Las Empresas de Servicio Público
tienen obligación legal de mantener tarifas que cubran todos sus costos.
Los gerentes de las empresas de
servicios públicos tienen en Colombia muy mala imagen. Para el común de la
gente, todos los que llegan a esta posición debido a la influencia política y
solo buscan el enriquecimiento rápido por medios poco santos. Comer carne de
gerente se ha vuelto la manera segura de aparecer en la televisión y los medios
de comunicación masiva. Los contralores, procuradores, personeros y fiscales
apelan a los juicios a los gerentes en los medios de comunicación cuando sus
asesores de imagen encuentran que sus jefes no están apareciendo en los
titulares de la prensa.
Como solo ocurre en Colombia, el
seguimiento del cumplimiento del pacto social se ha convertido en noticia de
primera plana. El Señor Superintendente de Servicios Públicos, siguiendo la
costumbre de comer gerente por lo menos una vez al mes, ha aprovechado el
interés que ha despertado en los medios de comunicación el cumplimiento de la
famosa meta del 18 por ciento y ha declarado a los enviados especiales de los
noticieros y demás medios de comunicación oficialistas que no le temblará la
mano para destituir a los gerentes que no cumplan con la meta del 18 por
ciento.
Esta desafortunada intervención
del Superintendente en contra de los gerentes de las empresas de servicios
públicos no solo contribuye a deteriorar una vez más la imagen de un segmento
de funcionarios que han tenido que soportar pacientemente agravios infundados
sino que va en contra de la misma ley que crea la superintendencia de Servicios
Públicos.
En efecto, si uno lee con
cuidado la ley que reglamenta los Servicios Públicos en Colombia, es una
obligación de las empresas fijar tarifas orientadas por los criterios de
eficiencia económica, neutralidad, solidaridad, redistribución, suficiencia
financiera, simplicidad y transparencia. Para evitar una posible mala
interpretación sobre lo que se entiende por suficiencia financiera, la ley
manifiesta que se logra la suficiencia financiera cuando las fórmulas de
tarifas garantizan la recuperación de los costos y gastos propios de operación
incluyendo la expansión, la reposición y el mantenimiento permitiendo remunerar
el patrimonio de los accionistas en la misma forma en la que lo habría
remunerado una empresa eficiente en un sector de riesgo comparable y permitiendo
utilizar las tecnologías y sistemas administrativos que garanticen la mejor
calidad, continuidad y seguridad a sus usuarios. Para no dejar dudas sobre la
importancia de la suficiencia financiera, la misma ley afirma que los criterios
de eficiencia y suficiencia financiera tendrán prioridad en la definición del
régimen tarifario.
Para los legisladores el contar
con tarifas de servicios públicos que
cubran todos sus costos es tan importante que expresamente se reconoce como una
práctica discriminatoria abusiva y restrictiva el fijar tarifas que no cubran
todos los costos. En el Artículo 34 el legislador muy sabiamente expresa que
"se consideran restricciones indebidas a la competencia, entre otras, el
cobro de tarifas que no cubran los gastos de operación de un servicio, la
prestación gratuita o a precios o tarifas inferiores al costo de servicios
adicionales a los que contempla la tarifa."
Teniendo en cuenta los
anteriores argumentos, se puede afirmar que
El Pacto Social apenas refleja el interés de gobierno por bajar la
inflación y de ninguna manera puede estar por encima de una norma de carácter
superior. Si hubiera lógica el anuncio del Superintendente de Servicios
Públicos debería haber sido diferente. Debería haber anunciado que estaría dispuesto
a intervenir las Empresas que por cumplir con las metas del pacto social
pusieran en peligro su suficiencia financiera. Más aún, debería haber anunciado
que estaría dispuesto a renunciar a su
puesto si el Ministro de Desarrollo o el Presidente de la República quisieran
poner en peligro la suficiencia financiera de las empresas de servicio público
por cumplir con su meta del 18 por ciento.
También debe quedar claro que el
tratamiento dado al cumplimiento del 18 por ciento por parte de los medios de comunicación
debe cambiar. No podemos pensar que en materia tan compleja de precios y
tarifas la situación es tan clara como para poder clasificar a todo el mundo
como bueno si cumple con el pacto social o malo si no lo cumple.
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