La Privatización de la ayuda a las Instituciones meritorias

Para lograr una mejor asignación de recursos y disminuir el costo del manejo de las instituciones sin ánimo de lucro es necesario diseñar unos incentivos adecuados.

En estos días se ha venido comentando las dificultades que han venido pasando las instituciones sin ánimo de lucro. Algunas de estas instituciones están prácticamente paralizadas, debido a que los auxilios no han podido ser girados pues no hay ningún funcionario que se atreva a enfrentarse a una posible demanda.

Los abogados han venido proponiendo una serie de medidas que permitan resolver el problema jurídico que se presentó por el cambio en la Constitución. Indudablemente, es necesario que el Congreso defina la situación legal de los auxilios y que llene el vacío dejado en muchas materias. Las Corporaciones Regionales, por ejemplo, han quedado sin fuentes de recursos porque la constitución asignó a los municipios los impuestos sobre la propiedad raíz.

Para un economista el problema creado por los auxilios tiene una solución diferente. El problema de la mala destinación de ellos es simplemente un caso típico de un abuso de la posición de monopolio. Los auxilios son mal utilizados porque no están reflejando las preferencias de los consumidores, sino más bien las preferencias de unos privilegiados, a quienes se les concedió el monopolio de la decisión del destino de estos.

La triste realidad es que las preferencias de los que asignaban el gasto, casi nunca coincidían con las preferencias de los que ponían el dinero o sea los contribuyentes. Por lo menos en mi caso si me preguntaran que haría con mis impuestos, nunca se me hubiera ocurrido gastar mi dinero en beneficio de todos los proyectos en los que fueron gastados.

El ponerle una cortapisa legal es muy probable que sirva para que en el futuro los auxilios tengan una mejor utilización. Sin embargo, el problema persistirá. El encargado de las decisiones siempre tendrá en cuenta sus preferencias, y no los de la comunidad. El querer poner demasiadas condiciones a la utilización de los auxilios conducirá a una situación en que muchas de las instituciones meritorias, como los hospitales, no gocen de auxilios suficientes porque incumplen con alguno de los requisitos.

Adicionalmente, el exceso de regulación tiene un costo muy grande para la sociedad, pues el costo de administrar estos auxilios puede llegar a representar una fracción considerable del valor total. El neto que le queda a la institución, después de haber incurrido en altos costos en la tramitación, puede llegar a ser muy pequeño. Los administradores van a dedicar todo el tiempo a cumplir con una serie infinita de requisitos, y por lo tanto no podrán cumplir con sus labores de dirección.

Para lograr una mejor asignación de recursos y disminuir el costo del manejo de las instituciones sin ánimo de lucro es necesario inyectar incentivos adecuados. El administrador debe concentrarse en prestar un buen servicio y el contribuyente debe expresar sus preferencias sobre las obras en las que se debe gastar el dinero. Una manera de lograr esto es haciendo que sea más atractivo el apoyar las instituciones meritorias. Si el ciudadano tuviera un buen incentivo tributario para apoyar la institución meritoria de sus preferencias, se podría lograr que las instituciones se dedicarán a conseguir el apoyo de los contribuyentes probablemente buscando prestar un buen servicio.

Muchos podrían pensar que esta propuesta puede no tener validez, porque algunas instituciones no podrían contar con el apoyo suficiente, a pesar de un gran esfuerzo por despertar la solidaridad ciudadana. La respuesta a esta objeción sería que si se logra demostrar que dicha institución realmente debe existir, requería contar con un apoyo explícito del gobierno. Si se piensa que una entidad particular podría realizar más eficientemente la gestión, que una oficial, sería necesario realizar un contrato de administración con la entidad sin ánimo de lucro. El pago a este servicio debería reflejar el servicio prestado y no únicamente, un reconocimiento de los costos incurridos.