Las Rudi verdades sobre el salto social

Según la opinión del hoy consejero del BID, el plan de desarrollo tiene serias amenazas en cuanto a su financiación

El ex ministro de Hacienda Rudolf Hommes en su reciente visita al país hizo un comentario interesante relacionado con la financiación del plan de desarrollo del gobierno Samper. Según la opinión del hoy consejero del BID, el plan de desarrollo tiene serias amenazas en su financiación debidas a dos causas principales. La factibilidad de lograr los recursos que permitan una financiación sana del Salto Social reposan en las premisas de poder lograr aumentar la participación en el PIB del gasto del gobierno y en que es posible convencer al sector privado de que financie la inversión en infraestructura.

Con su habitual malicia, el doctor Hommes comentó que en su opinión el país no va a aceptar que se le aumenten los gastos del gobierno cuatro puntos del PIB por un periodo presidencial. Según la opinión del antecesor del doctor Perry, el haber logrado un aumento en la participación del gobierno durante la administración Gaviria va a hacer muy difícil que esta administración consiga que el público acepte un aumento en sus tributos. Este argumento tan válido podría resumirse en el famoso dicho popular que al perro no lo pueden operar dos veces. Si el gobierno anterior resultó más samperista que Samper, incrementando considerablemente la participación del gobierno, el nuevo gobierno tiene que darse cuenta que el palo no está para cucharas y que por tanto sus promesas como los deseos expresados en el Salto Social.

Si la primera premisa en que se basa la financiación sana del plan de desarrollo puede llegar a no ocurrir, la segunda, o sea la facilidad y conveniencia de disminuir la inversión del gobierno en infraestructura para aumentar la inversión social del gobierno, cada día se vuelve más incierta. Los recientes desarrollos en la financiación de los sectores de energía y transporte están mostrando que el sector privado no está interesado en participar en la financiación de estos proyectos bajo las reglas de juego imperantes en este momento.

El efecto tequila ha sido devastador en la financiación de la infraestructura. Los aumentos en las tasas de interés a la que los bancos privados están dispuestos a prestarles a los inversionistas en proyectos de infraestructura han puesto en stand-by los contratos que se habían adjudicado. La imposibilidad legal de considerar cambios en las condiciones financieras de los proyectos ha hecho que muchos de ellos tengan que ser sepultados. La incertidumbre creada por el Pacto Social sobre las tarifas de las empresas de servicio público ha contribuido a la parálisis de otros cuantos. La esperanza de que el sector privado pudiera financiar el desarrollo de la infraestructura ha quedado frustrada. Pretender que es posible transferirle riesgos tan grandes, como la financiación y gestión de los proyectos al sector privado no ha resultado tan fácil como se esperaba.

Más aún, la experiencia parece mostrar que los criterios simplistas de transferir al sector privado los riesgos es una política equivocada. Hasta los economistas de Chicago reconocen que un papel importante del sector público es asumir, mediante diversificación de su portafolio, una cartera de proyectos que minimicen el riesgo de grandes pérdidas. Esta función de diversificación de riesgos es tal vez una de las pocas razones válidas para aceptar la propiedad pública de las empresas de las empresas de servicio público en situaciones en que el mercado de capitales no es amplio. El gobierno se convierte en estas circunstancias de poco desarrollo financiero en un intermediario entre el capital extranjero y el capital local. Los prestamistas que no están interesados en prestarle al sector privado aceptan, gustosos, o bien la garantía de la Nación o al Estado como un intermediario de segundo piso al que le prestan para que éste a través del sector privado le preste al sector público.

Si aceptamos que en este momento reducir la inversión pública en infraestructura parece poco viable con mayor razón deberíamos aceptar que querer aumentar rápidamente el gasto social puede ser una gran irresponsabilidad. Si el gobierno tiene dificultades en manejar la inversión en infraestructura cuando existe una larga tradición de consultoría y ejecución de obras públicas por parte del sector privado, qué diríamos de manejar los proyectos de inversión social cuando no sólo no existe un sector privado con conocimientos adecuados sino que tampoco hay un consenso sobre lo que se debe hacer. En el campo social suele ocurrir que si uno le pregunta a un determinado número de expertos en el tema sobre la política a seguir, termina con más soluciones que entrevistados. Como bien lo decía Winston Churchill, si uno le consulta a cuatro economistas famosos puede recibir cinco soluciones que en el caso político británico, dos de ellas eran propuestas por Lord Keynes.

Lo ocurrido en los primeros nueve meses del gobierno Samper, ministerios del sector social totalmente a la deriva con sus directivos dando palos de ciego, es un mal presagio para un gasto eficiente de los recursos que se le puedan transferir. El Presidente, tan agobiado de problemas, debería sacar un tiempo para darle un vuelco total a las entidades del sector social. 

Hace veintiún años

Según personas allegadas al equipo económico de esa  época, las improvisaciones del entonces director de impuestos tuvieron al borde del colapso nervioso al Presidente López.

En estos días se ha comenzado a discutir el proyecto de reforma tributaria de la Administración Samper.  Sin entrar a discutir las consecuencias políticas de la propuesta reforma tributaria ni mucho menos pretender siquiera insinuar que el hacer una reforma tributaria en contra de las promesas electorales podría tener consecuencias parecidas a las que tuvo que sufrir George Bush al haber incrementado los impuestos después de haber dicho la frase famosa "Lean mis labios: no más impuestos", es importante hacer algunos comentarios.

En primer lugar, es conveniente volver a destacar que la práctica ha demostrado que ni el incremento en tarifas, ni las reformas tributarias son la solución definitiva para controlar el déficit fiscal.  La experiencia colombiana ha demostrado que el aumento de las tarifas lo único que hace es aumentar transitoriamente los impuestos y a la vuelta de algunos años el déficit vuelve a surgir en algunos casos con mayor virulencia.  La reforma tributaria de 1974 mostró claramente que el aumento de los ingresos dio origen a un incremento desmesurado de los gastos y los políticos encontraron atractivo apropiarse de los recursos para incrementar todo tipo de gasto.

En segundo lugar, el incremento de tarifas tiene como consecuencia un incremento en la evasión. La comentada reforma del 74 convirtió a todos los colombianos en evasores. Fueron de tal magnitud los incrementos de las tarifas y en especial el tratamiento de las llamadas ganancias ocasionales que a partir de ese momento las transacciones de finca raíz, entre otras, nunca más se volvieron a registrar por su valor real. A partir de 1974, las escrituras de compraventa de inmuebles se convirtieron en una gran medida en la que se registraban cifras inferiores al valor comercial de los inmuebles.  A partir de ese momento los choferes, jardineros y las empleadas de servicio doméstico se convirtieron en los principales inversionistas.  Algunas entidades del sector financiero tenían a la disposición de sus posibles clientes una lista de nombres con su respectivo NIT para que el inversionista pudiera evadir el impuesto sobre sus rendimientos financieros.  Esta práctica, sin duda, contribuyó en buena parte a la crisis del sector financiero en 1982.

En tercer lugar no debemos olvidar que el sistema colombiano está hecho para que la gente pague lo que quiera.  No hay instrumentos para controlar a los evasores.  La simplificación tributaria ha llevado a que no exista un registro en poder de la Administración de los valores recibidos por los contribuyentes.  Si uno quiere no declarar o declarar menos el Gobierno no está en capacidad de cruzar la información de lo declarado por un contribuyente y lo que debería aparecer en las declaraciones de los que hicieron los pagos como gastos deducibles. Los pocos controles existentes para asegurar que los contribuyentes que hacen las retenciones de ninguna manera pueden servir de control, por la sencilla razón que nunca se reporta una relación  del detalle de las retenciones. Si ese control se eliminó en aras de una simplificación tributaria es imposible tener un control real del contribuyente. La mejora real del control no necesita una reforma sino apenas de decisiones por parte del gobierno. 

Por si fuera poco, se vuelve a insistir en aumentar los impuestos  a los vehículos estableciendo unas tarifas diferenciales según el tipo de vehículo que lo único que hacen además de dificultar enormemente la administración tributaria, es darle un nuevo aire a la demanda, de los llamados vehículos suntuarios. Este anuncio, que a lo mejor no termina en nada, lo que hace es que los ricos se apresuren a comprar los vehículos antes de que se establezcan los impuestos.  Eso ya pasó en el 74, en el reciente pasado cuando el profesor Garay lanzó esta propuesta.  Desde ese mismo momento se comenzó a gestar el déficit en cuenta corriente pues todo el que tenia algunos ahorros se lanzó a comprar vehículos antes de que les pusieran los elevados impuestos sugeridos por tan destacado analista.

El tratamiento que se le ha venido dando a los cambios procedimentales es un mal signo para lo que se viene.  El doctor Perry ha lanzado ideas para mejorar la recaudación de impuestos tales como el cobrar una retención en la fuente a los comerciantes a través del sistema de tarjetas de crédito sin haber sido estudiadas a cabalidad.  Para los que tienen buena memoria precisamente esto fue lo que sucedió en la reforma del 74. Las medidas se debían cambiar a cada instante porque el Doctor Perry parece que no hacía bien su tarea. Según personas allegadas al equipo económico de esa  época, las improvisaciones del entonces director de impuestos tuvieron al borde del colapso nervioso al Presidente López.

En resumen, la reforma no solo es totalmente contraria a las propuestas de la campaña  sino que tiene vicios que ya parecían enterrados y que infortunadamente vuelven a reaparecer.  Los errores cometidos por el Doctor Perry en 1974 cuando era Director de Impuestos vuelven a  reaparecer a los veintiún años.