El costo de las elecciones

No solo es importante considerar la posibilidad de privatizar los servicios, sino que también es necesario ponerle límites claros a lo que se puede negociar en las convenciones colectivas.

En Colombia, a medida que se acercan las elecciones se agudizan los problemas laborales. La agitación laboral está a punto de acabar con la poca paciencia de los sufridos usuarios de los servicios públicos. No solo deben sufrir el deterioro en los niveles de servicio, sino que después tienen que pagar los logros laborales de los sindicatos. En elecciones anteriores, era normal esperar huelgas en Teléfonos y la Registraduría, hoy en día, hay agitación laboral en la Energía de Bogotá y otras entidades del sector eléctrico al mismo tiempo que en varias instituciones financieras. Las magníficas condiciones de los trabajadores de Teléfonos y de la Registraduría han inspirado a otros líderes sindicales para negociar con las autoridades en vísperas electorales.

El mal servicio imperante en estas épocas de negociaciones colectivas, hace ganar a la privatización de las Empresas Públicas muchos adeptos. El mal servicio de la Empresa de Teléfonos que he podido apreciar por la falla de más de un mes en una de las líneas telefónicas de mi oficina, me ha hecho pensar en los argumentos que ha dado el Doctor Miguel Urrutia para la privatización de la Empresa de Comunicaciones de Bogotá. La buena voluntad y la capacidad técnicas de un gerente como el Doctor Carrizosa, se enfrentan a problemas de carácter estructural que claman por una solución diferente a la de montar un Canal Local.

No solo es importante considerar la posibilidad de privatizar los servicios, sino que también es necesario ponerle límites claros a lo que se puede negociar en las convenciones colectivas. Sin lugar a dudas, es muy importante realizar un cambio radical en el sistema  de seguridad social. Las directivas de las empresas, con un horizonte de planeación corto, tienden a conceder muy buenas condiciones para la jubilación de sus trabajadores.

Algunos gerentes caen en la tentación de transferir al futuro los problemas, concediendo unas condiciones generosas que terminan acabando las empresas. Colpuertos y los Ferrocarriles, son ejemplos claros de los problemas que se generan cuando por la presión del día se cede en materia de jubilaciones. Los altos costos laborales, no solo llevan a la ruina de unas empresas, sino que le ponen un punto de negociación a los demás sindicatos.  Esta espiral de salarios termina arruinando todas las empresas públicas.

Después de haber mirado, así sea por encima, la caótica situación pensional, es muy fácil concluir que es necesario llegar a unas condiciones idénticas para todos los trabajadores. El régimen de jubilación debería ser uniforme para todos los trabajadores. Las convenciones colectivas no podrían cambiar estas reglas y deberían centrarse en el nivel de salarios, en políticas de promoción y capacitación, y en las condiciones mismas del trabajo, dejando al sistema de seguridad social y a los fondos de pensión el problema de cómo pagar al trabajadores en su jubilación.

Afortunadamente, el sistema electoral va a entrar en un receso hasta mayo de 1994. Durante este período, las autoridades deberían hacer algunas reformas para romper la vinculación entre las elecciones y los pliegos laborales. Por ejemplo, los procedimientos de votación deberían sistematizarse para disminuir la amenaza constante de los funcionarios de la registraduría.

Las elecciones deberían realizarse en días laborales, sin tener que  paralizar todo el país. Si el censo de población se pudo realizar en un día ordinario, no hay ninguna razón para que no se pueda cumplir con el deber ciudadano de la votación en un martes cualquiera, como se hace en los Estados Unidos. 

Política Económica: Mucho cacique y pocos indios

Los ministros del equipo económico continúan pisándose las mangueras. El representante de El Tiempo en el gobierno continua opinando acerca de los asuntos cafeteros.

Los primeros resultados en el campo económico no auguran un buen año. Si en la economía existieran las cabañuelas, las predicciones para todo el 92 no parecerían muy brillantes. Los encargados de la política no parecen haber encontrado la medicina adecuada para aliviar las dolencias que aquejan a la economía colombiana. La política monetaria, cambiaria y fiscal siguen siendo manejadas sin una clara orientación y sin producir los resultados esperados.

Las autoridades monetarias no han encontrado la manera de cumplir con unas metas de crecimiento del dinero. Los medios de pago siguen descontrolados. Las medidas tomadas no han logrado disminuir el crecimiento de la base monetaria. Las autoridades parecen, al igual que un amigo mío, haber tomado la decisión de seguir siendo indecisos. No saben todavía si es importante o no controlar los medios de pago. Como consecuencia de la falta de control las presiones inflacionarias se mantienen vivas.  En efecto, el costo de vida arrancó con patada de antioqueño en 1992.  El 3.5 por ciento del 92 superó con creces los resultados de los últimos años.

La política cambiaria sigue siendo utilizada como un elemento de control monetario.  La Junta Directiva del Banco de la República, ha continuado revaluando el peso para controlar el crecimiento de la base monetaria aún a costa de la competitividad externa. Las negras perspectivas externas del café, el petróleo y el carbón, se unen a un sombrío panorama de las importaciones no tradicionales  y, a una economía americana en recesión para augurar un mal año a las exportaciones.

La política fiscal sigue en el limbo. La tan mentada reforma tributaria espera que pasen las elecciones para que sea discutida en el Congreso. En consecuencia, el déficit fiscal se mantiene en niveles incompatibles con el equilibrio macroeconómico. Los huecos negros (Fondo Nacional del Café, Sector Eléctrico, ISS, Colpuertos, Metro de Medellín) donde desaparecen todos los fondos del gobierno siguen tan profundos como los de las calles santafereñas.

Las batallas económicas se están perdiendo porque parece que en el gobierno hay muchos caciques y pocos indios. Poner de acuerdo a seis economistas y un abogado en la Junta Directiva del Banco de la República, se ha mostrado bastante difícil. En temas tan importantes como, si se debía o no controlar las tasas de interés se presentaron importantes divergencias. La falta de estudios por parte de los funcionarios del Banco Central contribuye a dilatar las discusiones, e impide llegar a una pronta solución. Como si no fuera suficiente contar con seis opiniones, el Gobierno ha traído a destacados asesores que con sus densos documentos han contribuido a aumentar la entropía económica.

Los ministros del equipo económico continúan pisándose las mangueras. El representante de El Tiempo en el gobierno continua opinando acerca de los asuntos cafeteros. En la radio sostiene que el precio interno del café debe bajar antes de que sus colegas de Hacienda y Agricultura hayan tomado la decisión. Como si no tuviera suficiente trabajo con presidir la UNCTAD y fijar la política cafetera, el Doctor Santos decide también fijar las políticas de ensamble del país. Si se quiere que haya futuro en el frente económico, el Presidente Gaviria debería comenzar a buscar una embajada a los ministros que están impidiendo una marcha armoniosa del equipo económico.

El milagroso 3,5 por ciento

Los agentes económicos están sumidos en la incertidumbre, al no tener muy claro quién es el responsable por la inflación: la Junta Directiva del Banco de la República o el Ministro de Hacienda

La semana anterior los medios de comunicación nos dieron a conocer una noticia en el frente inflacionario. De acuerdo con el Dane la inflación de enero llegó a 3,5 por ciento. Esta cifra no sólo superó los eneros de los últimos años, sino que de continuar durante el resto del año nos pondría en el explosivo nivel del 50 por ciento.

Al mirar con más detenimiento el incremento de los precios, uno se da cuenta que en buena parte está reflejando los aumentos del año pasado. En efecto, para poder pasar al año con menos de 27 por ciento, el gobierno decidió incrementar el precio de la gasolina cuando el Dane ya había cerrado el mes de diciembre. De esta manera se logró una cifra  menor en 1991 a costa de una mayor inflación en 1992.

Si bien la inflación no va a seguir corriendo a ritmos tan altos como el de enero, es posible que no baje tan rápido como se espera. Las cifras disponibles sobre medios de pago muestran que el crecimiento de la demanda agregada sigue siendo muy alto. En crecimiento del dinero cercano al 35 por ciento no puede ser compatible con una inflación del 22 por ciento.

La entrada de divisas sigue influyendo positivamente en el crecimiento de las reservas internacionales, y, por lo tanto, está alimentando el crecimiento de los medios de pago. Las importaciones se mantienen estancadas y las expectativas de revaluación siguen vigentes.

La Junta Directiva del Banco de la República y el Ministro de Hacienda, han venido pasándose la pelota emulando a los dirigidos por el "Bolillo" Gómez. El público no tiene muy claro quién de los dos es el responsable de por la inflación. La Junta le pide al Ministro de Hacienda que aumente el superávit fiscal para poder controlar la inflación, mientras que el Ministro considera que la responsabilidad del control de la inflación ha pasado al parque de Santander.

Esta situación no debería continuar pues, los agentes económicos están sumidos en la incertidumbre. La Junta debería asumir la responsabilidad del control inflacionario, sin esperar a que el ministro logre el milagro de reducir el déficit fiscal. El gobierno debe asumir la responsabilidad de determinar una política en la que se pueda absorber el superávit cambiario mediante una reducción del déficit fiscal.

Bajo un esquema lógico de asignación de responsabilidades, la Junta tendría a su cargo la obligación de mantener una tasa de inflación baja, y que el gobierno debería responder por la coherencia macroeconómica del plan de apertura. 

No me defiendas compadre

La política de mantener los precios de los vehículos por parte de algunas ensambladoras se trata de justificar con argumentos que no tienen mucha validez, intentando convencer al consumidor de que esa acción se toma en su beneficio.

Recientemente, el gerente de COLMOTORES nos sorprendió con la grata noticia de que los precios de los vehículos ensamblados por la General Motor se iban a reducir. La disminución de los precios se originó en buena parte en la rebaja del arancel para el componente importado y por la apertura de las importaciones de vehículos. Sin embargo, el buen ejemplo no fue seguido por las otras ensambladoras. SOFASA fabricante de Renault en avisos de prensa publicados al día siguiente, anunció que no rebajaría el precio de sus vehículos.

Uno puede entender que la grave situación por la que atraviesa esta ensambladora, le haya obligado a mantener el precio de sus vehículos. Lo que no se puede aceptar es que esta política se esté justificando con argumentos que no tienen mucha validez. Es mucho menos aceptable el que se pretenda hacer creer al consumidor que, esta actuación se ha hecho pensando en beneficiar al sufrido dueño del carro colombiano.

En efecto, el argumentar que este aumento va a beneficiar al comprador del vehículo desafía cualquier análisis. En la vida es muy válido el conocido principio de Pambelé, todos sabemos que es mejor ser rico que ser pobre; de la misma manera, siempre es mejor pagar menos que pagar más. Cuando un productor llámese SOFASA o CCA cobra más de lo que se debe por un producto, el consumidor sale perjudicado. No es mucho consuelo saber que el vehículo por el que hemos pagado más de lo debido se va vender, ya usado, a un precio más alto. Evidentemente, quien nos compre el vehículo usado a un precio mayor también va a salir perjudicado en esta cadena de la infelicidad. El hecho de que haya muchos perjudicados no mejora la situación sino que por el contrario la empeora.

La política gubernamental, de eliminar las grandes distorsiones existentes en el mercado automotor, está siendo convertida en un programa de subsidios para las dos ensambladoras que no han rebajado el precio de sus vehículos. Para efectos prácticos, y por obra y gracia de la decisión de dos empresas, el programa de rebaja se ha convertido en una sobretasa arancelaria con destinación específica. El consumidor termina pagando más para que dos empresas ganen más.

La competencia con COLMOTORES  y con las importaciones, van a frustrar en parte las intenciones de las ensambladoras que no han bajado los precios. En estas circunstancias se vuelve muy atractivo vender los R9 y R 18 usados a buen precio para comprar el SPRINT o el HONDA que hemos venido anhelando desde hace algún tiempo.

Infortunadamente, la realidad fiscal de Colombia nos prevé un aumento de impuestos para compensar las rebajas arancelarias. Los dueños de Mazda y Renault además de contribuir al bienestar de los fabricantes van a tener que pagar los nuevos impuestos que nos está preparando el Doctor Hommes.