lunes, 19 de febrero de 1996

El cura lo predica pero no se lo aplica

La preferencia por los pobres sobre los ricos no se debe buscar en los discursos sino en las acciones.

En los últimos días hemos apreciado un recrudecimiento de los conflictos sociales en Colombia. Por una parte, se ha tratado de satanizar todo lo que huela a neoliberalismo buscando inculpar a las políticas de apertura de un notable deterioro de los indicadores de distribución del ingreso. Basados en información fragmentaria sobre algunos indicadores de bienestar de la población se pretende no solo inculpar a los gobiernos anteriores como los causantes de todos los problemas, sino que además en un acto de inusitado optimismo se quiere hacer creer que el presente gobierno va a lograr en muy corto tiempo la redención social de los colombianos pobres.

Pensar que el desarrollo de un país y la eliminación de la pobreza puede hacerse en un período presidencial es una gran equivocación. La eliminación de la pobreza es el fruto de un proceso continuado y requiere de esfuerzos continuos independientes del gobierno de turno. Los países que logran salir de la pobreza han persistido en políticas coherentes frutos de un consenso social. Los cambios en los gobernantes apenas afectan algunos de los matices de la lucha contra la pobreza sin que impliquen cambios violentos en la dirección de la política económica.


En el caso colombiano desde hace mucho tiempo los dos partidos tradicionales han logrado un consenso en lo referente a la política social. Desde hace mucho tiempo se ha buscado ampliar la base de los hogares que sean propietarios de su propia vivienda. Después de algún tiempo los contradictores de la política de vivienda diseñada por el Profesor Currie y puesta en marcha durante la Administración del Presidente Pastrana han llegado a convencerse de la importancia de contar con un instrumento de financiación como el UPAC que ha permitido ampliar la base de propietarios de vivienda y que ha impulsado el crecimiento de la economía colombiana en los últimos veinticinco años.


La ampliación de la cobertura de los servicios públicos especialmente el de agua potable ha estado contemplada en todos los planes de gobierno. Los grandes avances en la cobertura de los servicios públicos y la importancia de lograr una financiación sana a través de unas tarifas costeables han entrado a formar parte del consenso nacional. Los populistas de ayer que quemaban las fotocopias de los recibos a la entrada de las empresas de servicio público aceptan que se cobre el costo de prestación de los servicios a todos prefiriendo subsidiar, eso si, a aquellos que no pueden pagar el costo total de los servicios.


La importancia de apoyar los esfuerzos educativos y de capacitación son reconocidos por todos los partidos en sus distintas vertientes. Hoy en día se acepta que para lograr erradicar la pobreza lo primero es lograr ampliar la cobertura de la educación primaria y secundaria. Mientras no logremos preparar a la gente, los esfuerzos para satisfacer las necesidades básicas de los más pobres tendrán que continuar siendo realizados por el gobierno y dando ocasión a un clientelismo que degrada al pobre y fomenta la corrupción.


Los ejemplos anteriores nos muestran que en Colombia hace tiempo todos los gobiernos han tenido una perspectiva social similar y que ningún partido ni movimiento se puede declarar como el único poseedor del sentimiento social. Las promesas de los partidos son tan similares que lo que debe contar son los resultados reales. La preferencia por los pobres sobre los ricos no se debe buscar en los discursos sino en las acciones. Los debates abstractos sobre la equidad de un aumento en el IVA deben ser complementados por los análisis detallados de los beneficiarios de las reformas tributarias. De especial importancia en estas circunstancias en las que se discute la financiación de las campañas es lograr hacer claridad sobre las denuncias de destacados economistas de un tratamiento favorable a los conglomerados económicos.


Los cambios en el tratamiento del impuesto a la cerveza deben ser investigados y aclarados ante la opinión pública. El Gobierno debe sacar un tiempito para explicarle al país algunos puntos muy importantes. El primero, cuál es la razón económica de cambiar la base del impuesto del precio total del servicio a considerar un impuesto solo sobre el líquido. En segundo lugar debe explicar porque el beneficio tributario debe quedar en el productor y no en el consumidor. Lo más equitativo pareciera que el alivio tributario quedará en manos de los obreros y campesinos que se toman sus polas en los fines de semana y no en el de un grupo económico que es reconocido como el más poderoso de Colombia. Un gobierno que tiene una retórica tan orientada a los pobres debería obligar a los productores a rebajar el precio final de la cerveza de tal manera que la rebaja de impuestos le llegue al consumidor final.


Un gobierno que se ha declarado como el paladín de los oprimidos no debería dejar pasar la oportunidad de lograr que el alivio fiscal llegue al bolsillo de los más pobres. No puede permitir que lo tachen de Hood Robin o sea aquel personaje que le quita a los pobres para darle a los ricos.


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