A diferencia del norteamericano que está consciente de que el sistema se sostiene por el pago de sus impuestos, el colombiano está convencido de que el Estado y los políticos le están haciendo un favor al prestarle los servicios. Nunca siente que tiene voz en las decisiones que le atañen a el y a su familia.
El colombiano tiene fama de impaciente. Sin embargo, en algunos casos su paciencia supera cualquier límite razonable. Aunque la Constitución consagra su derecho a obtener educación primaria gratuita, no tiene el menor inconveniente en sacrificar muchas comodidades para financiar el pago de pensiones de sus hijos. No se pone a pensar que está pagando dos veces por formar a sus hijos: directamente al colegio e indirectamente a través de sus impuestos.
Su paciencia es evidente también en sus relaciones con las burocracias que administran la educación. A diferencia del norteamericano que está consciente de que el sistema se sostiene por el pago de sus impuestos, el colombiano está convencido de que el Estado y los políticos le están haciendo un favor al prestarle los servicios. Nunca siente que tiene voz en las decisiones que le atañen a el y a su familia.
Como consecuencia de esta actitud, la calidad del servicio recibida es cada día peor. Los padres de familia no tienen ningún control sobre lo que les enseñan a los hijos. Aún más, dadas las escasas oportunidades de acceso a la educación oficial, ni siquiera puede hacer uso del derecho a protestar retirando a sus hijos de la escuela a la que fueron asignados.
El doble cobro no solo se da en la educación primaria sino también en los otros niveles. Los padres que desean una buena educación secundaria y superior para sus hijos deben seguir pagando a los particulares y al fisco. Las universidades públicas colombianas que por mucho tiempo fueron ejemplares dentro de Latino América y que fueron instrumento importante para el surgimiento de una clase profesional vigorosa, han perdido su atractivo. Hoy en día la clase política y empresarial se está formando en las universidades privadas.
El deterioro relativo de la universidad pública ha ocurrido durante una época en que los costos reales han experimentado aumentos considerables. La participación de los ingresos por matrículas en las universidades públicas es muy bajo, como reflejo de los altos subsidios otorgados a los que entran a ellas. Mecanismos poco rigurosos de selección y mantenimiento de dichos subsidios, generan comportamientos de alto costo social pues incentiva la prolongación innecesaria de las carreras de muchos de los estudiantes. No es difícil encontrar en las universidades públicas "estudiantes de profesión" que permanecen por varios lustros concientizándose de los problemas del país.
Los trabajadores colombianos también pagan doble. Para capacitarse muchas veces deben aceptar salarios temporalmente bajos en las firmas que les brindan entrenamiento. Otras deben sacrificar tiempo y dinero para estudiar en institutos de formación media. Cual quiera que sea la opción escogida por el trabajador para su capacitación, sus patronos deben girar a su nombre las contribuciones al SENA.
La posibilidad de influir en las decisiones de esta Institución oficial encargada de la capacitación es absolutamente inexistente. Los trabajadores no tienen información sobre los cursos que se dictan. A diferencia de la amplia gama de opciones existente en el campo del Subsidio Familiar, no hay alternativas para la vinculación a las Instituciones de Capacitación. En la capacitación se repite el fenómeno observado en la educación. O se paga doble o se acepta lo que ofrece una institución distante en la que el ciudadano no tiene ni voz ni voto.
En la salud y la seguridad social en Colombia se repite de nuevo lo observado anteriormente. El que quiere algo de buena calidad debe pagar doble y el que no tiene medios debe aceptar lo que se le ofrece. Los afiliados a las instituciones de seguridad social que se aventuran a utilizar los servicio de salud, muy pronto comprueban que a pesar de la magnífica voluntad de algunos de los empleados del Seguro, la experiencia es traumática. La institución obedece a unos objetivos enteramente diferentes a los de los afiliados. La minimización del número de empleados del Instituto y la utilización intensiva de las instalaciones, van en contravía con objetivos más racionales en el que se considere el tiempo de los usuarios y el buen estado de salud de la población.
La igualdad entre desiguales contribuye a la deserción de los que pueden pagar el servicio. El principio del que primero se arrodilla se confiesa, aunque plausible en algunos casos, se torna inconveniente cuando hay una gran diversidad en el valor asignado por cada trabajador a su tiempo. Al negar la posibilidad de pagar tarifas diferenciales por algunos de los servicios, se generan situaciones en las que la atención preferencial refleja la aplicación de criterios, como la amistad o el poder, que no tiene nada ver con los de equidad y eficiencia.
El monopolio en la prestación de servicios y la ausencia de opciones tiene efectos negativos en la eficiencia del seguro social. Los costos de prestación de los servicios de salud tienden a crecer más rápido que el de los demás componentes de la canasta familiar. Adicionalmente, la política de no cobrar por los servicios prestados contribuye a aumentar su demanda.
La paciencia del colombiano, puede estar llegando a su límite. Los gobiernos de esta década tienen la obligación de plantear soluciones audaces a la situación del sector social. La mejora en la eficiencia y la ampliación de las opciones ofrecidas deben formar parte de las plataformas de nuestros partidos en los tres últimos gobiernos del siglo XX.
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