Protesta de la sociedad protectora de golondrinas

A nadie puede escapar los problemas que se pueden generar cuando una decisión sobre materia cambiaria se mantiene en el congelador.

En estos días la Junta Directiva del Banco de la República decidió hacer unos ajustes en la política cambiaria. En efecto, la semana pasada se efectuaron cambios en la denominada banda de flotación para el dólar. Antes de tratar de entender si esto nos va a favorecer o a perjudicar es conveniente recordar la manera como opera esta banda de flotación. El Banco Central a través de su Junta Directiva establece  un tope máximo o techo para el valor del dólar y a partir de éste se compromete a intervenir en el mercado cambiario vendiendo dólares a quien lo solicite. Adicionalmente, el Banco Central establece un precio mínimo o piso y se compromete a comprar dólares  a ese precio a quien quiera que le ofrezca dólares. Dentro de la banda de flotación, aunque el Banco Central puede intervenir como lo considere conveniente, por regla general, se dejan operar las fuerzas de la oferta y demanda para determinar el valor de la divisa norteamericana.

Esta regla de operación, en condiciones normales minimiza el impacto de los desequilibrios internos en la oferta monetaria y por lo tanto reduce las presiones inflacionarias. Sin embargo, cuando el dólar toca fondo el Banco de la República tiene que comprar dólares para lo cual tiene que o bien dejar crecer los medios de pago por encima de las metas fijadas o emitir títulos a través de Operaciones de Mercado Abierto lo que tiene, a su vez, como consecuencia un aumentó en las tasas de interés.

Al ampliar la banda de flotación, el Banco de la República y el gobierno estaban reconociendo que la revaluación del último año fue muy superior a lo contemplado hace doce meses y que por lo tanto era necesario hacer ajustes en su política de intervención. El cambio en la política cambiaria es también un reconocimiento de que las medidas de control de crédito resultaron impotentes para contener el chorro de dólares que querían venir a Colombia a gozar de las altas tasas de interés y de la posibilidad de una revaluación de la moneda local.

La medida debe entenderse, entonces, más como un reconocimiento de que la situación estaba llegando a extremos insostenibles y como un intento de recuperar uno de los principales instrumentos de política económica. No puede entenderse como una solución a los problemas percibidos por los agentes económicos. No podemos ignorar que el fuerte aumento en endeudamiento externo privado que ha sido una de las principales causas de la entrada de divisas es una decisión bastante racional de los agentes económicos que han percibido que tanto el  Pacto Social como el Salto Social lleva inexorablemente a una fuerte revaluación del peso frente al dólar.

Si nuestro análisis de que el principal efecto de la medida es recobrar un instrumento adicional en el manejo de la política económica es correcto uno podría pensar que la medida debería ser aceptada por todos y que lo que se debería era cuestionar si la política que han definido las autoridades económicas es la correcta. Infortunadamente, en lugar de buscar un consenso en torno a una medida inevitable se ha realizado un debate infortunado en torno al momento en que se debería tomar la medida. Para el Gobierno la medida ha debido tomarse cuando todos estuviéramos cantando villancicos abriendo los regalitos de navidad, mientras que para el Banco de la República era necesario hacerlo lo más rápidamente posible. La impresión que le queda al común de la gente es que no solo existe una gran descoordinación entre las autoridades económicas sino que el Gobierno trata de quedar bien con todo el mundo aunque para ello tenga que cambiar de posición entrando en conflictos con la Junta Directiva del Banco de la República. Nadie puede entender como el Presidente de la Junta Directiva del Banco de la República puede estar en desacuerdo con  los otros miembros en aspectos tan importantes como el manejo cambiario.

El Ministro ha sido desafortunado al buscar una pelea con la Junta Directiva en un asunto en que la razón estaba más de su lado que la  del Gobierno. A nadie puede escapar los problemas que se pueden generar cuando una decisión sobre materia cambiaria se mantiene en el congelador. Mantener una tasa de cambio fija en un valor insostenible ha sido siempre el mayor incentivo para la entrada o salida de  los llamados capitales golondrina. Cuando el gobierno está obligado a comprar o vender divisas a un precio a todas luces fuera de línea con su valor de equilibrio los especuladores en el mercado cambiario hacen su agosto pues nunca pueden pecar por exceso. Las presiones sobre la divisa se vuelven insostenibles aún en economías tan importantes como la americana, la alemana y la japonesa. Como podríamos pensar que el Banco Central de Colombia pueda defender el dólar cuando la emisión de más títulos lo único que lograría sería aumentar las pérdidas del Banco de la República afectando al mismo tiempo la situación fiscal. Diferir la entrada en vigencia de la nueva banda es incentivar la entrada de divisas  garantizándoles retornos abundantes. 

La congelación de la ciudad

A nuestra querida Bogotá le sucede lo mismo que nos ha ocurrido a los que vivimos en una casa vieja que se ha sometido a un proceso permanente de remodelación.

                                                                                                                                                                   

Cuando uno transita por las calles de la capital se da cuenta que su mal estado se encuentra muchas veces asociadas al progreso. No solo el mayor número de vehículos y el aumento del tamaño de los buses de servicio público ha deteriorado el pavimento sino que también la construcción acelerada de algunos barrios y la renovación de otros han contribuido a acabar las calles de la ciudad. Las construcciones de edificios en las zonas consolidadas son sin lugar a dudas el enemigo número uno de nuestras calles. En efecto, la ocupación de vías durante la construcción, la rotura de las calles para hacer las conexiones de los servicios públicos y el tránsito de los camiones  cargados de materiales y del concreto tan necesario para las nuevas  construcciones son los grandes culpables de la mayoría de los huecos que se encuentran en los barrios que están progresando.

Este proceso no se ha dado solamente en estos treinta meses de soledad. Esta permanente lucha entre el progreso y la infraestructura vial es de vieja data solo que con el boom de la construcción sus efectos se han hecho más visibles. En esta lucha entre el progreso y el deterioro, las autoridades tienden a dejar los huecos sin arreglar pues piensan que sus esfuerzos serán inútiles a medida que se abra otra obra en la misma cuadra.  Cuando se tapan los huecos, el dolor de cabeza es para la Secretaria de Obras pues más se tardan unos en arreglarlos que otros en abrirlos de nuevo. Lo triste de esta situación es que tanto la Administración como la ciudadanía terminan conformándose con vivir en una ciudad totalmente deteriorada.

 La casa que se remodela poco a poco vive llena de tierra por las obras permanentes y los remiendos quedan como parches. Los pisos quedan llenos de cicatrices causadas por las instalaciones domiciliarias de los servicios públicos. Los habitaciones terminan totalmente diferentes, los tapetes son de diferente colores y texturas pues cuando se le llega el turno a una pieza la referencia del tapete que tanto nos gustó ya no se produce. El no pensar todas las implicaciones de las reformas y el no consultar con un experto en remodelaciones es el método más costoso de remodelar nuestras viviendas.

De la misma manera el hacer la renovación urbana de a pedacitos sin un plan maestro urbano es la mejor receta para despilfarrar la plata de nuestros impuestos y mantener la ciudad en un estado de deterioro permanente. Lo que se necesita entonces al nivel de la ciudad es parar de una vez por todas este proceso de renovación gota a gota. La nueva administración debería entonces congelar el otorgamiento de licencias de construcción en la mayoría de los barrios de la ciudad concentrándose en algunas de las zonas que cuenten con un plan maestro de desarrollo.

Estos planes de desarrollo urbano, tal como lo ordena la nueva constitución deben ser el resultado de un proceso de consulta popular en el que los vecinos de los barrios intervengan para definir el tipo de construcciones que se pueden hacer. Los planes urbanos deben incluir no solo las normas de construcción, sino que además deben contar con estudios de impacto ambiental en un sentido amplio. Estos estudios de impacto ambiental urbano deben estimar entre otros el efecto de las nuevas viviendas en el tráfico vehicular y deben asegurar que el entorno urbano en especial el espacio público no sufra un deterioro como consecuencia de las nuevas construcciones.

El Alcalde Mockus y el nuevo Concejo deben pensar seriamente la posibilidad de declarar la moratoria de la construcción por los próximos tres años en buena parte de la ciudad. Si nos dieran una oportunidad de votar en nuestro barrio o en nuestra  manzana la mayoría estaríamos dispuestos a congelar nuestra zona con el deseo de trabajar en los próximos tres años en mejorar nuestro ambiente y contar con los servicios públicos. Estos tres años los podríamos dedicar a pensar cómo queremos vivir, qué cambios tenemos que hacer en nuestro entorno urbano y probablemente en conocernos mejor con nuestros vecinos y participar en la creación de un nuevo entorno urbano.

El Pacto Social

Estamos acercándonos al momento de la verdad del pacto social. Las discusiones entre empresarios, trabajadores y gobierno han permitido un acercamiento en lo que se refiere a la determinación de los precios, sin que se esté cerca en el campo de los salarios.  La diferencia básica parece residir en que el gobierno espera que los salarios se fijen en función de la inflación esperada aumentada por la productividad mientras que los trabajadores y empresarios creen que lo mejor es reajustar los salarios en términos de la inflación del año anterior.

Aunque determinar cuál es realmente el aumento de productividad en el año anterior es bastante difícil, se puede decir que en promedio la economía ha aumentado su productividad entre un dos o tres por ciento cada año. Por lo tanto si estamos pensando en un aumento del 18 por ciento de los precios los salarios podrían subir, en una economía cerrada, hasta en un veintiún por ciento el próximo año sin que se experimentaran graves problemas para la política de estabilización.

Sin embargo, cuando se considera una economía abierta a la competencia de carácter mundial el criterio de mantener unos costos unitarios constantes medidos en moneda nacional sino lo que se requiere es mantener unos costos unitarios laborales iguales a los de nuestros principales rivales. En este aspecto a los colombianos nos fue muy mal. Mientras que en los Estados Unidos los costos laborales subieron en un cuatro por ciento en términos de dólares  que equivale a un seis por ciento medido en pesos, en Colombia los costos laborales subieron por lo menos un 24 por ciento. Para mantener competitividad nuestros productores deberían haber aumentado su productividad en un 18 por ciento cifra que supera ampliamente lo observado en toda la historia reciente de Colombia.

El desfase cambiario ocasionado por el desigual crecimiento de los costos laborales colombianos comparados con los de los principales socios comerciales, que en términos técnicos se conoce como la revaluación de la tasa de cambio real se convierte en un obstáculo importante para la política de ingresos y salarios propuesta por el actual gobierno con el nombre de Pacto Social o Acuerdo de Precios Salarios y Productividad. Así como la revaluación de la tasa de cambio real produjo un aumento del salario real, su retorno a una tasa de equilibrio deberá venir acompañada por un deterioro del salario real o lo que es lo mismo una situación en el que los precios suben por el ascensor y los salarios suban por las escaleras. Mientras ambos suban en el mismo medio de transporte vertical no habrá posibilidades de llegar a una tasa de cambio que proteja la actividad productiva colombiana.

La idea de una política como la del Pacto Social en la que todos los precios y salarios suban al mismo ritmo es útil cuando uno piensa que existe un equilibrio en los precios relativos. Sin embargo, es un salto al vacío cuando existen marcados desequilibrios que se perpetúan causando efectos negativos en la asignación de recursos. Cuando la tasa de cambio está sobrevalorada  el precio de los bienes que no entran al comercio exterior está por encima del de los precios que se comercian internacionalmente. Por tanto para arreglar este desbalance lo que se requiere es un crecimiento más rápido del precio de los bienes comercializables que no se logra con pactos en los que todos los productores se comprometen a subir un 18 por ciento. Lo que se debería hacer es que los bienes comercializables suban a tasas por encima del 18 mientras que los bienes como la vivienda que no entran en el comercio exterior suban a tasas muy inferiores al 18 por ciento.

Resulta paradójico que la Administración Samper que ha tenido un cierto tinte crítico de la política anterior Administración haya adoptado una política de ingresos y salarios que de hecho presupone que no existen desequilibrios sectoriales y que lo que se necesita es un acto de buena voluntad para que todos ganemos cambiando nuestro comportamiento para poder llegar a un ritmo de crecimiento  de los precios y de los salarios inferior al de los años anteriores.