La peor consecuencia de
una crisis fiscal es la pérdida de autonomía en el manejo de la ciudad.
En el fin de semana
pasado se realizó un importante seminario sobre el futuro del Distrito. Con la
asistencia de destacados expositores del Banco Mundial y del gobierno nacional
se revisó la situación del Distrito Capital y se analizaron las perspectivas
que le espera a la Administración que comienza el próximo primero de junio.
Por lo visto en el
seminario, a la ciudad no le fue muy bien en los dos últimos años. Los
compromisos con el Banco Mundial no se cumplieron lo que tuvo como consecuencia
la cancelación del segundo Proyecto de Distribución de la Empresa de Energía de
Bogotá. El Proyecto Bogotá IV de gran importancia para la Empresa de Acueducto
de Bogotá presenta considerables retrasos y muy probablemente será cancelado
dentro de muy poco tiempo.
Dos proyectos de gran
importancia para la ciudad cuyo trámite se encontraba bastante adelantado al
comienzo de la Administración Caicedo Ferrer se encuentran en el limbo
burocrático. El Proyecto de transporte urbano ya evaluado por el Banco Mundial
no ha podido ser llevado a la aprobación del Directorio por falta de
compromisos serios sobre el manejo de las finanzas bogotanas. El Proyecto
Bogotá V sometido a la consideración del Banco Mundial no ha podido avanzar por
la postración financiera en que se encuentra la Empresa de Acueducto y Alcantarillado.
Los indicadores de
eficiencia de las Empresas de Energía y Acueducto son muy pobres. Los costos
laborales de las empresas no solo son altos sino que además han continuado
creciendo en el pasado reciente. La oligarquía sindical del Distrito ha montado
su propio programa de bienestar. Los sobrecostos laborales superan los gastos
sociales del Distrito.
La deuda del Distrito
ha venido creciendo vertiginosamente. Los plazos con los que se ha contratado
la deuda distrital son tan cortos que más de la mitad de los nuevos créditos
deben ser contratados para amortizar créditos anteriores. El Distrito Capital
en los dos últimos años parece estar enviciado con la contratación de deudas.
En el pasado la deuda se contrató para poder financiar la inversión necesaria
para asegurar la prestación de los servicios a cargo del Distrito. En 1991 fue
necesario incurrir en endeudamiento para poder cubrir los pagos corrientes pues
los ingresos resultaron insuficientes.
Los casos de Nueva York
y Ciudad de México se mencionaron durante el seminario como posibilidades de lo
que puede pasar cuando las ciudades pierden el control absoluto de sus
finanzas. Para salir de su crisis las dos ciudades mencionadas tuvieron que
pedir ayuda al gobierno central. Como bien lo dijo William Dillinger del Banco
Mundial. "En ambos casos, la ayuda
del gobierno central tuvo un costo altísimo. La ayuda del gobierno
norteamericano dependió de lograr un presupuesto balanceado en tres años. Esto
requirió una cirugía radical tanto desde el lado de gasto como del lado
impositivo. Para reducir el gasto fue necesario despedir 25.000 funcionarios, revocar un aumento
salarial del 6%, y congelar por cinco años los programas de construcción de
vivienda. Para aumentar los ingresos, el gobierno debió aumentar 200 millones
de dólares de impuestos, incrementar las tarifas del metro y de los buses y
fijar matrículas en una universidad que tradicionalmente había sido gratis.
México, de manera similar, se vio forzado a aumentar dramáticamente sus
impuestos y tarifas, esto incluyó el impuesto predial, las placas de los
vehículos, arriendos, tarifas de acueducto, y del metro. México redujo sus
gastos en una tercera parte, principalmente mediante una reducción drástica de
la inversión."
Si uno considera, con
el expositor, que la peor consecuencia de la crisis, se da en el largo plazo
con la pérdida de autonomía en el manejo de la ciudad no puede menos de pensar
que es necesario evitar a toda costa que Bogotá entre en una crisis financiera.
El triste ejemplo de la pérdida de autonomía de la Empresa de Energía al
suscribir un convenio con la FEN nos debe alertar sobre la posibilidad de
quedar sometidos a unos compromisos dolorosos impuestos, unilateralmente, por
otros niveles de la Administración Pública.
Para evitar que Bogotá
pierda la autonomía que le confiere la nueva Constitución es necesario retornar
a una disciplina fiscal estricta. El Alcalde debe tomar las riendas de toda la
ciudad. En especial debe ejercer un control sobre el proceso de inversión de
las grandes empresas. El Alcalde, con un grupo selecto de asesores, tiene que
asumir la responsabilidad de fijar topes en la inversión que puedan ejecutar
las Empresas de Servicios Públicos. Los gastos de inversión de gastos deben ser
congruentes tanto con la capacidad fiscal de la ciudad como con las metas
macroeconómicas del gobierno central. Las decisiones sobre los proyectos de
ampliación más atractivos tienen que ser tomadas por el Alcalde y su grupo de
asesores buscando siempre los proyectos con las más altas rentabilidades
económica y social. Esta dura labor de autocontrol, sin lugar a dudas, es
preferible a entregar la autonomía del Distrito al gobierno nacional a cambio
de una ayuda financiera solicitada en momentos de crisis en los que no existe
capacidad negociadora alguna.