lunes, 8 de abril de 1991

Las Nuevas Políticas de Vivienda

Para el columnista es muy agradable poder ver que las ideas que ha venido ventilando desde hace algún tiempo se incorporan en una política del gobierno.

El gobierno del Presidente Gaviria ha iniciado recientemente la puesta en marcha de sus programas de vivienda. Estos programas reflejan el gran cambio en el manejo del sector incorporado en la Ley 3a de 1991.

Las nuevas políticas de vivienda del actual gobierno presentan un considerable avance sobre lo que existía anteriormente. En primer lugar, el nuevo esquema de la vivienda de interés social aclara considerablemente el apoyo que está otorgando el estado. Anteriormente, era muy difícil cuantificar el monto del subsidio que estaba entregando el Estado a los adjudicatarios de las viviendas que entregaban los institutos encargados de la vivienda. Ante la dificultad en la cuantificación del subsidio otorgado por el ICT no era posible evaluar correctamente la gestión del Instituto y de las otras entidades del sector vivienda.

La falta de información sobre los resultados del ICT indudablemente contribuyó a mantener un sistema totalmente ineficiente. Aterra leer en un documento de planeación que el ICT "recupera sólo alrededor del 28% del costo económico de los recursos consumidos." El mismo documento muestra que los activos del Instituto se evaporaban en casi un 70 por ciento. En lugar de tener una cartera de 240 mil millones de pesos el ICT, para efectos prácticos el ICT podía contar con activos por solo 73 mil millones. Es increíble ver que por falta de información desaparecieron 167 mil millones de pesos sin que nadie se diera cuenta.

En segundo lugar, en la nueva política el Estado ha perdido el incómodo papel de cobrador. Ahora como el acreedor es una entidad del sector financiero con amplia experiencia en el cobro es muy probable que recupere el total de la deuda. El sistema recuperará ahora el 100 por ciento de su cartera y no el 30 por ciento que se  recuperaba anteriormente.

En tercer lugar, la oferta de las soluciones queda en manos del sector privado. Los sobrecostos incurridos por la ineficiencia del sector público se pueden eliminar en la medida en que el sector privado tome bajo su responsabilidad la construcción de las viviendas de interés social. Ahora cuando el sector privado construye las soluciones de vivienda se podrán agilizar de los lentos procesos de contratación y construcción. Las dificultades en la adquisición de terrenos daban lugar en ocasiones a sobrecostos considerables. El caso más patético de las demoras ocasionadas en la compra de terrenos es el de Ciudad Bolívar. El programa de lotes con servicios que iba a ser modelo a nivel mundial se convirtió en uno de servicios sin lotes, por cuanto los terrenos para los que se hizo el diseño fueron invadidos y no se pudo fácilmente comprar otros.


Desde esta columna le deseamos éxitos al gobierno pues consideramos que las nuevas políticas son un importante avance sobre las que  existían anteriormente. Para el columnista es muy agradable poder ver que las ideas que ha venido ventilando desde hace algún tiempo se incorporan en una política del gobierno. Es más agradable, aún,  cuando esas ideas que antes eran aceptadas por una inmensa minoría se convierten en la verdad del momento. 

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