lunes, 25 de mayo de 1992

Autocontrol antes de intervención

La peor consecuencia de una crisis fiscal es la pérdida de autonomía en el manejo de la ciudad.

En el fin de semana pasado se realizó un importante seminario sobre el futuro del Distrito. Con la asistencia de destacados expositores del Banco Mundial y del gobierno nacional se revisó la situación del Distrito Capital y se analizaron las perspectivas que le espera a la Administración que comienza el próximo primero de junio.

Por lo visto en el seminario, a la ciudad no le fue muy bien en los dos últimos años. Los compromisos con el Banco Mundial no se cumplieron lo que tuvo como consecuencia la cancelación del segundo Proyecto de Distribución de la Empresa de Energía de Bogotá. El Proyecto Bogotá IV de gran importancia para la Empresa de Acueducto de Bogotá presenta considerables retrasos y muy probablemente será cancelado dentro de muy poco tiempo.

Dos proyectos de gran importancia para la ciudad cuyo trámite se encontraba bastante adelantado al comienzo de la Administración Caicedo Ferrer se encuentran en el limbo burocrático. El Proyecto de transporte urbano ya evaluado por el Banco Mundial no ha podido ser llevado a la aprobación del Directorio por falta de compromisos serios sobre el manejo de las finanzas bogotanas. El Proyecto Bogotá V sometido a la consideración del Banco Mundial no ha podido avanzar por la postración financiera en que se encuentra la Empresa de Acueducto y Alcantarillado.

Los indicadores de eficiencia de las Empresas de Energía y Acueducto son muy pobres. Los costos laborales de las empresas no solo son altos sino que además han continuado creciendo en el pasado reciente. La oligarquía sindical del Distrito ha montado su propio programa de bienestar. Los sobrecostos laborales superan los gastos sociales del Distrito.

La deuda del Distrito ha venido creciendo vertiginosamente. Los plazos con los que se ha contratado la deuda distrital son tan cortos que más de la mitad de los nuevos créditos deben ser contratados para amortizar créditos anteriores. El Distrito Capital en los dos últimos años parece estar enviciado con la contratación de deudas. En el pasado la deuda se contrató para poder financiar la inversión necesaria para asegurar la prestación de los servicios a cargo del Distrito. En 1991 fue necesario incurrir en endeudamiento para poder cubrir los pagos corrientes pues los ingresos resultaron insuficientes.

Los casos de Nueva York y Ciudad de México se mencionaron durante el seminario como posibilidades de lo que puede pasar cuando las ciudades pierden el control absoluto de sus finanzas. Para salir de su crisis las dos ciudades mencionadas tuvieron que pedir ayuda al gobierno central. Como bien lo dijo William Dillinger del Banco Mundial.  "En ambos casos, la ayuda del gobierno central tuvo un costo altísimo. La ayuda del gobierno norteamericano dependió de lograr un presupuesto balanceado en tres años. Esto requirió una cirugía radical tanto desde el lado de gasto como del lado impositivo. Para reducir el gasto fue necesario despedir  25.000 funcionarios, revocar un aumento salarial del 6%, y congelar por cinco años los programas de construcción de vivienda. Para aumentar los ingresos, el gobierno debió aumentar 200 millones de dólares de impuestos, incrementar las tarifas del metro y de los buses y fijar matrículas en una universidad que tradicionalmente había sido gratis. México, de manera similar, se vio forzado a aumentar dramáticamente sus impuestos y tarifas, esto incluyó el impuesto predial, las placas de los vehículos, arriendos, tarifas de acueducto, y del metro. México redujo sus gastos en una tercera parte, principalmente mediante una reducción drástica de la inversión."

Si uno considera, con el expositor, que la peor consecuencia de la crisis, se da en el largo plazo con la pérdida de autonomía en el manejo de la ciudad no puede menos de pensar que es necesario evitar a toda costa que Bogotá entre en una crisis financiera. El triste ejemplo de la pérdida de autonomía de la Empresa de Energía al suscribir un convenio con la FEN nos debe alertar sobre la posibilidad de quedar sometidos a unos compromisos dolorosos impuestos, unilateralmente, por otros niveles de la Administración Pública.


Para evitar que Bogotá pierda la autonomía que le confiere la nueva Constitución es necesario retornar a una disciplina fiscal estricta. El Alcalde debe tomar las riendas de toda la ciudad. En especial debe ejercer un control sobre el proceso de inversión de las grandes empresas. El Alcalde, con un grupo selecto de asesores, tiene que asumir la responsabilidad de fijar topes en la inversión que puedan ejecutar las Empresas de Servicios Públicos. Los gastos de inversión de gastos deben ser congruentes tanto con la capacidad fiscal de la ciudad como con las metas macroeconómicas del gobierno central. Las decisiones sobre los proyectos de ampliación más atractivos tienen que ser tomadas por el Alcalde y su grupo de asesores buscando siempre los proyectos con las más altas rentabilidades económica y social. Esta dura labor de autocontrol, sin lugar a dudas, es preferible a entregar la autonomía del Distrito al gobierno nacional a cambio de una ayuda financiera solicitada en momentos de crisis en los que no existe capacidad negociadora alguna.

lunes, 18 de mayo de 1992

Apagando el incendio con Gasolina

Las medidas adoptadas por el Gobierno en cuanto a la tasa de interés no sólo reactivarán la inflación, sino que además acelerará la revaluación, lo que llevará a la quiebra a muchos exportadores.

La Junta Directiva del Banco de la República se ha venido preocupando por las tasas de interés. Algunos miembros de la Junta se han mostrado partidarios de establecer a la brava las tasas de interés que cobran los bancos a los usuarios del crédito. Otros, por el contrario consideran que la mejor manera de intervenir es a través del mercado.

Sin lugar a dudas este tema es importante, ya que el margen de intermediación debe disminuir para que Colombia pueda competir en los mercados internacionales. No es posible que el empresario Colombiano compita ventajosamente cuando tiene que pagar estos altos márgenes. Mientras no se reduzcan los márgenes de intermediación, el endeudarse con el exterior va a seguir siendo atractivo, para un nivel dado de tasas de interés de captación.

Lo que no parece muy claro es que se hayan reducido las tasas de interés a niveles tan bajos. Hoy en día se tienen unas tasas de interés reales negativas. La existencia de estas tasas negativas indudablemente son ventajosas en la medida en que incentivan la inversión. Por otra parte, tiene unos efectos muy nocivos que han venido siendo objeto de análisis. Estas tasas de interés pueden dar lugar a una disminución en el ahorro.

La influencia de la tasa de interés en el ahorro mismo es algo que ha sido objeto de intensas discusiones; la evidencia empírica muestra que hay pocos efectos al existir dos fuerzas opuestas.
Este análisis que es válido para condiciones normales, en donde se tiene tasas de interés reales positivas, deja de serlo cuando tenemos una situación como la presente, con tasas de interés por debajo del nivel de inflación.

Cuando el sistema financiero deja de proteger a los ahorradores de las consecuencias de la inflación, la solución obvia es protegerse con los mismos bienes. En lugar de hacer un depósito a término, se vuelve atractivo comprar anticipadamente materias primas cuyo precio se espera que va a subir.  Estas tasas de interés tan bajas, al desplazar los recursos hacia la compra de bienes, indudablemente tienen efectos inflacionarios importantes. La baja de las tasas de interés se convierte entonces en combustible para el crecimiento inflacionario. En consecuencia, el lograr unas tasas más bajas para disminuir la entrada de divisas, cuando llega a extremos de tener tasas de interés por debajo de la inflación,  se convierte en un factor perturbador de la estabilidad de precios.

Estos efectos pueden llegar a ser muy graves cuando hay desequilibrios cambiarios. El trabajo pionero de Musalem sobre Dinero, Inflación y Balanza de Pagos nos muestra como es la dinámica cuando los agentes perciben que existe un desequilibrio en el frente cambiario.

Al pasarse los agentes económicos de la posesión de dinero a la de bienes, porque el retorno en el sector financiero es inferior al que se obtiene en la compra anticipada de bienes, se genera un exceso de demanda de bienes que no sólo contribuye a un aumento de la inflación, sino que acelera el ajuste cambiario, pues los agentes económicos prefieren comprar los bienes que van a experimentar un aumento mayor.

Como lo mostró Musalem, cuando se espera que va a haber una devaluación, el exceso de demanda se canaliza hacia los bienes importados, cuyo precio se espera que va a subir más rápidamente que el los bienes producidos en el país. Este desplazamiento hacia los bienes importados obviamente genera un aumento en la demanda de dólares, lo cual tiene como efecto una aceleración de la devaluación que se había previsto.

La política de las tasas de interés por debajo de la inflación nos ha devuelto a la situación analizada por Musalem. La protección que ya no se puede lograr con el sistema financiero, se puede obtener con la compra anticipada de bienes. En este caso los agentes estarán interesados en adquirir los bienes cuyo precio va a aumentar más rápidamente.

En este caso, cuando existen unas claras expectativas de revaluación, la demanda no se canalizará a los bienes importados, ni tampoco aumentarán la demanda de dólares.  Lo que se obtendrá será un aumento en la demanda de bienes domésticos como la vivienda y la tierra. Esta canalización hacia los bienes no transables tendrá como consecuencia un aumento en la demanda de pesos, lo que hará que la revaluación prevista se acelere más.


En resumidas cuentas las medidas del gobierno en el frente de las tasas de interés, cuando existe un ambiente de expectativas de revaluación van a resultar nefastas. No sólo se reactivará la inflación, sino que además la revaluación se acelerará, lo que llevará a la quiebra a muchos exportadores.

lunes, 11 de mayo de 1992

La Privatización de la ayuda a las Instituciones meritorias

Para lograr una mejor asignación de recursos y disminuir el costo del manejo de las instituciones sin ánimo de lucro es necesario diseñar unos incentivos adecuados.

En estos días se ha venido comentando las dificultades que han venido pasando las instituciones sin ánimo de lucro. Algunas de estas instituciones están prácticamente paralizadas, debido a que los auxilios no han podido ser girados pues no hay ningún funcionario que se atreva a enfrentarse a una posible demanda.

Los abogados han venido proponiendo una serie de medidas que permitan resolver el problema jurídico que se presentó por el cambio en la Constitución. Indudablemente, es necesario que el Congreso defina la situación legal de los auxilios y que llene el vacío dejado en muchas materias. Las Corporaciones Regionales, por ejemplo, han quedado sin fuentes de recursos porque la constitución asignó a los municipios los impuestos sobre la propiedad raíz.

Para un economista el problema creado por los auxilios tiene una solución diferente. El problema de la mala destinación de ellos es simplemente un caso típico de un abuso de la posición de monopolio. Los auxilios son mal utilizados porque no están reflejando las preferencias de los consumidores, sino más bien las preferencias de unos privilegiados, a quienes se les concedió el monopolio de la decisión del destino de estos.

La triste realidad es que las preferencias de los que asignaban el gasto, casi nunca coincidían con las preferencias de los que ponían el dinero o sea los contribuyentes. Por lo menos en mi caso si me preguntaran que haría con mis impuestos, nunca se me hubiera ocurrido gastar mi dinero en beneficio de todos los proyectos en los que fueron gastados.

El ponerle una cortapisa legal es muy probable que sirva para que en el futuro los auxilios tengan una mejor utilización. Sin embargo, el problema persistirá. El encargado de las decisiones siempre tendrá en cuenta sus preferencias, y no los de la comunidad. El querer poner demasiadas condiciones a la utilización de los auxilios conducirá a una situación en que muchas de las instituciones meritorias, como los hospitales, no gocen de auxilios suficientes porque incumplen con alguno de los requisitos.

Adicionalmente, el exceso de regulación tiene un costo muy grande para la sociedad, pues el costo de administrar estos auxilios puede llegar a representar una fracción considerable del valor total. El neto que le queda a la institución, después de haber incurrido en altos costos en la tramitación, puede llegar a ser muy pequeño. Los administradores van a dedicar todo el tiempo a cumplir con una serie infinita de requisitos, y por lo tanto no podrán cumplir con sus labores de dirección.

Para lograr una mejor asignación de recursos y disminuir el costo del manejo de las instituciones sin ánimo de lucro es necesario inyectar incentivos adecuados. El administrador debe concentrarse en prestar un buen servicio y el contribuyente debe expresar sus preferencias sobre las obras en las que se debe gastar el dinero. Una manera de lograr esto es haciendo que sea más atractivo el apoyar las instituciones meritorias. Si el ciudadano tuviera un buen incentivo tributario para apoyar la institución meritoria de sus preferencias, se podría lograr que las instituciones se dedicarán a conseguir el apoyo de los contribuyentes probablemente buscando prestar un buen servicio.


Muchos podrían pensar que esta propuesta puede no tener validez, porque algunas instituciones no podrían contar con el apoyo suficiente, a pesar de un gran esfuerzo por despertar la solidaridad ciudadana. La respuesta a esta objeción sería que si se logra demostrar que dicha institución realmente debe existir, requería contar con un apoyo explícito del gobierno. Si se piensa que una entidad particular podría realizar más eficientemente la gestión, que una oficial, sería necesario realizar un contrato de administración con la entidad sin ánimo de lucro. El pago a este servicio debería reflejar el servicio prestado y no únicamente, un reconocimiento de los costos incurridos.

lunes, 4 de mayo de 1992

Buenas noches y muchas gracias

La buena noticia de poder contar con una oferta abundante de gas propano viene, acompañada de la mala noticia de que esto le va a implicar al sufrido consumidor, un aumento de casi el ciento por ciento sobre su factura mensual.

El presidente Gaviria se dirigió a los colombianos el miércoles de la semana pasada. En su discurso el Presidente señala una serie de posibles causas del cruel apagón que hemos estado padeciendo desde las últimas elecciones. El miércoles, por primera vez, se hizo un pronunciamiento enjuiciando la política de precios de los energéticos.

Estoy totalmente de acuerdo con el presidente cuando afirma que "Otro de los problemas es el de la estructura tarifaria". Desde hace bastante tiempo he venido sosteniendo que uno de los mayores problema del sector tiene que ver con las grandes distorsiones vigentes en el precio de los energéticos. La fijación de precios se ha hecho en buena parte con ánimo fiscalista tratando de generar no más energía sino, más bien, más recursos para las empresas.

Está política ha sido totalmente equivocada. Cuando se han elevado las tarifas por encima de su nivel de equilibrio lo único que se ha logrado es generar unos excedentes de oferta que han tenido como consecuencia el sobre-dimensionamiento. Por otra parte, los precios bajos han tenido como consecuencia un exceso de demanda y una reducción de la oferta. Los excesos de demanda o sobre-dimensionamientos son simplemente otro nombre para precios altos en el sector energético y los racionamientos no son sino la consecuencia elemental de los precios bajos de los energéticos.

La estructura diseñada por sucesivas Juntas de Tarifas para el sector eléctrico ha llevado a situaciones muy graves. Los problemas existentes son muy bien descritos por el Señor Presidente en su discurso. "Hay muchas empresas de carácter industrial y de carácter comercial que están pagando muy por encima de sus costos, que están empezando a autogenerar, que se están empezando a salir del sistema y que el sistema eléctrico va a quedar eventualmente con los usuarios que no tienen capacidad de pago y que se van a salir los usuarios que si tienen capacidad."

El racionamiento eléctrico se debe no solo a fallas en el sector eléctrico sino que en buena parte es el resultado natural del exceso de demanda creado por unos precios bajos de todos los energéticos. Como se muestra en el documento Conpes 2571 del pasado 18 de diciembre, "En Colombia los precios de los energéticos tienen una estructura inadecuada. Exceptuando el carbón, todos los energéticos tienen un precio de venta inferior a su costo económico, lo cual supone subsidios al consumidor."

La masificación del consumo del gas que nos promete el Presidente como una de las soluciones del racionamiento de 1993 y que en sus palabras "nos permitirá cambiar la composición de las fuentes de energía, tener más energía de origen térmico y no tener ese recargo tan grande de energía hidroeléctrica que hace vulnerable todo el sistema en tiempos de sequía" depende en buena parte de "llevar a precios internacionales el gas propano, que es un material que tiene que importar el país."

El documento CONPES mencionado, que entre otras, se ha hecho famoso por sostener la existencia de 2000 Mw en capacidad excedentaria eléctrica, tres meses antes de la iniciación del más salvaje racionamiento de la historia reciente, muestra un cuadro impresionante sobre estas distorsiones en el precio de los energéticos.

La energía eléctrica por la cual estaríamos a dispuestos a pagar mucho más de su costo económico de 750 dólares por tonelada equivalente de petróleo (TEP) tiene un precio apenas de 504.8 dólares y los afortunados que gozan sin ninguna justificación del no racionamiento están recibiendo, además, un subsidio del 32.7 porciento. Esto quiere decir que los privilegiados industriales y algunas entidades oficiales que tienen su oferta garantizada reciben de los sufridos consumidores la tercera parte del valor de su cuenta eléctrica.

El presidente ha informado que quiere aumentar la oferta de gas propano y gas natural. La buena noticia de poder contar con una oferta abundante de gas propano viene acompañada de la mala noticia de que esto le va a implicar al sufrido consumidor un aumento de casi el ciento por ciento, 92 por ciento para ser más precisos, sobre su factura mensual de gas propano. Para llevar el gas natural a su precio económico de 183.7 dólares por TEP el consumidor tendrá que pagar un aumento, módico, del 69 por ciento. Sin embargo, a los usuarios del gas natural, como los de Ciudad Salitre, les va a quedar el consuelo de que su cuenta energética va a ser la más baja pues según el documento del DNP es el energético diferente al carbón con el menor valor económico.

Las cifras del tan mencionado documento CONPES están mostrando algo bien interesante. La energía eléctrica tiene un costo económico de 750 dólares mientras que el carbón tiene un costo de 24.8 dólares. Si esto fuera cierto, querría decir que el negocio más grande para el país es transformar el carbón en energía eléctrica y que por lo tanto la mejor inversión es hacer plantas termoeléctricas.