martes, 11 de junio de 1996

El desmonte de los subsidios a las tarifas de servicios públicos

Al final de cuentas lo único que queda claro de este episodio es que el país esta a la deriva

En medio del debate político, el congreso de la República está estudiando el desmonte de los subsidies a las tarifas de los servicios públicos.  La improvisación con que se tratan temas tan importantes no puede ser más patente.  Como los malos estudiantes los padres de la patria han dejado todo para el último día y ahora se muestran acuciosos para tratar un problema que habían dejado latente en pasadas legislaturas.

En efecto, por mucho tiempo se ha buscado mejorar el esquema tarifario vigente.  El país ha logrado entender después de mucho tiempo que el servicio público que no se presta es el más caro y que las clases menos favorecidas tienen que pagar los costos más elevados por los servicios públicos.  Los hogares de más bajos ingresos tienen que comprar el agua por galones, mientras que el resto de los usuarios lo hacen por metros cúbicos.  Los hogares pobres tiene que cocinar con cocinol con graves peligros para la familia y, además, tiene que someterse a hacer colas interminables para gozar de este combustible.

La adopción de precios políticos ha incidido negativamente en las finanzas de las empresas y ha atentado contra la viabilidad financiera de las mismas, distorsionando de paso la asignación de recursos.  Más aún, la implantación de las sobretasas al comercio, la industria y los usuarios de mayores ingresos ha llevado a un incremento desmedido de las pérdidas negras.

La estructura de las tarifas de los servicios públicos bajo el impulso de un populismo salvaje llegó a ser insostenible.  Durante el gobierno del Presidente Betancur se inició el ajuste de las tarifas de energía.  Por medio de un Decreto se fijaron las tarifas típicas para todo el país y se comenzó el ajuste hacia el patrón nacional.  Los organismos multilaterales de crédito para colaborar en este propósito incluyeron en sus contratos de préstamo una cláusula en la que obligaban a las empresas a adoptar el nuevo esquema tarifario.

La sensatez tarifaria finalmente quedó consagrada en la nueva constitución en la que se establecieron unos lineamientos para el establecimiento de las tarifas de los servicios públicos.  Bajo el nuevo esquema se puso un limite a los subsidies y se trasladó la responsabilidad del pago de los servicios a los gobiernos nacional y local.  En desarrollo del mandato constitucional se definió un esquema regulatorio para los servicios públicos en los que se consagró como uno de los objetivos de las empresas la viabilidad financiera que debía lograrse con unos esquemas tarifarios en los que los subsidieos y las sobre tasas deberían estar limitados a unos porcentajes razonables.  Las leyes pusieron también un plazo máximo para la adopción del nuevo esquema tarifario.

Siguiendo la práctica lopista del "chamboneo", la Ley quedó mal hecha.  Los esquemas tarifarios, iguales para todos los servicios, resultaron insuficientes para asegurar la viabilidad financiera de las empresas lo que llevó a un ajuste no solo en la estructura sino también en el nivel de las tarifas.  Las comisiones reguladoras y las empresas prestadoras de servicio emprendieron un proceso de aprendizaje, a marchas forzadas, para poder cumplir con los requerimientos legales.  Los resultados obtenidos al aplicar las normas resultaron muy por encima de los que esperaban los funcionarios de turno.

La crisis política con la posibilidad de hacer una consulta popular para legitimar el mandato del Presidente se convirtió en el elemento necesario para frenar el ajuste de las tarifas de los servicios públicos. Argumentando, cínicamente, que la subida de las tarifas de los servicios públicos haría lo que no han podido hacer las revelaciones de las irregularidades de la campafia presidencial, los parlamentarios gobiernistas entraron a la hora de nona a diferir el ajuste en las tarifas de los servicios públicos.

Sin entrar a discutir la justicia de la medida se debe concluir que el Congreso sigue dando señales equivocadas al público.  En primer lugar, el afán de sacar una ley impide una discusión seria en la que se discutan los posibles efectos negativos de las medidas adoptadas haciendo necesario sus continuos cambios.  En segundo lugar, si todo puede ser cambiado los encargados de poner en funcionamiento los cambios pueden lograr bloquear la medida simplemente demorando su puesta en funcionamiento hasta el último momento.  En tercer lugar, si el gobierno, al igual que muchos padres, no esta dispuesto a cumplir con sus amenazas termina perdiendo la credibilidad.

Al final de cuentas lo único que queda claro de este episodio es que el país esta a la deriva.  El gobierno no tiene una política clara diferente a la de perpetuarse hasta el siete de agosto de 1998.  La posibilidad de entrar en una profunda crisis económica es cada vez más cercana.



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