lunes, 6 de abril de 1992

Orden antes que impuestos

Infortunadamente, la superabundancia de elecciones y la asamblea constituyente, demoraron la solución y  la magnitud del ajuste fiscal contemplado resulta demasiado alta.


Ante el fracaso de las medidas tomadas en 1991 para controlar la inflación, el gobierno ha presentado a la consideración del Congreso un paquete tributario. La generación de un superávit fiscal aparece como la última alternativa para el control de la inflación dentro del modelo de apertura. La política fiscal surge entonces como una alternativa a las políticas monetarias y cambiarias ya ensayadas sin éxito.

Como se ha venido comentando en esta columna, la generación del superávit fiscal es la terapeútica recomendada por los libros de texto para estabilizar una economía con tasa de cambio fijas y con alta movilidad de capitales. Desafortunadamente, la superabundancia de elecciones y la asamblea constituyente, demoraron la solución y  la magnitud del ajuste fiscal contemplado resulta demasiado alta. Al igual que con el racionamiento, las demoras en la toma de decisiones han contribuido al deterioro de la situación y a una sobrerreacción que tiene a todos los colombianos al borde del colapso.

El aumento de los tributos para generar el superávit es un camino salpicado de peligros. El exceso de recursos en manos del Estado puede llevar a graves problemas. Cuando el mandatario de turno se encuentra con abundantes recursos, comienza a tener malos pensamientos sobre lo que puede hacer y se olvida de hacer un escrutinio riguroso a los gastos. Como muy bien lo ha descrito Parkinson, el gasto aumenta hasta igualar el monto de los tributos.

En Colombia la tendencia a aumentar los recaudos se ha visto incentivada con la peregrina idea de que a los gobernantes debe medírseles por las obras. Los malos alcaldes se concentran en las obras de concreto con la esperanza de que estos monumentos les hagan olvidar a sus electores los innumerables errores cometidos durante su gestión. El complejo de los faraones de inmortalizarse con obras materiales es uno de los principales pecados colombianos. En sana lógica el gobernante de turno no puede reclamar como un logro estas obras. Los verdaderos méritos se los debe llevar el sufrido contribuyente que vió disminuido su presupuesto para poder sufragarlas.

La eficiencia del gasto público debe ser un prerrequisito para un aumento en los impuestos. No suena muy lógico que se exijan más sacrificios al contribuyente ante situaciones tan aberrantes como la vivida en Bogotá. El Alcalde se gasta el dinero público en los famosos auxilios con el fin de que los Concejales le den vía expresa a sus intentos de pasar a la historia con obras tan inútiles como costosas.

Los elefantes blancos no son patrimonio exclusivo del Distrito Capital. Obras como el Metro de Medellín deberían avergonzar a toda Colombia. El sacrificio que nos piden ahora se hubiera podido evitar si se hubiera parado a tiempo este proyecto. Los colombianos vamos a tener que apretarnos el cinturón por una obra sin justificación alguna.

La ineficiencia de las Empresas Públicas y en especial las del sector eléctrico que nos tiene sumergidos en tinieblas a pesar de ser el mejor planeado nos muestra que hay amplio espacio para conseguir producir más con los mismos recursos. Los convenios de gestión pueden ser un instrumento para reducir las inefciencias existentes. Lástima que el gobierno no haya encontrado a alguien para la Presidencia de la FEN a quien se le ha asignado la importantísima función de mejorar la gestión de las empresas del sector Energético.

Si bien la eficiencia en los recaudos ha mejorado en los últimos tiempos, la evasión de impuestos y los contrabandos siguen siendo muy altos. Los municipios tienen todavía mucho campo para aumentar sus recaudos. Las transferencias del Gobierno Nacional han sido tan generosas que han permitido a muchos municipios continuar con una administración tributaria muy deficiente.

La experiencia de la infortunada reforma tributaria que el discutido Doctor Perry diseñó en el 75 mostró claramente que la evasión y la elusión dependen en buena parte de las tasas tributarias. El incremento en las tasas impositivas puede dar lugar a menores recaudos en la medida en que se aumenten la evasión y la elusión.


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