martes, 22 de diciembre de 1992

Mil novecientos noventa y dos: el año del niño

Lo más importante ocurrido en los últimos doce meses en el campo económico es, sin lugar a dudas, el cruel apagón que nos ha venido acompañando desde marzo.

Los Organismos Internacionales y en especial las Naciones Unidas suelen seleccionar algunos años con el fin de destacar a un grupo de la población. El horóscopo chino designa los años con un nombre de animal. Los periodistas cuando escriben sus resúmenes de fin de año escogen un evento importante para caracterizar lo más importante de los últimos 365 días. Mil novecientos noventa y dos quedará registrado como el "año del niño".

En efecto, lo más importante ocurrido en los últimos doce meses en el campo económico es, sin lugar a dudas, el cruel apagón que nos ha venido acompañando desde marzo. El impacto en la pequeña y mediana empresa y en los hogares ha sido muy grande. El racionamiento de energía eléctrica ha tenido impactos negativos en el nivel de producción de muchas empresas, ha cambiado los hábitos de gran parte de los colombianos y ha hecho sufrir a innumerables estudiantes que han tenido que hacer sus labores escolares a la luz de una vela.

El manejo del problema energético ha sido muy poco afortunado. En primer lugar, el gobierno pospuso la decisión de racionar hasta muy pocos días antes de las elecciones. El análisis de los registros históricos muestra que desde finales del año pasado era posible prever que en 1992 habría problemas con la oferta de energía eléctrica. En efecto, el nivel de los embalses a partir de octubre fue muy inferior al promedio histórico. La falta de una decisión oportuna agravó considerablemente el problema.

En segundo lugar, el gobierno falló lamentablemente en precisar las verdaderas causas del apagón. Comenzó con una historia sencilla en la que el único culpable era el prolongado verano causado por el fenómeno del niño y terminó acusando a todos los encargados del sector eléctrico en los últimos diez años. El Sector Eléctrico de la noche a la mañana pasó de ser el mejor planeado y el mejor manejado dentro de sector público a ser el chivo expiatorio. Con el fin de calmar la justa protesta ciudadana, el Gobierno, el legislativo, y los organismos fiscalizadores realizaron una cacería de brujas que terminó con la carrera pública de distinguidos técnicos del sector eléctrico.

En tercer lugar, el gobierno no pudo cumplir con el programa de emergencia. Las barcazas nunca pudieron entrar en funcionamiento, las plantas térmicas siguen en muy mal estado y el sistema sigue vulnerable a la acción de la guerrilla. Dentro de este panorama desolador de incompetencia en el manejo de la crisis, se salva la terminación del Proyecto Hidroeléctrico del Guavio. Lo que nuestro tropicalismo llamó el "descalabro gerencial del siglo" y la "presa en el aire", al final de cuentas resultó ser la verdadera solución para el racionamiento de energía. Parece claro, entonces, que la terminación a tiempo del Proyecto Guavio y la segunda etapa de Rio Grande hubieran evitado el problema.

La decisión de posponer deliberadamente la entrada del Proyecto Guavio tomada en el Gobierno anterior fue un grave error. Si las cosas hubieran continuado dentro del cronograma vigente al final de la Administración Betancur, se hubiera podido evitar el grave problema que hemos vivido en el presente año. Más aún, la Empresa de Energía de Bogotá no estaría en una situación financiera tan grave pues hubiera podido comenzar a generar desde diciembre de 1989 y se habría ahorrado los pagos que ha tenido que hacer al sistema interconectado en estos tres últimos años.


Me complace sobremanera que el Doctor Alberto Calderón y el Alcalde de Bogotá hayan podido cumplirle al país. Les hago llegar mi sincera felicitación para ellos y para los sufridos funcionarios de la Empresa de Energía que durante la construcción han tenido que trabajar muchas veces en condiciones muy desfavorables. 

martes, 15 de diciembre de 1992

Jugando al hablar y no contestar

El proceso de fijación del salario mínimo de por si imperfecto puede mejorarse.

   
Cada año por esta época, los gremios, los sindicatos y el gobierno comienzan a apostar aguinaldos. Las discusiones del salario mínimo comienzan, la mayoría de las veces con el si y el no, continúan con el dar y no recibir y terminan al final con el hablar y no contestar. La tan anhelada concertación hace mucho tiempo que no se logra pues los intereses de las tres partes son muy divergentes.

Una consecuencia importante de este ritual anual en las negociaciones laborales debería ser aclarar el papel del salario mínimo en la economía colombiana. Este año, tanto el Director de Fedesarrollo, Eduardo Lora y mi compañero de página el Doctor Luis Eduardo Rosas han hecho propuestas interesantes. El primero de ellos sostiene que lo mejor sería que el aumento del salario mínimo se fijara una vez al año con base en un índice de salarios. Debe notarse que la propuesta del Doctor Lora supone, al menos de manera implícita, que el mercado es un buen indicador del aumento en el nivel de salarios. El Doctor Rosas, con muy buena lógica, propone que el salario mínimo se fije con una mayor periodicidad, para de esta manera evitar el fuerte impacto que su aumento tiene en los costos de producción y en especial en las empresas dedicadas a la construcción de vivienda.

Las propuestas hechas por tan destacados economistas pueden ayudar a encontrar la mejor forma en que se debe ajustar el salario mínimo. Desafortunadamente, en la vida real no solo se requiere saber cuánto se debe aumentar el salario mínimo, sino que también es necesario conocer si el nivel del salario mínimo es adecuado.  Suponer que el salario mínimo está en su nivel adecuado es una hipótesis demasiado fuerte. En efecto, si el nivel existente en 1992 es el correcto, no se necesita determinar un nuevo procedimiento  para calcularlo sino que lo que se necesita es continuar con el proceso existente, pues la continuidad va a asegurar que el salario mínimo continuará fijándose en su nivel óptimo.

Las consideraciones anteriores no deben entenderse como una crítica a las propuestas de dos economistas muy respetados, sino más bien como unas reflexiones que tratan de mostrar que el proceso de fijación del salario mínimo es de por si imperfecto. La fijación del salario mínimo debe considerarse, primordialmente, como un medio imperfecto de mejorar los resultados obtenidos bajo un régimen de competencia perfecta. La intervención del Estado debe entenderse, entonces, como una aplicación del conocido refrán, tan de actualidad en estos días de racionamiento: "Ni tan cerca que queme al Santo ni tan lejos que no lo alumbre"

Bajo las circunstancias actuales, es muy difícil proponer una posición tan extrema como la de permitir que el salario mínimo sea determinado, como la mayoría de los precios de la economía, por el libre juego de la oferta y la demanda. Tampoco parece lógico mantener el sistema vigente en el que el salario mínimo se ha convertido, sin querer queriendo, en una verdadera Unidad de Poder Adquisitivo Constante.

En efecto, por obra y gracia de algunos de nuestros genios que han pensado colincharse en el tren del aumento del salario mínimo, hay gran cantidad de bienes y servicios que se denominan en salarios mínimos. No es extraño, entonces, ver que las multas se fijen en s.m.m o sea salarios mínimos mensuales. Las pensiones, por obra y gracia de nuestro inolvidable Alcalde de Verdad se reajustan, sin ninguna razón valedera, con base en el aumento del salario mínimo. La capacidad de contratación y el monto de los contratos de obra pública que deben ser revisados por el Contencioso Administrativo también se fijan como múltiplos del salario mínimo.

El utilizar el salario mínimo como una unidad de poder adquisitivo constante es un gran impedimento en la discusión racional de un tema laboral. Esta innecesaria interferencia ha entrabado el proceso de concertación laboral. Las conversaciones de 1992 no pueden centrarse tanto en el poder adquisitivo del salario mínimo,  pues en las circunstancias actuales los cambios en esta variable no solo afectan la remuneración de una mano de obra no calificada sino que conservan el poder adquisitivo de las multas y otras cosas poco relacionadas con el mercado laboral.

El reto en el 92, y mientras se desvincula el aumento del salario mínimo del aumento en otros bienes y servicios, es lograr que las expectativas de inflación se acerquen lo más posible a las metas fijadas por la Junta Directiva del Banco de la República. La propuesta de Fedesarrollo de un 27.5 de aumento en el salario mínimo, casi igual a la mitad del aumento en el precio de las publicaciones de esta entidad sin ánimo de lucro, tienden a entrabar el proceso de concertación que busca reducir el ritmo de inflación de la economía colombiana.


martes, 8 de diciembre de 1992

Corrección Monetaria un poco incorrecta

 El juego con la fórmula para calcular la corrección monetaria ha llegado a extremos intolerables.
  
El sistema UPAC continua mostrando su vitalidad a los veinte años de establecido. Las autoridades económicas, contrariando la sabia máxima gringa de no arreglar algo que no esté dañado han realizado permanentes cambios en sus reglas de juego. A través de su existencia, el sistema de ahorro y vivienda colombiano ha sufrido múltiples cambios. Las autoridades han tratado de orientar la utilización de recursos hacia segmentos del mercado mediante la fijación de porcentajes de la cartera de las corporaciones. Además, han establecido esquemas de subsidios cruzados tratando de emular a Robin Hood gravando a los ricos para subsidiar a los pobres.

Permanentemente, las autoridades monetarias han asumido el papel de árbitros buscando establecer un equilibrio entre el sistema UPAC y los otros intermediarios financieros.  A falta de pito, las autoridades monetarias han apelado al fácil expediente de introducir cambios en la manera como se liquida la corrección monetaria.

La Administración López Michelsen con el fin de proteger a los otros intermediarios financieros y a la vez ganar adeptos entre los usuarios del sistema decidió imponer topes a la corrección monetaria. Este cambio en las reglas de juego aparentemente sencillo tuvo notables consecuencias. En primer lugar, acabó con la transparencia existente en el sistema UPAC, al terminar la separación entre el retorno debido a la inflación y el debido a la tasa de interés real. En efecto, a partir de esta reforma la corrección monetaria dejo de ser el reflejo de la inflación pasada y se convirtió en un número mágico fijado primero por el gobierno y luego por la Autoridad Monetaria.

En segundo lugar, al convertirse la corrección monetaria en un instrumento de política, la forma de definir esta corrección monetaria se convirtió en una manera sencilla de favorecer a un intermediario en particular. Los amigos del sistema UPAC se dedicaron a inventarse fórmulas que les permitiera competir ventajosamente. Cuando los enemigos del Sistema llegaron al poder cambiaron las fórmulas para reducir la competitividad del UPAC.

El juego con la fórmula para calcular la corrección monetaria ha llegado a extremos intolerables. La fórmula utilizada actualmente combina, de una manera totalmente arbitraria, el aumento en el Indice de Precios al Consumidor y la tasa de interés de captación conocida técnicamente como el DTF. Sumar el veinte por ciento del incremento en los precios con el cincuenta por ciento de la tasa de interés denominada DTF es algo digno de figurar en una novela de García Márquez.

Sólo en Macondo puede suceder que la suma de las ponderaciones utilizadas en una fórmula no sea siempre el ciento por ciento. Como en las rebajas postnavideñas, la fórmula colombiana tiene una descuento del treinta por ciento pues la suma de las dos ponderaciones solo llega al setenta por ciento.

Esta fórmula macondiana que ha puesto en aprietos al sistema UPAC y que ha favorecido a sus deudores y a otros intermediarios financieros tiene defectos intrínsecos que desaparecen cuando se tienen tasas de inflación muy bajas o cuando las tasas de interés reales son muy altas. Sería necesario tener una inflación de un solo dígito o una tasa de interés real de dos dígitos para que la fórmula produjera un valor cercano al incremento en el costo de vida.

El cambio de las ponderaciones tampoco es una solución. Aceptar la propuesta del ICAV consistente en tomar el noventa por ciento de la tasa de interés es también una equivocación. La fórmula produciría un resultado justo únicamente para inflaciones cercanas al 45%. Para inflaciones menores se estaría favoreciendo innecesariamente al Sistema de Ahorro y Vivienda en perjuicio de los otros intermediarios financieros.


La solución obvia es volver a la concepción original en la que la corrección monetaria refleja el aumento en los precios. Dentro de esta concepción, es posible ensayar variaciones interesantes que pueden contribuir a disminuir los costos de una política de estabilización. Sin lugar a dudas, la innovación más interesante sería tratar de incorporar en la fórmula las expectativas de inflación. Por ejemplo, no me disgustaría que la corrección monetaria que se adopte para 1993 sea el famoso 22 por ciento. Pienso que, en las circunstancias actuales, una corrección monetaria igual a la meta de inflación del gobierno podría tener un importante efecto en la formación de las expectativas de inflación para el año entrante.

martes, 1 de diciembre de 1992

El impuesto más injusto

Una inflación tan elevada como la colombiana está actuando como un impuesto considerable en todo aquel que usa dinero.

La inflación y el desempleo son sin lugar a dudas dos de los grandes problemas económicos. El costo del desempleo es relativamente fácil de cuantificar, pues puede ser medido por la pérdida en producción causada por el aumento en la desocupación. Por el contrario, el verdadero costo de la inflación para la sociedad es un poco más difícil de cuantificar.

La inflación tiende a tener serios efectos económicos en la medida en que los resultados sean diferentes a los previstos. Como muy gráficamente lo ha manifestado un antiguo dirigente gremial, el problema de la inflación estriba en que cuando todo el mundo está esperando aumentos moderados de precios, los precios suben por el ascensor, mientras los salarios suben por la escalera. De esta manera el empleado ve aumentar más rápidamente sus gastos que sus ingresos y siente que le están poniendo un impuesto adicional sobre ellos.

El crecimiento diferencial de precios y salarios es igualmente grave cuando lo que sube más rápidamente son los salarios que los precios. El serio problema de algunas empresas de servicio público es una consecuencia de un aumento vertiginoso de los salarios y de un bajo incremento de los precios de sus servicios. Cuando los precios suben más lentamente que los salarios los productores ven disminuidos sus ingresos y para ellos la inflación se convierte en un impuesto adicional.

Cuando se mira el efecto combinado en productores y trabajadores las discrepancias entre las previsiones y los resultados se compensan, pues los impuestos a los trabajadores son recaudados por los productores y los impuestos a las empresas son aprovechados por las oligarquías de overol.

Los efectos nocivos causados por inflaciones no previstas se pueden minimizar mediante reformas en los sistemas tributarios, financieros y laborales. El sistema de protección contra la inflación existente en Colombia es bastante sofisticado y se han eliminado las distorsiones más grandes. Los ahorros de los pobres están protegidos desde la creación del sistema UPAC. El sistema tributario esta indexado desde 1979 y los salarios reales tienden a mantenerse en sus niveles.

Teniendo en cuenta lo anterior es posible pensar que en Colombia la inflación es relativamente neutral en su efecto en la distribución del ingreso. Sin embargo, una inflación tan elevada como la colombiana está actuando como un impuesto considerable en todo aquel que usa dinero. Los poseedores de dinero año a año tienen que reducir sus consumos para mantener unas tenencias de dinero con el mismo poder adquisitivo.

Supongamos un trabajador que ganó un millón mensual durante los doce meses de 1992. Si sus gastos fueron relativamente uniformes y mantuvo todos sus ingresos en cuentas corrientes, en promedio tuvo un saldo bancario de 500.000 pesos. Cuando los precios y salarios suben un treinta por ciento al año, el promedio requerido es ya de 650.000 pesos. Por tanto, para poder contrarrestar los efectos inflacionarios en sus saldos monetarios el trabajador debe aumentar sus ahorros en 150.000 y por lo tanto disminuir sus consumos en 150.000 pesos durante el año. Para el trabajador entonces la inflación se ha convertido en un verdadero impuesto pues ha afectado negativamente sus finanzas.

Como quien tiene el privilegio de emitir es el Estado, quien se beneficia de este impuesto es el mismo Estado. Esta figura conocida con el nombre técnico de señoraje es una fuente importante de ingresos para el gobierno. En efecto, según un estudio de Dornbusch y Fischer publicado en el último número de Ensayos sobre política económica el señoraje en 1980 fue equivalente al 2.8 por ciento del PIB. A comienzos de los ochenta llegó a ser equivalente al noventa por ciento de los recaudos del impuesto a la renta, pues el recaudo del impuesto a la renta en 1980 fue del 3.07 del PIB. Para finales de la década del ochenta el señoraje era un poco menos del cincuenta por ciento del impuesto a la renta, pues la participación del señoraje había bajado y la participación de los impuestos directos había aumentado.

El considerar la inflación como un impuesto y por lo tanto, como una fuente de ingresos para el gobierno, nos pone de presente la importancia de las reformas tributarias para poder lograr una verdadera estabilización de la economía. Esto se sintetiza en una frase afortunada del artículo de Dornbusch y Fischer sobre el caso colombiano. La estabilización de la inflación requería un incremento en los impuestos para compensar la caída en los ingresos por concepto de señoraje.