lugar a inmoralidades en el proceso de adjudicación, mientras que en otras oportunidades, el número de cupos asignados ha sido superior a las necesidades, generando dificultades a los transportadores como consecuencia de un exceso de oferta. Si los cupos se asignaran mediante un proceso de licitación, indudablemente se lograría un equilibrio mayor entre oferta y demanda; si por otras razones, se juzgara necesario mantener unas restricciones en la oferta, los sobreprecios llegarían a las arcas del Estado y no se quedarían en las de los intermediarios.

En circunstancias como las actuales, en donde hay un exceso de demanda por carros de servicio particular, un proceso de adjudicación de cupos, para ensamble o para importación, por medio de una licitación, contribuiría a mejorar la asignación de los recursos escasos del país.

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