lunes, 15 de julio de 1991

En espera de un nuevo "revolcón"

El aumento en la responsabilidad del Estado y la transferencia de funciones a los niveles locales puede representar una magnífica oportunidad para mejorar el nivel de vida de los colombianos.

Después de cinco meses de arduos trabajos, el 4 de julio se promulgó la nueva constitución. La Constitución del 91 consagra unas nuevas prioridades del gasto público. La nueva carta de navegación muestra una mayor prioridad en el gasto social que refleja el sentir ciudadano.

La nueva constitución no solo reorienta las prioridades del gasto sino que cambia la responsabilidad de la prestación de muchos de los servicios sociales. La ejecución del gasto público se transfieren de la Nación a los Departamentos y Municipios.

La transición hacia el nuevo orden constitucional puede causar algunos traumatismos. El aumento en las transferencias del gobierno central a las entidades territoriales va a causar un impacto negativo en las finanzas del gobierno central. Pues el monto de las transferencias a los gobiernos locales es superior al ahorro en los gastos transferidos a los niveles inferiores del gobierno.

Para cubrir este faltante será necesario elevar los tributos a nivel nacional.  Infortunadamente, este aumento en los impuestos ocurre en una época en la que las finanzas públicas están siendo fuente de inestabilidad macroeconómica. Con ocasión de la visita del Fondo Monetario Internacional, el gobierno encontró que en lugar de tener unas finanzas equilibradas tenía un hueco del dos por ciento del PIB.

Además de cubrir los gastos recurrentes que implican las nuevas responsabilidades, el gobierno central deberá contar con recursos para respaldar los pasivos de los trabajadores que se transfieran a los Departamentos y Municipios. El proceso de ajuste también va a implicar el pago de indemnizaciones a los empleados redundantes existentes hoy en día.

El aumento en la responsabilidad del Estado y la transferencia de funciones a los niveles locales puede representar una magnífica oportunidad para mejorar el nivel de vida de los colombianos. Para esto es indispensable que el aumento del cubrimiento de los servicios venga acompañado de importantes aumentos en la eficiencia en la prestación de los servicios a cargo del Estado. Los cambios ordenados por la nueva Constitución, deberán por tanto, ser el resultado de un sistema en el que se minimice la ineficiencia natural del Estado. Este sistema debería tener al menos los siguientes elementos. Primero, en lo posible, el gobierno debería ser el financiador del gasto más bien que el responsable de la prestación de los servicios. Por ejemplo, sería deseable que el gobierno en vez de ampliar los cupos en los colegios oficiales, otorgara becas para que los jóvenes de escasos recursos asistan a colegios privados. La gran diferencia entre los costos reales de los dos tipos de instituciones educativas permitiría que con el mismo dinero se atendieran un mayor número de estudiantes si estos van a los colegios privados.

Segundo, la eficiencia del gasto aumentaría en la medida en que el gobierno central estableciera un mecanismo de transferencias ligado a los resultados. Bajo este esquema, los colegios oficiales recibirían un reembolso por estudiante matriculado, en vez de obtener recursos para cubrir todos los gastos. En la medida en que los padres de familia tuvieran la libertad de elegir entre el sector privado y el público se introducirían factores de competencia que permitirían mejorar la eficiencia del gasto público.


El revolcón en la prestación de los servicios públicos podría llegar a ser espectacular. Si los estudiantes de la Universidad Nacional recibieran directamente los subsidios del gobierno y lo pudieran gastar en cualquier Universidad del país es muy probable que muy pocos decidirían continuar en el claustro dirigido por el excéntrico Doctor Mockus.

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