lunes, 24 de junio de 1996

La financiación de la infraestructura vial

Como resultado del poco conocimiento del transporte en Colombia las propuestas hechas en el campo de la financiación de la infraestructura de transporte no han resultado muy afortunadas.

El transporte es un sector poco atractivo para los investigadores.  El conocimiento sobre el sector transporte surge, en buena parte, de una serie de estudios realizados muy ocasionales para fijar las bases para los planes de transporte. A diferencia de otros sectores como el industrial que cuenta con una serie de estadísticas periódicas de muy buena calidad, la información sobre el transporte que se publica regularmente es muy poco profunda y por lo tanto resulta insuficiente para hacer un diagnostico acertado de la marcha del sector.

La carencia de estadísticas serias sobre el transporte hace que los estudios sobre el sector que se realizan muy de vez cuando terminen convertidos en operaciones masivas de procesamiento de información con la grave consecuencia de limitar a un mínimo el tiempo necesario para el diagnostico analítico y la formulación y evaluación de planes y proyectos.  Este proceso de investigación concentrado en unas fechas unido al cambio de las firmas encargados de ejecutar los estudios ha obligado a los consultores especializados a buscar una diversificación hacia otras áreas y ha impedido la acumulación seria de conocimientos sobre el tema del transporte.

Como resultado de lo anterior, las propuestas hechas en el campo de la financiación de la infraestructura de transporte no han resultado muy afortunadas.  Los esquemas de concesión no han logrado despegar no solo por dificultades de información en cuanto a los costos y beneficios de los proyectos sino también por dificultades financieras del gobierno.  Ante los recortes presupuestales necesarios para lograr un equilibrio fiscal surgen propuestas del Ministerio de Transporte sobre posibles fuentes de financiación para la construcción y el mantenimiento de la infraestructura vial.

En efecto, el Ministro de Transporte esta proponiendo la creación de una sobretasa a la gasolina para el mantenimiento de las vías, dedicando de paso, el cobro del peaje para la construcción de las nuevas.  Como complemento, el Ministro propone reestructurar la contribución por valorización con el fin de lograr captar parte de la plus valía generada por la construcción de las carreteras.

La propuesta parece interesante a simple vista.  Sin embargo, además de tener problemas de carácter constitucional por ir contra de la prohibición de impuestos con destinación especifica, la propuesta tiene serios problemas de carácter técnico.  El daño causado por los vehículos en las carreteras tiene muy poca relación con el consumo de gasolina.  En primer lugar, gran parte del consumo de gasolina se debe al trafico urbano y por lo tanto no afecta para nada el deterioro de las vías a cargo del Ministerio de Transporte.  El establecer una sobretasa a la gasolina equivaldría a una transferencia masiva de recursos de los municipios hacia el gobierno central.

En segundo lugar, el daño que causan los vehículos es proporcional a la potencia cuarta de la carga por eje mientras que el consumo de gasolina varia casi en relación directa con el peso del vehículo y por lo tanto bajo un esquema de sobretasa a la gasolina los vehículos que causan menos daño estarían subsidiando a los que causan más daño.  A la larga se estaría, entonces incentivando el uso de vehículos más pesados lo que tendría como consecuencia la disminución de la vida útil de la infraestructura de transporte.

Pero si esto no fuera suficiente para no recomendar la implantación de una sobretasa a la gasolina, debería notarse que los estudios muestran que los impuestos a la gasolina son de carácter regresivo y por lo tanto los que más van a sufrir en términos relativos con esta sobretasa van a ser los pobres.  El gobierno al estilo de Hood Robin le estaría quitando a los pobres para darle a los ricos.

Finalmente, la propuesta ignora que podría lograr los mismos malos efectos de una manera menos costosa.  En efecto, la base sobre la cual se liquida el impuesto a la gasolina ha tenido durante los últimos 20 años un claro carácter discrecional.  Como la base del impuesto es el costo en la refinería el gobierno decide cual es su valor determinando un precio político para el transporte por oleoducto.  Si quiere que el impuesto no afecte mucho al bolsillo del consumidor aumenta el costo del transporte por oleoducto reduciendo de esta manera la base sobre la cual se cobra el impuesto.  Obviamente, si quiere que el aumento sea mayor no necesita crear una sobretasa sino simplemente disminuir el porcentaje del precio total que se asigne al transporte por oleoducto.



martes, 11 de junio de 1996

El desmonte de los subsidios a las tarifas de servicios públicos

Al final de cuentas lo único que queda claro de este episodio es que el país esta a la deriva

En medio del debate político, el congreso de la República está estudiando el desmonte de los subsidies a las tarifas de los servicios públicos.  La improvisación con que se tratan temas tan importantes no puede ser más patente.  Como los malos estudiantes los padres de la patria han dejado todo para el último día y ahora se muestran acuciosos para tratar un problema que habían dejado latente en pasadas legislaturas.

En efecto, por mucho tiempo se ha buscado mejorar el esquema tarifario vigente.  El país ha logrado entender después de mucho tiempo que el servicio público que no se presta es el más caro y que las clases menos favorecidas tienen que pagar los costos más elevados por los servicios públicos.  Los hogares de más bajos ingresos tienen que comprar el agua por galones, mientras que el resto de los usuarios lo hacen por metros cúbicos.  Los hogares pobres tiene que cocinar con cocinol con graves peligros para la familia y, además, tiene que someterse a hacer colas interminables para gozar de este combustible.

La adopción de precios políticos ha incidido negativamente en las finanzas de las empresas y ha atentado contra la viabilidad financiera de las mismas, distorsionando de paso la asignación de recursos.  Más aún, la implantación de las sobretasas al comercio, la industria y los usuarios de mayores ingresos ha llevado a un incremento desmedido de las pérdidas negras.

La estructura de las tarifas de los servicios públicos bajo el impulso de un populismo salvaje llegó a ser insostenible.  Durante el gobierno del Presidente Betancur se inició el ajuste de las tarifas de energía.  Por medio de un Decreto se fijaron las tarifas típicas para todo el país y se comenzó el ajuste hacia el patrón nacional.  Los organismos multilaterales de crédito para colaborar en este propósito incluyeron en sus contratos de préstamo una cláusula en la que obligaban a las empresas a adoptar el nuevo esquema tarifario.

La sensatez tarifaria finalmente quedó consagrada en la nueva constitución en la que se establecieron unos lineamientos para el establecimiento de las tarifas de los servicios públicos.  Bajo el nuevo esquema se puso un limite a los subsidies y se trasladó la responsabilidad del pago de los servicios a los gobiernos nacional y local.  En desarrollo del mandato constitucional se definió un esquema regulatorio para los servicios públicos en los que se consagró como uno de los objetivos de las empresas la viabilidad financiera que debía lograrse con unos esquemas tarifarios en los que los subsidieos y las sobre tasas deberían estar limitados a unos porcentajes razonables.  Las leyes pusieron también un plazo máximo para la adopción del nuevo esquema tarifario.

Siguiendo la práctica lopista del "chamboneo", la Ley quedó mal hecha.  Los esquemas tarifarios, iguales para todos los servicios, resultaron insuficientes para asegurar la viabilidad financiera de las empresas lo que llevó a un ajuste no solo en la estructura sino también en el nivel de las tarifas.  Las comisiones reguladoras y las empresas prestadoras de servicio emprendieron un proceso de aprendizaje, a marchas forzadas, para poder cumplir con los requerimientos legales.  Los resultados obtenidos al aplicar las normas resultaron muy por encima de los que esperaban los funcionarios de turno.

La crisis política con la posibilidad de hacer una consulta popular para legitimar el mandato del Presidente se convirtió en el elemento necesario para frenar el ajuste de las tarifas de los servicios públicos. Argumentando, cínicamente, que la subida de las tarifas de los servicios públicos haría lo que no han podido hacer las revelaciones de las irregularidades de la campafia presidencial, los parlamentarios gobiernistas entraron a la hora de nona a diferir el ajuste en las tarifas de los servicios públicos.

Sin entrar a discutir la justicia de la medida se debe concluir que el Congreso sigue dando señales equivocadas al público.  En primer lugar, el afán de sacar una ley impide una discusión seria en la que se discutan los posibles efectos negativos de las medidas adoptadas haciendo necesario sus continuos cambios.  En segundo lugar, si todo puede ser cambiado los encargados de poner en funcionamiento los cambios pueden lograr bloquear la medida simplemente demorando su puesta en funcionamiento hasta el último momento.  En tercer lugar, si el gobierno, al igual que muchos padres, no esta dispuesto a cumplir con sus amenazas termina perdiendo la credibilidad.

Al final de cuentas lo único que queda claro de este episodio es que el país esta a la deriva.  El gobierno no tiene una política clara diferente a la de perpetuarse hasta el siete de agosto de 1998.  La posibilidad de entrar en una profunda crisis económica es cada vez más cercana.



lunes, 3 de junio de 1996

El milagro argentino visto por sus creadores

El secreto del éxito alcanzado por el programa de estabilización argentina esta en la noción de convertibilidad.

El Banco Mundial ha publicado recientemente un informe sobre su conferencia anual sobre la economía del desarrollo.  En este se presenta un interesante articulo de Domingo Cavallo y Guillermo Mondino con el titulo de "¿Un Milagro argentino?.  De la hiperinflación al crecimiento sostenido. " En este articulo, los autores, el actual Ministro de Economía de la Argentina y el Director de uno de los principales institutos de investigación de la Argentina, presentan sus puntos de vista sobre los resultados del Plan de Estabilización argentino.

El artículo se concentra en tres grandes temas.  El primero es el del crecimiento de la productividad y la reforma económica.  El segundo el del programa para la erradicación de la hiperinflación y el tercero el del costo social de las reformas.  En cuanto a la relación entre la estabilidad macroeconómica y el crecimiento de la productividad el trabajo explora a través de métodos econométricos la relación existente entre la estabilidad macroeconómica y el crecimiento.  El trabajo confirma el impacto negativo de unas altas tasas de inflación, enormes déficit fiscales y del mal manejo de la tasa de cambio en el crecimiento económico.

Los resultados presentados en el artículo muestran que la variabilidad de la tasa de cambio real y de la tasa de inflación tienen una fuerte incidencia en el crecimiento de la productividad.  Tomando como patrón la experiencia promedio de 50 países durante el periodo 1960-87, los autores encuentran que los resultados de las políticas de estabilización de la economía argentina darían lugar a un crecimiento de la productividad laboral del 4.5 por %. Este valor es considerablemente superior al observado en Argentina durante el período 1975-1990 (-2,8 %) pero inferior al 6,3 % observado en el período 91-94.

La diferencia puede explicarse, según los autores, por otras reformas llevadas a cabo durante el período  por el Ministro de Hacienda Cavallo.  Se destacan especialmente, en el artículo, el haber llevado los precios relativos a patrones internacionales y las reformas del comercio exterior las privatizaciones y la desregulación.  El ajuste en el precio relativo de los bienes de capital ha dado una gran dinámica a la inversión y por lo tanto ha contribuido al crecimiento de la productividad laboral.  Las reformas comerciales y la inserción de la Argentina en el comercio regional no solo ha permitido un comercio libre sino que le ha dado una estabilidad el largo plazo a las reformas comerciales.  La Argentina tiene ahora que comportarse como un socio equilibrado y no puede volver a los excesos en su política comercial y económica de pocas anteriores.

La privatización no solo ha contribuido a subsanar el déficit fiscal sino que ha contribuido a un impulso considerable de la inversión.  La inversión del sector privado en las empresas privatizadas ha llegado a más de la mitad del total de la inversión y se realiza ahora con criterios de eficiencia muy diferentes a los utilizados por los burócratas en el pasado.

El secreto del éxito alcanzado por el programa de estabilización está en la noción de convertibilidad.  Con las reformas emprendidas el peso argentino tiene ahora que competir con el dólar.  En lugar de prohibir las operaciones en dólares como se hizo en Colombia en 1966, el plan de convertibilidad obligó al peso argentino a convertirse en una alternativa eficaz.  En lugar de pensar que cualquier movimiento de la divisa americana era el resultado de una conspiración de fuerzas ocultas el gobierno argentino lo tomó como un indicador de una falta de confianza en las medidas económicas y que señalaban la necesidad de un ajuste.  El éxito en el control de la inflación ha requerido de una política fiscal seria y responsable pues cualquier reforma monetaria o cambiaria sin responsabilidad fiscal tiende a ser efímera.

Finalmente, el artículo, en la parte correspondiente a los costos sociales de la reforma, muestra los principales resultados obtenidos en lo referente al empleo y a la distribución del ingreso.  En el frente laboral el programa ha tenido efectos importantes en lo que se refiere al empleo pues en el periodo 90-94 ha logrado generar 515.000 nuevos empleos urbanos, casi igual a lo prometido en el Salto Social del actual gobierno colombiano.  Sin embargo, el desempleo ha crecido considerablemente debido en buena parte al crecimiento de la fuerza de trabajo en casi un millón trescientos mil.  La evidencia en cuanto a la distribución del ingreso parece mostrar una mejora leve, mientras que los indicadores de alivio de la pobreza son bastante atractivos pues la población por debajo de la línea de pobreza ha bajado del 47,5 por ciento en 1989 a un 19 por ciento.

Después de leer el artículo y aún aceptando que este puede presentar una visión muy particular no queda duda de la importancia de investigar de manera objetiva las experiencias exitosas de otros países para lograr mejorar la política económica colombiana.  En estos tiempos de reflexión es conveniente terminar con una cita del trabajo reseñado.  "La manera de salir del subdesarrollo es creando las condiciones para un rápido crecimiento de la productividad, permitiendo que los beneficios se irradien a toda la sociedad.  La experiencia con la reforma argentina en donde se logró tanto una victoriosa estabilización como un rápido crecimiento dentro de una democracia, debería ser un estudio de caso para los gobiernos reformistas".