La financiación de la infraestructura vial

Como resultado del poco conocimiento del transporte en Colombia las propuestas hechas en el campo de la financiación de la infraestructura de transporte no han resultado muy afortunadas.

El transporte es un sector poco atractivo para los investigadores.  El conocimiento sobre el sector transporte surge, en buena parte, de una serie de estudios realizados muy ocasionales para fijar las bases para los planes de transporte. A diferencia de otros sectores como el industrial que cuenta con una serie de estadísticas periódicas de muy buena calidad, la información sobre el transporte que se publica regularmente es muy poco profunda y por lo tanto resulta insuficiente para hacer un diagnostico acertado de la marcha del sector.

La carencia de estadísticas serias sobre el transporte hace que los estudios sobre el sector que se realizan muy de vez cuando terminen convertidos en operaciones masivas de procesamiento de información con la grave consecuencia de limitar a un mínimo el tiempo necesario para el diagnostico analítico y la formulación y evaluación de planes y proyectos.  Este proceso de investigación concentrado en unas fechas unido al cambio de las firmas encargados de ejecutar los estudios ha obligado a los consultores especializados a buscar una diversificación hacia otras áreas y ha impedido la acumulación seria de conocimientos sobre el tema del transporte.

Como resultado de lo anterior, las propuestas hechas en el campo de la financiación de la infraestructura de transporte no han resultado muy afortunadas.  Los esquemas de concesión no han logrado despegar no solo por dificultades de información en cuanto a los costos y beneficios de los proyectos sino también por dificultades financieras del gobierno.  Ante los recortes presupuestales necesarios para lograr un equilibrio fiscal surgen propuestas del Ministerio de Transporte sobre posibles fuentes de financiación para la construcción y el mantenimiento de la infraestructura vial.

En efecto, el Ministro de Transporte esta proponiendo la creación de una sobretasa a la gasolina para el mantenimiento de las vías, dedicando de paso, el cobro del peaje para la construcción de las nuevas.  Como complemento, el Ministro propone reestructurar la contribución por valorización con el fin de lograr captar parte de la plus valía generada por la construcción de las carreteras.

La propuesta parece interesante a simple vista.  Sin embargo, además de tener problemas de carácter constitucional por ir contra de la prohibición de impuestos con destinación especifica, la propuesta tiene serios problemas de carácter técnico.  El daño causado por los vehículos en las carreteras tiene muy poca relación con el consumo de gasolina.  En primer lugar, gran parte del consumo de gasolina se debe al trafico urbano y por lo tanto no afecta para nada el deterioro de las vías a cargo del Ministerio de Transporte.  El establecer una sobretasa a la gasolina equivaldría a una transferencia masiva de recursos de los municipios hacia el gobierno central.

En segundo lugar, el daño que causan los vehículos es proporcional a la potencia cuarta de la carga por eje mientras que el consumo de gasolina varia casi en relación directa con el peso del vehículo y por lo tanto bajo un esquema de sobretasa a la gasolina los vehículos que causan menos daño estarían subsidiando a los que causan más daño.  A la larga se estaría, entonces incentivando el uso de vehículos más pesados lo que tendría como consecuencia la disminución de la vida útil de la infraestructura de transporte.

Pero si esto no fuera suficiente para no recomendar la implantación de una sobretasa a la gasolina, debería notarse que los estudios muestran que los impuestos a la gasolina son de carácter regresivo y por lo tanto los que más van a sufrir en términos relativos con esta sobretasa van a ser los pobres.  El gobierno al estilo de Hood Robin le estaría quitando a los pobres para darle a los ricos.

Finalmente, la propuesta ignora que podría lograr los mismos malos efectos de una manera menos costosa.  En efecto, la base sobre la cual se liquida el impuesto a la gasolina ha tenido durante los últimos 20 años un claro carácter discrecional.  Como la base del impuesto es el costo en la refinería el gobierno decide cual es su valor determinando un precio político para el transporte por oleoducto.  Si quiere que el impuesto no afecte mucho al bolsillo del consumidor aumenta el costo del transporte por oleoducto reduciendo de esta manera la base sobre la cual se cobra el impuesto.  Obviamente, si quiere que el aumento sea mayor no necesita crear una sobretasa sino simplemente disminuir el porcentaje del precio total que se asigne al transporte por oleoducto.

El desmonte de los subsidios a las tarifas de servicios públicos

Al final de cuentas lo único que queda claro de este episodio es que el país esta a la deriva

En medio del debate político, el congreso de la República está estudiando el desmonte de los subsidies a las tarifas de los servicios públicos.  La improvisación con que se tratan temas tan importantes no puede ser más patente.  Como los malos estudiantes los padres de la patria han dejado todo para el último día y ahora se muestran acuciosos para tratar un problema que habían dejado latente en pasadas legislaturas.

En efecto, por mucho tiempo se ha buscado mejorar el esquema tarifario vigente.  El país ha logrado entender después de mucho tiempo que el servicio público que no se presta es el más caro y que las clases menos favorecidas tienen que pagar los costos más elevados por los servicios públicos.  Los hogares de más bajos ingresos tienen que comprar el agua por galones, mientras que el resto de los usuarios lo hacen por metros cúbicos.  Los hogares pobres tiene que cocinar con cocinol con graves peligros para la familia y, además, tiene que someterse a hacer colas interminables para gozar de este combustible.

La adopción de precios políticos ha incidido negativamente en las finanzas de las empresas y ha atentado contra la viabilidad financiera de las mismas, distorsionando de paso la asignación de recursos.  Más aún, la implantación de las sobretasas al comercio, la industria y los usuarios de mayores ingresos ha llevado a un incremento desmedido de las pérdidas negras.

La estructura de las tarifas de los servicios públicos bajo el impulso de un populismo salvaje llegó a ser insostenible.  Durante el gobierno del Presidente Betancur se inició el ajuste de las tarifas de energía.  Por medio de un Decreto se fijaron las tarifas típicas para todo el país y se comenzó el ajuste hacia el patrón nacional.  Los organismos multilaterales de crédito para colaborar en este propósito incluyeron en sus contratos de préstamo una cláusula en la que obligaban a las empresas a adoptar el nuevo esquema tarifario.

La sensatez tarifaria finalmente quedó consagrada en la nueva constitución en la que se establecieron unos lineamientos para el establecimiento de las tarifas de los servicios públicos.  Bajo el nuevo esquema se puso un limite a los subsidies y se trasladó la responsabilidad del pago de los servicios a los gobiernos nacional y local.  En desarrollo del mandato constitucional se definió un esquema regulatorio para los servicios públicos en los que se consagró como uno de los objetivos de las empresas la viabilidad financiera que debía lograrse con unos esquemas tarifarios en los que los subsidios y las sobre tasas deberían estar limitados a unos porcentajes razonables.  Las leyes pusieron también un plazo máximo para la adopción del nuevo esquema tarifario.

Siguiendo la práctica lopista del "chamboneo", la Ley quedó mal hecha.  Los esquemas tarifarios, iguales para todos los servicios, resultaron insuficientes para asegurar la viabilidad financiera de las empresas lo que llevó a un ajuste no solo en la estructura sino también en el nivel de las tarifas.  Las comisiones reguladoras y las empresas prestadoras de servicio emprendieron un proceso de aprendizaje, a marchas forzadas, para poder cumplir con los requerimientos legales.  Los resultados obtenidos al aplicar las normas resultaron muy por encima de los que esperaban los funcionarios de turno.

La crisis política con la posibilidad de hacer una consulta popular para legitimar el mandato del Presidente se convirtió en el elemento necesario para frenar el ajuste de las tarifas de los servicios públicos. Argumentando, cínicamente, que la subida de las tarifas de los servicios públicos haría lo que no han podido hacer las revelaciones de las irregularidades de la campafia presidencial, los parlamentarios gobiernistas entraron a la hora de nona a diferir el ajuste en las tarifas de los servicios públicos.

Sin entrar a discutir la justicia de la medida se debe concluir que el Congreso sigue dando señales equivocadas al público.  En primer lugar, el afán de sacar una ley impide una discusión seria en la que se discutan los posibles efectos negativos de las medidas adoptadas haciendo necesario sus continuos cambios.  En segundo lugar, si todo puede ser cambiado los encargados de poner en funcionamiento los cambios pueden lograr bloquear la medida simplemente demorando su puesta en funcionamiento hasta el último momento.  En tercer lugar, si el gobierno, al igual que muchos padres, no esta dispuesto a cumplir con sus amenazas termina perdiendo la credibilidad.

Al final de cuentas lo único que queda claro de este episodio es que el país esta a la deriva.  El gobierno no tiene una política clara diferente a la de perpetuarse hasta el siete de agosto de 1998.  La posibilidad de entrar en una profunda crisis económica es cada vez más cercana.

El milagro argentino visto por sus creadores

El secreto del éxito alcanzado por el programa de estabilización argentina esta en la noción de convertibilidad.

El Banco Mundial ha publicado recientemente un informe sobre su conferencia anual sobre la economía del desarrollo.  En este se presenta un interesante articulo de Domingo Cavallo y Guillermo Mondino con el titulo de "¿Un Milagro argentino?.  De la hiperinflación al crecimiento sostenido. " En este articulo, los autores, el actual Ministro de Economía de la Argentina y el Director de uno de los principales institutos de investigación de la Argentina, presentan sus puntos de vista sobre los resultados del Plan de Estabilización argentino.

El artículo se concentra en tres grandes temas.  El primero es el del crecimiento de la productividad y la reforma económica.  El segundo el del programa para la erradicación de la hiperinflación y el tercero el del costo social de las reformas.  En cuanto a la relación entre la estabilidad macroeconómica y el crecimiento de la productividad el trabajo explora a través de métodos econométricos la relación existente entre la estabilidad macroeconómica y el crecimiento.  El trabajo confirma el impacto negativo de unas altas tasas de inflación, enormes déficit fiscales y del mal manejo de la tasa de cambio en el crecimiento económico.

Los resultados presentados en el artículo muestran que la variabilidad de la tasa de cambio real y de la tasa de inflación tienen una fuerte incidencia en el crecimiento de la productividad.  Tomando como patrón la experiencia promedio de 50 países durante el periodo 1960-87, los autores encuentran que los resultados de las políticas de estabilización de la economía argentina darían lugar a un crecimiento de la productividad laboral del 4.5 por %. Este valor es considerablemente superior al observado en Argentina durante el período 1975-1990 (-2,8 %) pero inferior al 6,3 % observado en el período 91-94.

La diferencia puede explicarse, según los autores, por otras reformas llevadas a cabo durante el período  por el Ministro de Hacienda Cavallo.  Se destacan especialmente, en el artículo, el haber llevado los precios relativos a patrones internacionales y las reformas del comercio exterior las privatizaciones y la desregulación.  El ajuste en el precio relativo de los bienes de capital ha dado una gran dinámica a la inversión y por lo tanto ha contribuido al crecimiento de la productividad laboral.  Las reformas comerciales y la inserción de la Argentina en el comercio regional no solo ha permitido un comercio libre sino que le ha dado una estabilidad el largo plazo a las reformas comerciales.  La Argentina tiene ahora que comportarse como un socio equilibrado y no puede volver a los excesos en su política comercial y económica de pocas anteriores.

La privatización no solo ha contribuido a subsanar el déficit fiscal sino que ha contribuido a un impulso considerable de la inversión.  La inversión del sector privado en las empresas privatizadas ha llegado a más de la mitad del total de la inversión y se realiza ahora con criterios de eficiencia muy diferentes a los utilizados por los burócratas en el pasado.

El secreto del éxito alcanzado por el programa de estabilización está en la noción de convertibilidad.  Con las reformas emprendidas el peso argentino tiene ahora que competir con el dólar.  En lugar de prohibir las operaciones en dólares como se hizo en Colombia en 1966, el plan de convertibilidad obligó al peso argentino a convertirse en una alternativa eficaz.  En lugar de pensar que cualquier movimiento de la divisa americana era el resultado de una conspiración de fuerzas ocultas el gobierno argentino lo tomó como un indicador de una falta de confianza en las medidas económicas y que señalaban la necesidad de un ajuste.  El éxito en el control de la inflación ha requerido de una política fiscal seria y responsable pues cualquier reforma monetaria o cambiaria sin responsabilidad fiscal tiende a ser efímera.

Finalmente, el artículo, en la parte correspondiente a los costos sociales de la reforma, muestra los principales resultados obtenidos en lo referente al empleo y a la distribución del ingreso.  En el frente laboral el programa ha tenido efectos importantes en lo que se refiere al empleo pues en el periodo 90-94 ha logrado generar 515.000 nuevos empleos urbanos, casi igual a lo prometido en el Salto Social del actual gobierno colombiano.  Sin embargo, el desempleo ha crecido considerablemente debido en buena parte al crecimiento de la fuerza de trabajo en casi un millón trescientos mil.  La evidencia en cuanto a la distribución del ingreso parece mostrar una mejora leve, mientras que los indicadores de alivio de la pobreza son bastante atractivos pues la población por debajo de la línea de pobreza ha bajado del 47,5 por ciento en 1989 a un 19 por ciento.

Después de leer el artículo y aún aceptando que este puede presentar una visión muy particular no queda duda de la importancia de investigar de manera objetiva las experiencias exitosas de otros países para lograr mejorar la política económica colombiana.  En estos tiempos de reflexión es conveniente terminar con una cita del trabajo reseñado.  "La manera de salir del subdesarrollo es creando las condiciones para un rápido crecimiento de la productividad, permitiendo que los beneficios se irradien a toda la sociedad.  La experiencia con la reforma argentina en donde se logró tanto una victoriosa estabilización como un rápido crecimiento dentro de una democracia, debería ser un estudio de caso para los gobiernos reformistas".

Panorama Económico Mundial 1996

El crecimiento económico mundial ha continuado, en promedio, a un ritmo satisfactorio, soportado en parte por un fuerte crecimiento de los países con mercados emergentes

Acaba de salir la publicación anual del Fondo Monetario sobre el "Panorama Económico Mundial" correspondiente a mayo de 1996. Este año se incluyen cinco interesantes capítulos, destacándose el tratamiento de la política fiscal. El primer capítulo trata de las políticas y perspectivas de la economía global mirando tres grupos de países: los industrializados, los países en desarrollo y los antiguos países comunistas, hoy llamados países en transición. En el capitulo dos se presenta la situación económica mundial y las perspectivas de corto plazo en donde se analiza primero la situación de los tres tipos de países mencionados anteriormente y luego se presentan aspectos de la coyuntura mundial en lo que se refiere a  precios, mercados de divisas y financieros y situación del sector externo. Los tres últimos capítulos presentan para cada uno de los grupos de países, principales problemas relacionados con el manejo de la política fiscal.

Debido a las limitaciones naturales de una columna de opinión no es posible considerar todo el material presentado en el informe del Fondo sino que es preferible tratar, por ahora, el primer tema relativo a las políticas y perspectivas a escala global. De acuerdo con el análisis del Fondo, "el crecimiento económico mundial ha continuado, en promedio, a un ritmo satisfactorio, soportando en buena parte por un fuerte crecimiento de los países con mercados emergentes". El crecimiento de 1995 se redujo en parte por una desaceleración de los países de Europa y Norte América que el Fondo considera será de carácter temporal. En efecto, según la publicación señalada se prevé un crecimiento de la economía mundial cercana al cuatro por ciento para 1996 y 1997 que representa un aumento sobre el tres y medio por ciento de 1995.

La publicación del Fondo destaca la gran sensibilidad de los mercados financieros a las preocupaciones sobre desequilibrios económicos y financieros. Para los países que no ejercen un auto control de sus políticas económicas la economía globalizada ha comenzado a ejercer a un gran costo una disciplina de mercado. Sin lugar a dudas, esta disciplina del mercado no le gusta a los gobiernos populistas y por eso añoran las épocas de autarquía en la que los errores de política no tenían una respuesta tan inmediata. Aunque la integración de los mercados financieros puede, en última instancia, proteger al consumidor, es mucho mejor adoptar una política sana que evite los grandes sobrecostos que le infringe a la economía la disciplina del mercado.

A diferencia de lo que se vislumbra para Colombia, para la economía mundial 1996 presenta una serie de signos positivos. Las presiones inflacionarias son moderadas. Las tasas de interés reales son mucho más bajas que las imperantes a comienzos de los ochenta. Los precios de las acciones han continuado en alza. Las tasas de cambio entre las principales monedas han vuelto a niveles compatibles con los elementos estructurales.

Los desequilibrios fiscales, en opinión de los funcionarios del Fondo encargados de la publicación reseñada, pueden afectar negativamente la situación económica mundial. En los países industrializados, los desequilibrios fiscales continúan siendo una fuente de presión alcista en las tasas de interés real, lo que ha tenido como consecuencia un desplazamiento de la inversión del sector privado. Los problemas de la seguridad social y de los sistemas de salud requieren de una urgente reforma para lograr eliminar una fuente importante de desequilibrio fiscal de los países industrializados.

Aunque los países en desarrollo han hecho importantes reformas en el campo fiscal se continúan distrayendo recursos de la actividad productiva privada y se continúa manteniendo una participación en actividades de carácter cuasi fiscal que crean importantes desbalances en el área fiscal. Aunque las economías en transición han hecho importantes reformas en el área fiscal, los desequilibrios siguen siendo causantes de problemas inflacionarios y retrasan innecesariamente la transformación de la actividad económica de estos países.

Finalmente, no sobra resaltar la importancia de este tipo de publicaciones que permiten mirar los acontecimientos mundiales y que dan una buena perspectiva para poder analizar nuestra propia situación. La información y el análisis presentados permiten tener una nueva perspectiva sobre asuntos como si la crisis colombiana es de carácter estructural o si tiene orígenes en la falta de gobernabilidad. Por esta y muchas otras razones, la recomendación para los interesados en la economía colombiana es muy clara: hay que mantenerse informado de lo que pasa en el mundo.

La Privatización de los Teléfonos en Bogotá

Un debate en el que deberían predominar las consideraciones técnicas sobre la conveniencia de las diferentes alternativas se ha transformado por falta de elementos de juicio serios en una discusión de carácter ideológico.

Las Empresas Públicas de Bogotá son, sin lugar a dudas, el patrimonio más preciado de los bogotanos.  Los activos de las tres empresas son superiores al de los principales pos económicos colombianos. El ahorro de varias generaciones de bogotanos está representado en las instalaciones productivas de las tres grandes empresas bogotanas.  El buen manejo de las tres empresas de servicios públicos es la condición necesaria para poder alcanzar un buen nivel de vida en la capital del país.  Por tanto, cualquier decisión relacionada con una de estas tres empresas debe ser objeto de un amplio debate.

Que las empresas de servicios públicos de Bogotá están pasando por un periodo critico y que su manejo deja mucho que desear es una realidad que se vive día a día.  El esfuerzo pecuniario de los bogotanos para sostener una administración totalmente ineficiente es cada día mayor.  El aumento continuado de las cargas unido a un deterioro en la calidad de los servicios nos ha llevado a la deplorable situación de tener que pagar los impuestos de Nueva York y padecer una calidad de vida inferior a la de Somondoco.

Para lograr salir de esta encrucijada la Administración Distrital ha propuesto una salida fácil.  Privatizar la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá.  Con esta jugada genial se pretende matar dos pájaros de un solo tiro.  Por una parte, se busca mejorar la eficiencia en la prestación del servicio telefónico y por otra se intenta aumentar los recursos para financiar el plan de desarrollo de la actual Administración.

La falta de un diagnóstico claro sobre la Empresa de Telecomunicaciones, así como su abandono por parte de la Administración Mockus durante este año y medio ha llevado a la conclusión simplista de que la única solución para la Empresa es su privatización.  Las dificultades financieras generadas por un esquema absurdo de tarifas se ignoran achacándole los problemas a su condición de establecimiento público del orden Distrital.  La posibilidad de mejorar su eficiencia mediante la transformación en empresa industrial y comercial del distrito ya ni se discute, tal vez, debido a la gravedad de la situación actual de la ETB.

Un debate en el que deberían predominar las consideraciones técnicas sobre la conveniencia de las diferentes alternativas se ha transformado por falta de elementos de juicio serios en una discusión de carácter ideológico.  Los partidarios de la privatización han tenido que apelar a argumentos débiles para sostener su posición.  Sostener que posponer la decisión llevaría a una pérdida de valor de la Empresa no es más que pensar con el deseo.

Si bien el aumento de la competencia ha debilitado la posición monopólica de la ETB, las ventajas derivadas de la misma naturaleza del negocio todavía son formidables.  A nadie que conozca el negocio de las comunicaciones le puede cabe la menor duda de que es mejor comprar la ETB que comenzar de nuevo.

Más aún, no es muy claro que el valor de la ETB haya disminuido con el tiempo como lo aseguran algunos de los grandes privatizadores.  Si bien a la ETB le han salido rivales y por lo tanto ya no puede considerarse como la dueña de todo el mercado, es muy probable que con el avance de las telecomunicaciones y la aparición de nuevos servicios el valor de la empresa haya subido en la medida en que el aumento los ingresos correspondiente a los nuevos servicios compense la disminución de los ingresos debidos al aumento de la competencia.

Por otra parte, la presencia de los operadores de la telefonía celular puede hacer que el Distrito logre un mayor valor por sus activos.  Si la ETB se hubiera vendido hace algunos años el interés de los grandes grupos económicos hubiera sido menor pues el riesgo de entrar a un nuevo negocio hubiera sido considerable.  Hoy en día, gracias a la experiencia que han ganado con la telefonía celular los grupos económicos cuentan con especialistas en el área de las telecomunicaciones que les permitirán obtener óptimos resultados en sus inversiones en este dinámico sector.

La conclusión de lo anterior es muy sencilla.  El debate sobre la suerte de las Empresas Públicas tiene que darse con suficientes elementos de juicio y no puede convertirse en una discusión de carácter ideológico. La Administración Distrital debe contratar estudios serios que le permitan tomar la mejor decisión sobre lo que se debe hacer con las tres grandes empresas de servicios públicos.