Los problemas del Profesor Hommes

El control de la inflación que parecía estar a tiro de as se torna dudoso.

La Administración Gaviria le está pasando lo mismo que a nuestro representante en la Copa Libertadores de América. En los últimos minutos del partido está perdiendo toda la ventaja que había acumulado en un buen primer tiempo. Con los últimos acontecimientos económicos, los hinchas del Ministro de Hacienda estamos sufriendo lo mismo que los seguidores del Profesor Maturana.

El caso de la caída de los Rudi bonos es un ejemplo que ilustra lo anterior. Las reformas tributarias generaron abundantes recursos para tapar el hueco fiscal. Con una situación relativamente holgada en el campo de los ingresos, el gobierno pudo mantener una dura posición de labios para afuera pero en el fondo bastante generosa.  Los recursos permitieron aumentarles el precio interno a los sufridos cafeteros, aumentar el gasto militar y financiar la liquidación de Colpuertos y el retiro de algunos funcionarios del Senado. El Ministro de Hacienda siempre se oponía a los aumentos pero muchas veces terminaba aceptando las demandas de los gremios y grupos de presión.

En lugar de aumentar la ventaja lograda en el frente fiscal abocando problemas como las bajas tarifas residenciales de las empresas de servicios públicos y un bajo precio a la gasolina, el gobierno se confió. La situación se complicó cuando al equipo del profesor Hommes le anularon dos golecitos por fuera de lugar. El primero fue el de la aplicación inmediata del IVA y el segundo el de los bonos de guerra. Pareciera entonces que en política económica también se aplica el famoso dicho futbolero: "el que no hace los goles los ve hacer".

Al igual que al Profesor Maturana le ha tocado afrontar la indisciplina del Palomo y el Checho al Ministro de Hacienda le ha tocado retirar a los Doctores Piza y Zarama por esta misma causa, pues como muy bien lo dijo en donde manda capitán no manda marinero. La angustia de los defensores de la política económica es muy grande pues a medida que se acercan las elecciones el gobierno se va quedando solo.

Con el transcurrir del tiempo se ve cada vez más difícil lograr las metas económicas. El control de la inflación que parecía estar a tiro de as se torna dudoso. Como lo han mostrado las recientes estadísticas la cifra nacional está a un solo punto de la meta fijada y ya hay seis ciudades en donde ya se ha alcanzado la meta del gobierno. El incremento del déficit fiscal puede ahora hacer imposible obtener un control duradero de la inflación.

El respaldo político del partido de gobierno es cada vez más precario. Es muy probable que en julio el actual gobierno haya perdido todo su respaldo de su gobierno. El precandidato que va punteando las encuestas actual embajador en España tratará de distanciarse cada vez más del gobierno. El Ministro de Agricultura continuará con su política de oposición desde el edificio Pedro A López. Los otros candidatos liberales sin cuota ministerial arreciarán sus críticas a la política económica y criticarán lo realizado hasta ahora.

  

Los próximos meses prometen ser de infarto no solo por los partidos de nuestros representantes en la Copa Libertadores, Copa América y selección al mundial sino para los hinchas del Ministro de Hacienda. 

La modernización del Estado

La obtención del certificado de movilización en Colombia ilustra perfectamente la manera como las reformas complican procesos ya de por si bastante complejos.

  

En estos días se ha vuelto a poner sobre el tapete el tema de la modernización del Estado. Los famosos decretos elaborados hace cuatro meses se han comenzado a caer. El ciudadano común y corriente no logra asimilar los cambios efectuados en la manera como funciona el Estado. La dura realidad cotidiana nos confirma que el avance hacia la modernización es lento y penoso. El Estado a todos sus niveles sigue siendo tan ineficiente como siempre.

El proceso de modernización del Estado en Colombia es tortuoso por nuestra costumbre de incorporar las reformas en un esquema obsoleto. Aquí traemos ideas de otros países que adoptamos sin eliminar los tortuosos procedimientos existentes. El resultado obvio es que el Estado es más lento y corrupto. En lugar de simplificar terminamos complicando los procesos existentes.

La obtención del certificado de movilización en Colombia ilustra perfectamente la manera como las reformas complican procesos ya de por si bastante complejos. Ante el deplorable estado de algunos vehículos en circulación y para reducir el riesgo al público a alguno de nuestros genios se les ocurrió adoptar el procedimiento utilizado en algunos sitios de los Estados Unidos. Para poder circular en algunos Estados es necesario obtener una calcomanía que muestre que el vehículo se ha revisado. A diferencia de lo que ocurre en Colombia en Estados Unidos el proceso es relativamente sencillo. Basta ir a una estación de servicio cercana  para hacer la revisión. Los carros son revisados rápidamente y en caso en que esté en perfecto estado la calcomanía es colocada inmediatamente.

En Colombia, para poder conseguir el certificado de movilización es necesario pagar impuestos, pagar las multas, sacar un paz y salvo y llevarlo a un CADE a que le pongan un sello. El poder cumplir con todos estos requisitos no es muy fácil pues muchos días en el CADE no hay sistema y para poder conseguir que le pongan el Sello es necesario antes ir a hacer colas interminables en la sede del Automóvil Club, en Paloquemao o en Alamos para obtener el bendito paz y salvo. Pero si esto fuera poco, antes de poder ir a la revisión es necesario consignar en una oficina de un banco el valor de los trámites ante la tesorería distrital y el Intra y además comprar un seguro obligatorio.

Esta innumerable serie de requisitos que en los Estados Unidos ni se contemplan tornan imposible algo que en un país civilizado es sencillo. No es de extrañar que se diga que en Bogotá hay ciento cincuenta mil vehículos que circulan sin certificados de movilización o con certificados falsos. Para el pobre ciudadano que hace todo lo mandado por la ley lo que le extraña es como es posible que haya trescientos cincuenta mil ciudadanos que cumplan la ley y obtengan su calcomanía legalmente.

La verdadera modernización del Estado se logra reduciendo los trámites innecesarios. Por tanto en un Estado moderno para obtener el certificado de movilización no se debe requerir pagar los impuestos. El Distrito debe tener mecanismos idóneos para cobrar los impuestos y para imponerle multas al que no cumple con esta obligación. También se debe acabar con la obligación de pagar multas como requisito para obtener el certificado de movilización. En Colombia las infracciones de tránsito, por ley, se les imponen a los conductores y no a los dueños de los vehículos por tanto el obligar a pagar estas multas a quien no es responsable es abiertamente ilegal.

El ciudadano tiene que participar en el proceso de modernización, tiene que involucrarse en el debate y exponer sus opiniones. No puede ser el sujeto pasivo de reformas concebidas a sus espaldas. Las reformas a la seguridad social, al SENA, al ICA y a las demás entidades tendrían una mayor aceptabilidad si son sometidas a un amplio debate antes de ser aprobadas. 

Economía hamburguesa

El determinar el nivel de equilibrio de la tasa de cambio es un proceso bastante complejo.

  

En los últimos días ha vuelto a tomar vigencia la discusión sobre la tasa de cambio real. El Ministro de Agricultura recordando sus tiempos de FEDESARROLLO y de asesor del Doctor Samper ha comenzado a criticar la política económica del gobierno y del Banco de la República. En efecto, el Ministro ha entrado a apoyar la tesis de la Asociación Nacional de Exportadores sosteniendo que debe acelerarse la devaluación para dar una mayor competitividad a las exportaciones y en especial a las del sector agropecuario.

Se me hace muy interesante la posición del Ministro Ocampo por varias razones. La primera, porque encuentro una mayor acogida a mi posición de que uno de los grandes obstáculos a un proceso de apertura es la revaluación de la tasa de cambio que se ha dado durante este gobierno. La segunda, porque me complace que el mismo Doctor Ocampo ha abandonado la posición que tenía durante el gobierno del Presidente Betancur en contra de la devaluación como un instrumento de política para mejorar la posición competitiva del país. En esa época FEDESARROLLO sostenía que cualquier aumento en el ritmo de devaluación se traducía en un aumento en la inflación que posteriormente neutralizaba el efecto favorable de la misma devaluación.

El aumento en el apoyo a una aceleración en el ritmo de devaluación del dólar nos debe poner a pensar cuál debe ser realmente el nivel de la tasa de cambio de equilibrio de la economía colombiana. La manera como el Banco de la República ha venido determinando su meta de tasa de cambio real tiene que ser revaluada. El utilizar el crecimiento de los precios al por mayor parece no ser el más adecuado en este momento. Lo mismo puede decirse de considerar como ideal la tasa de cambio real obtenida en 1986. No podemos olvidar que si bien en esa época la balanza de pagos estaba en equilibrio, la economía estaba protegida por altos aranceles y mecanismos de licencias de importación. La experiencia con los procesos de apertura y la misma lógica económica nos ha enseñado que cuando se eliminan las restricciones del comercio éstas deben ser reemplazadas por una devaluación real de la moneda.

El determinar el nivel de equilibrio de la tasa de cambio es un proceso bastante complejo. Sin embargo, como lo muestra el último número del Economist, es posible llegar a estimativos de la tasa de cambio de equilibrio mediante cálculos muy sencillos. Esta importante publicación ha encontrado que se obtiene una aproximación a la tasa de cambio mediante la comparación del precio de la famosa hamburguesa Big Mac producida por la cadena McDonalds.

En la mencionada publicación se calcula el precio de la tasa de cambio de equilibrio para veinticuatro países a partir del valor del Big Mac en dichos países y en Estados Unidos. En efecto la tasa de cambio de equilibrio calculada es simplemente el valor del Big Mac en cada país por el valor del Big Mac en los Estados Unidos. Esta regla nos indica que en la Argentina la tasa de cambio debería ser de 1.58 pesos por dólar en lugar de la oficial de un peso por dólar y que en México la tasa de cambio oficial es prácticamente igual a la de equilibrio.

Como todos sabemos la cadena McDonalds no ha podido entrar a Colombia porque nuestros tecnócratas habían considerado que no era justificable pagar regalías por una tecnología tan sencilla. Por tanto la determinación de la tasa de paridad por el método del Big Mac no es tan sencilla. En el caso colombiano, es necesario tratar de establecer cual sería el precio de un Big Mac. Para esto es necesario establecer una hamburguesa comparable con el patrón internacional. Después de consultas con mis asistentes y con mis hijos, todos ellos especialistas en comidas rápidas, pude establecer que un precio razonable para una hamburguesa como el Big Mac sería de 2.300 pesos. Si se considera que el Big Mac en Estados Unidos vale 2 dólares con veintiocho centavos podríamos concluir que la tasa de cambio de equilibrio en Colombia sería de mil pesos por dólar. Este simple ejercicio vendría a corroborar el planteamiento de ANALDEX y a reforzar la posición recientemente asumida por el Ministro de Agricultura.

Una propuesta digna de ser estudiada

 Como muy bien lo anotaba el anterior Gerente de la EEB para lograr garantizar una mayor confiabilidad es necesario contar con niveles adecuados en los más grandes embalses y en especial en los embalses agregados de la sabana y en el Peñol.

Al comienzo de la semana se posesionó el nuevo gerente de la Empresa de Energía de Bogotá. Deseamos muchos éxitos al Doctor Mauricio Cárdenas en su gestión en la EEB. Al anterior Gerente lo felicitamos por su labor y en especial por haber logrado que el Proyecto Guavio entrará a generar y a contribuir a la disminución del apagón. Entre las iniciativas que no alcanzó a poner en funcionamiento el Doctor Calderón durante su corta gestión es conveniente recordar su propuesta de buscar llenar los embalses multianuales. Como muy bien lo anotaba el anterior Gerente de la EEB para lograr garantizar una mayor confiabilidad es necesario contar con niveles adecuados en los más grandes embalses y en especial en los embalses agregados de la sabana y en el Peñol. La idea es bien interesante pues esto permitiría sortear más fácilmente los problemas causados en años con pocas lluvias.

La propuesta consiste en pagar a las empresas de energía por no generar con el agua de sus embalses durante los años con buenos regímenes de lluvias, con el fin de poder entregar un alto nivel de embalses al concluir el año con abundantes lluvias. Esta política de ahorro únicamente se justifica para los embalses multianuales pues en los otros como Chivor y Betania no existe suficiente capacidad de almacenamiento.

Aunque la propuesta del anterior Gerente es bien atractiva existen una serie de interrogantes que deben irse resolviendo. En primer lugar, debe tenerse presente que para poder llenar los embalses multianuales es necesario contar con un excedente en el resto del sistema que permita satisfacer la demanda sin tener que usar el agua almacenada en los embalses. En estos momentos no parece que el sistema cuente con un margen de maniobra suficiente para poder reducir las descargas de los embalses multianuales. Para poder llenar los embalses se deberían mantener en magnífico estado todas las otras plantas para poder utilizarlas en el período de lluvias a plena carga.

En segundo lugar, para poder lograr aumentar los embalses se requiere que los dueños de los embalses o sea EPM y la EEB encuentren atractivo, desde su propio punto de vista, el no utilizar el agua de sus embalses para generar. Según el Doctor Calderón una manera de hacer atractivo que las dos empresas más grandes de Colombia no generen sería mediante un subsidio pagado por el gobierno o por el resto del sistema eléctrico nacional. El monto del subsidio y la forma de pago no ha sido definido. La idea parece ser que el gobierno compensara a las empresas por el costo de oportunidad incurrido. Como el agua se piensa ahorrar para utilizarla en los años secos la compensación que debería hacer el Gobierno a las empresas sería equivalente al interés dejado de percibir por las empresas durante el período en que mantuvieran almacenada el agua. Otra manera equivalente, sería que el gobierno comprara agua en el período de lluvias a las Empresas y lo guardara en los embalses hasta que fueran necesario utilizarla en un año de sequía.

Es claro que este esquema podría generar una serie de dificultades. En primer lugar, haría que el gobierno se viera involucrado en la operación de los embalses y que por lo tanto las decisiones se volvieran más políticas de lo que ahora son. No es muy difícil pensar el gran incentivo que tendría el gobierno para utilizar sus ahorros de agua en vísperas pre-electorales. La determinación de las compensaciones a las grandes empresas sería también motivo de grandes controversias. Si el Gobierno quiere favorecer a las grandes empresas podría fijar altas compensaciones. Si por el contrario quiere extraer parte de las ganancias de las grandes empresas fijaría compensaciones muy bajas.

Si lo que se busca es lograr ahorros en las épocas de mucha lluvia para utilizar el agua en épocas de poca lluvia pareciera mucho más sencillo establecer un esquema en donde se permitieran tarifas diferenciales por estación seca y por estación lluviosa. Si las dos empresas más grandes pueden cobrar más en la estación seca que en la estación lluviosa, tendrían un incentivo para ahorrar el agua de sus embalses multianuales para poderlos utilizarla en la época en que les produjera una mayor ganancia. Si el esquema de tarifas está bien calculado, se podría lograr que las empresas se comportaran de la manera óptima para la sociedad al querer maximizar sus ganancias. Este esquema de tarifas tendría la gran ventaja adicional que los consumidores reducirían su demanda en las estaciones secas contribuyendo a disminuir las posibilidades de apagón. 

La eliminación del certificado de cambio.

La presente administración si bien ha buscado poner punto final a prácticas obsoletas, no deja de tener sus pecadillos manteniendo medidas más allá de lo necesario.

No hay nada más peligroso que una medida transitoria cuya vigencia se prolonga más de lo estrictamente necesario. El apretón monetario de 1976 establecido para controlar la bonanza cafetera, al prolongarse más allá de lo debido dió origen a la crisis del sector financiero en el 82. La política de sustitución de importaciones justificada como una medida temporal para apoyar las industrias durante su infancia se convirtió en un esquema de seguridad social para industrias que nunca tuvieron viabilidad económica.

La presente administración si bien ha buscado poner punto final a prácticas obsoletas, no deja de tener sus pecadillos manteniendo medidas más allá de lo necesario. La utilización del certificado de cambio como un método de control monetario es, en mi opinión, un claro ejemplo de un instrumento que completó su vida útil y que debe ser desmontado lo antes posible. La medida tomada en junio de 1991 de emitir certificados de cambio a tres meses y su ampliación a 12 meses hecha en octubre del mismo año, fueron bastante útiles pues le dieron a la autoridad monetaria un margen para tomar otras medidas que contrarrestaran los efectos negativos de la política macroeconómica vigente en ese momento.

Es claro que la situación de hoy en día es muy diferente a la que existía cuando se tomo esta medida. En esa época, debido a las expectativas de una disminución del precio de las importaciones, éstas se encontraban estancadas, lo que unido a unas exportaciones dinámicas tenía como consecuencia un superávit comercial considerable. El atacar la enfermedad directamente mediante una revaluación acompañada de una congelación de recursos haciendo que los costos de la restricción monetaria cayera en los exportadores parecía razonable. 

El superávit comercial ha desaparecido y el sector exportador se encuentra en dificultades. En estas circunstancias la única razón para mantener el uso del certificado es evitar el posible impacto de su desmonte brusco. El impacto en otros sectores como el cambiario o en la rentabilidad de las actividades bursátiles es menor y puede ser manejado fácilmente.

Una manera de ir terminando gradualmente con los certificados de cambio es reducir su alcance, esto es, exonerar de la obligación de recibir certificados de cambio a algunos productores. Por ejemplo podría eliminarse el certificado de cambio para las exportaciones agrícolas buscando mejorar la rentabilidad del sufrido gremio agropecuario. Sin embargo, esto implicaría de hecho el uso de tasas de cambio diferenciales, práctica un tanto peligrosa y poco aceptable por los organismos internacionales como el FMI o el Banco Mundial que están siempre en contra de estos subsidios o impuestos implícitos inherentes en las tasas de cambio diferenciales.

Parece mucho más lógico y transparente desde el punto de vista económico ir reduciendo gradualmente el período de maduración de los certificados de cambio. Esta disminución debería hacerse en varias etapas para evitar problemas en el manejo cambiario y monetario. El siguiente esquema podría servir de base para una eliminación gradual del tipo de cambio. El próximo primero de mayo el período de los certificados debería reducirse a once meses. A los dos meses, o sea el primero de julio de 1993, el período de los certificados se volvería a reducir otro mes. Este proceso de reducción, un mes cada dos meses se repetiría hasta que en enero de 1995 los certificados tuvieran una vigencia de solo un mes.

El esquema propuesto permitiría una disminución gradual del saldo de certificados de cambio del nivel de 1.200 millones de dólares hasta su desaparición en febrero de 1995. La eliminación del certificado permitiría no solo aumentar el ritmo de devaluación sino que eliminaría una serie de distorsiones existentes.