lunes, 24 de abril de 1995

Las Rudi verdades sobre el salto social

Según la opinión del hoy consejero del BID, el plan de desarrollo tiene serias amenazas en cuanto a su financiación

El ex ministro de Hacienda Rudolf Hommes en su reciente visita al país hizo un comentario interesante relacionado con la financiación del plan de desarrollo del gobierno Samper. Según la opinión del hoy consejero del BID, el plan de desarrollo tiene serias amenazas en su financiación debidas a dos causas principales. La factibilidad de lograr los recursos que permitan una financiación sana del Salto Social reposan en las premisas de poder lograr aumentar la participación en el PIB del gasto del gobierno y en que es posible convencer al sector privado de que financie la inversión en infraestructura.

Con su habitual malicia, el doctor Hommes comentó que en su opinión el país no va a aceptar que se le aumenten los gastos del gobierno cuatro puntos del PIB por un periodo presidencial. Según la opinión del antecesor del doctor Perry, el haber logrado un aumento en la participación del gobierno durante la administración Gaviria va a hacer muy difícil que esta administración consiga que el público acepte un aumento en sus tributos. Este argumento tan válido podría resumirse en el famoso dicho popular que al perro no lo pueden operar dos veces. Si el gobierno anterior resultó más samperista que Samper, incrementando considerablemente la participación del gobierno, el nuevo gobierno tiene que darse cuenta que el palo no está para cucharas y que por tanto sus promesas como los deseos expresados en el Salto Social.

Si la primera premisa en que se basa la financiación sana del plan de desarrollo puede llegar a no ocurrir, la segunda, o sea la facilidad y conveniencia de disminuir la inversión del gobierno en infraestructura para aumentar la inversión social del gobierno, cada día se vuelve más incierta. Los recientes desarrollos en la financiación de los sectores de energía y transporte están mostrando que el sector privado no está interesado en participar en la financiación de estos proyectos bajo las reglas de juego imperantes en este momento.

El efecto tequila ha sido devastador en la financiación de la infraestructura. Los aumentos en las tasas de interés a la que los bancos privados están dispuestos a prestarles a los inversionistas en proyectos de infraestructura han puesto en stand-by los contratos que se habían adjudicado. La imposibilidad legal de considerar cambios en las condiciones financieras de los proyectos ha hecho que muchos de ellos tengan que ser sepultados. La incertidumbre creada por el Pacto Social sobre las tarifas de las empresas de servicio público ha contribuido a la parálisis de otros cuantos. La esperanza de que el sector privado pudiera financiar el desarrollo de la infraestructura ha quedado frustrada. Pretender que es posible transferirle riesgos tan grandes, como la financiación y gestión de los proyectos al sector privado no ha resultado tan fácil como se esperaba.

Más aún, la experiencia parece mostrar que los criterios simplistas de transferir al sector privado los riesgos es una política equivocada. Hasta los economistas de Chicago reconocen que un papel importante del sector público es asumir, mediante diversificación de su portafolio, una cartera de proyectos que minimicen el riesgo de grandes pérdidas. Esta función de diversificación de riesgos es tal vez una de las pocas razones válidas para aceptar la propiedad pública de las empresas de las empresas de servicio público en situaciones en que el mercado de capitales no es amplio. El gobierno se convierte en estas circunstancias de poco desarrollo financiero en un intermediario entre el capital extranjero y el capital local. Los prestamistas que no están interesados en prestarle al sector privado aceptan, gustosos, o bien la garantía de la Nación o al Estado como un intermediario de segundo piso al que le prestan para que éste a través del sector privado le preste al sector público.

Si aceptamos que en este momento reducir la inversión pública en infraestructura parece poco viable con mayor razón deberíamos aceptar que querer aumentar rápidamente el gasto social puede ser una gran irresponsabilidad. Si el gobierno tiene dificultades en manejar la inversión en infraestructura cuando existe una larga tradición de consultoría y ejecución de obras públicas por parte del sector privado, qué diríamos de manejar los proyectos de inversión social cuando no sólo no existe un sector privado con conocimientos adecuados sino que tampoco hay un consenso sobre lo que se debe hacer. En el campo social suele ocurrir que si uno le pregunta a un determinado número de expertos en el tema sobre la política a seguir, termina con más soluciones que entrevistados. Como bien lo decía Winston Churchill, si uno le consulta a cuatro economistas famosos puede recibir cinco soluciones que en el caso político británico, dos de ellas eran propuestas por Lord Keynes.

Lo ocurrido en los primeros nueve meses del gobierno Samper, ministerios del sector social totalmente a la deriva con sus directivos dando palos de ciego, es un mal presagio para un gasto eficiente de los recursos que se le puedan transferir. El Presidente, tan agobiado de problemas, debería sacar un tiempo para darle un vuelco total a las entidades del sector social. 

No hay comentarios:

Publicar un comentario en la entrada