lunes, 30 de enero de 1995

El extraño mundo del Doctor Castro Caicedo

Las Empresas de Servicio Público tienen obligación legal de mantener tarifas que cubran todos sus costos.

Los gerentes de las empresas de servicios públicos tienen en Colombia muy mala imagen. Para el común de la gente, todos los que llegan a esta posición debido a la influencia política y solo buscan el enriquecimiento rápido por medios poco santos. Comer carne de gerente se ha vuelto la manera segura de aparecer en la televisión y los medios de comunicación masiva. Los contralores, procuradores, personeros y fiscales apelan a los juicios a los gerentes en los medios de comunicación cuando sus asesores de imagen encuentran que sus jefes no están apareciendo en los titulares de la prensa.

Como solo ocurre en Colombia, el seguimiento del cumplimiento del pacto social se ha convertido en noticia de primera plana. El Señor Superintendente de Servicios Públicos, siguiendo la costumbre de comer gerente por lo menos una vez al mes, ha aprovechado el interés que ha despertado en los medios de comunicación el cumplimiento de la famosa meta del 18 por ciento y ha declarado a los enviados especiales de los noticieros y demás medios de comunicación oficialistas que no le temblará la mano para destituir a los gerentes que no cumplan con la meta del 18 por ciento.

Esta desafortunada intervención del Superintendente en contra de los gerentes de las empresas de servicios públicos no solo contribuye a deteriorar una vez más la imagen de un segmento de funcionarios que han tenido que soportar pacientemente agravios infundados sino que va en contra de la misma ley que crea la superintendencia de Servicios Públicos.


En efecto, si uno lee con cuidado la ley que reglamenta los Servicios Públicos en Colombia, es una obligación de las empresas fijar tarifas orientadas por los criterios de eficiencia económica, neutralidad, solidaridad, redistribución, suficiencia financiera, simplicidad y transparencia. Para evitar una posible mala interpretación sobre lo que se entiende por suficiencia financiera, la ley manifiesta que se logra la suficiencia financiera cuando las fórmulas de tarifas garantizan la recuperación de los costos y gastos propios de operación incluyendo la expansión, la reposición y el mantenimiento permitiendo remunerar el patrimonio de los accionistas en la misma forma en la que lo habría remunerado una empresa eficiente en un sector de riesgo comparable y permitiendo utilizar las tecnologías y sistemas administrativos que garanticen la mejor calidad, continuidad y seguridad a sus usuarios. Para no dejar dudas sobre la importancia de la suficiencia financiera, la misma ley afirma que los criterios de eficiencia y suficiencia financiera tendrán prioridad en la definición del régimen tarifario.


Para los legisladores el contar con tarifas de servicios públicos  que cubran todos sus costos es tan importante que expresamente se reconoce como una práctica discriminatoria abusiva y restrictiva el fijar tarifas que no cubran todos los costos. En el Artículo 34 el legislador muy sabiamente expresa que "se consideran restricciones indebidas a la competencia, entre otras, el cobro de tarifas que no cubran los gastos de operación de un servicio, la prestación gratuita o a precios o tarifas inferiores al costo de servicios adicionales a los que contempla la tarifa."

Teniendo en cuenta los anteriores argumentos, se puede afirmar que  El Pacto Social apenas refleja el interés de gobierno por bajar la inflación y de ninguna manera puede estar por encima de una norma de carácter superior. Si hubiera lógica el anuncio del Superintendente de Servicios Públicos debería haber sido diferente. Debería haber anunciado que estaría dispuesto a intervenir las Empresas que por cumplir con las metas del pacto social pusieran en peligro su suficiencia financiera. Más aún, debería haber anunciado que estaría  dispuesto a renunciar a su puesto si el Ministro de Desarrollo o el Presidente de la República quisieran poner en peligro la suficiencia financiera de las empresas de servicio público por cumplir con su meta del 18 por ciento.


También debe quedar claro que el tratamiento dado al cumplimiento del 18 por ciento por parte de los medios de comunicación debe cambiar. No podemos pensar que en materia tan compleja de precios y tarifas la situación es tan clara como para poder clasificar a todo el mundo como bueno si cumple con el pacto social o malo si no lo cumple.

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