miércoles, 30 de julio de 1997

Absurdos económicos

El Ministerio de Comunicaciones adjudicó en días pasados cien emisoras de frecuencia modulada. Al presentarse algunas fallas en el proceso licitatorio, el Ministro tuvo que hacer la selección de los beneficiados. Sin entrar a analizar los posibles efectos que tiene una asignación a dedo sobre la libertad de expresión es conveniente analizar este tipo de procesos desde el punto de vista económico.

Como lo enseñan los libros de textos, la economía “es el estudio de la manera en que  la sociedad decide utilizar los recursos productivos escasos que pueden utilizarse con distintos fines para producir mercancías de diferentes tipos y distribuirlas entre los diferentes grupos”, y por lo tanto la decisión de asignar un bien escaso como las estaciones de F M es de la esencia misma de la ciencia económica. Los libros de texto nos enseñan, también, que el mercado a través del sistema de precios asigna los recursos de la sociedad de manera óptima. Mediante el sistema de mercado los bienes escasos quedan en manos de los que están dispuestos a pagar más por ellos obteniéndose una solución eficiente en la que no es posible mejorar a alguien sin desmejorar a otra persona. 

La recomendación obvia de un economista para la asignación de las estaciones de frecuencia modulada no puede ser más sencilla. Hacer una subasta entre los interesados para determinar quien está dispuesto a pagar más por las emisoras y asignárselas a estos considerando que los que pujen más por las emisoras serán aquellos que posean los mayores talentos para su operación. Ningún economista que se respete se atreverá a pensar que un Ministerio tenga mejor criterio que el mercado y por lo tanto descartará de plano una adjudicación a dedo como la que operó en el caso colombiano. 

La asignación a dedo de las emisoras de frecuencia modulada no solo es ineficiente sino que resulta en grandes injusticias. El cobrar un precio por debajo del valor es un subsidio implícito, por tanto el regalarle las emisoras a destacados periodistas no es otra cosa que un subsidio de monumentales proporciones. Si aceptamos lo dicho por el periódico El Tiempo, el valor comercial de la licencia para una emisora en Bogotá es un millón y medio de dólares y por lo tanto los favorecidos en la adjudicación han recibido un subsidio equivalente a casi nueve mil salarios mínimos mensuales. Por una decisión administrativa, los afortunados adjudicatarios recibieron en un momento lo que una familia obrera se gana en 365 años.

A nadie escapa que un programa de subsidios de esta magnitud sería altamente cuestionable en cualquier parte, aún si se hiciera al azar. Pero darle el subsidio a los mayores grupos económicos  del país para agravar la pésima distribución del ingreso es una grave afrenta a la sociedad colombiana.  Pero más aún, en circunstancias como las actuales en las que se habla de una inminente crisis fiscal, andar regalando los activos de nación al mismo tiempo que se están aumentando los impuestos es el síntoma más claro de la falta de sindéresis de un gobierno. 

Como al que no quiere caldo se le dan dos tazas, al pobre colombiano se le ofrece más de lo mismo. El gobierno ha vuelto a abrir una nueva licitación para asignar 81 nuevas emisoras de FM. Otra vez se cae en el error de otorgar un recurso valioso a unos pocos afortunados a quienes se les va a dar un subsidio monumental, otra vez se continúa con el proceso de concentración en el ingreso y se fortalece el poder de los grandes grupos económicos dándoles mas poder en los medios de comunicación. 

Más aún, al pasar la ley Daniels la revisión de constitucionalidad el reparto del estado se ha ampliado a los canales públicos. Los noticieros de televisión, otro recurso escaso se adjudicarán a dedo y servirán para pagar los favores recibidos por el ejecutivo. Los periodistas amigos del régimen obtendrán su jubilación que les permitirá gozar de los placeres de la buena mesa en el dorado exilio que comenzará el ocho de agosto de 1998. 

La repartición de los bienes del estado entre los favoritos de un régimen debería eliminarse. Las leyes deberían incorporar como único medio de asignación de los recursos escasos una verdadera subasta entre los interesados. El ordenamiento legal debería, además, dejar muy claro que los que han pagado por el derecho a utilizar los bienes del estado tienen un derecho que no puede ser conculcado por una ley. Si nuestro ordenamiento legal no es claro en lo que se refiere al respeto de los contratos la posibilidad de contar con inversión extranjera es mínima. Si Colombia no moderniza sus instituciones  y las pone a tono con las de los  países industrializados, el despegue hacia el crecimiento se demorará indefinidamente.

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