Un debate en el que deberían predominar las
consideraciones técnicas sobre la conveniencia de las diferentes alternativas
se ha transformado por falta de elementos de juicio serios en una discusión de
carácter ideológico.
Las Empresas Públicas de Bogotá son, sin lugar a
dudas, el patrimonio más preciado de los bogotanos. Los activos de las tres empresas son
superiores al de los principales pos económicos colombianos. El ahorro de varias
generaciones de bogotanos está representado en las instalaciones productivas de
las tres grandes empresas bogotanas. El
buen manejo de las tres empresas de servicios públicos es la condición
necesaria para poder alcanzar un buen nivel de vida en la capital del
país. Por tanto, cualquier decisión
relacionada con una de estas tres empresas debe ser objeto de un amplio debate.
Que las empresas de servicios públicos de Bogotá
están pasando por un periodo critico y que su manejo deja mucho que desear es
una realidad que se vive día a día. El
esfuerzo pecuniario de los bogotanos para sostener una administración
totalmente ineficiente es cada día mayor.
El aumento continuado de las cargas unido a un deterioro en la calidad
de los servicios nos ha llevado a la deplorable situación de tener que pagar
los impuestos de Nueva York y padecer una calidad de vida inferior a la de
Somondoco.
Para lograr salir de esta encrucijada la
Administración Distrital ha propuesto una salida fácil. Privatizar la Empresa de Telecomunicaciones
de Bogotá. Con esta jugada genial se
pretende matar dos pájaros de un solo tiro.
Por una parte, se busca mejorar la eficiencia en la prestación del
servicio telefónico y por otra se intenta aumentar los recursos para financiar
el plan de desarrollo de la actual Administración.
La falta de un diagnóstico claro sobre la Empresa de
Telecomunicaciones, así como su abandono por parte de la Administración Mockus
durante este año y medio ha llevado a la conclusión simplista de que la única
solución para la Empresa es su privatización.
Las dificultades financieras generadas por un esquema absurdo de tarifas
se ignoran achacándole los problemas a su condición de establecimiento público
del orden Distrital. La posibilidad de
mejorar su eficiencia mediante la transformación en empresa industrial y
comercial del distrito ya ni se discute, tal vez, debido a la gravedad de la
situación actual de la ETB.
Un debate en el que deberían predominar las
consideraciones técnicas sobre la conveniencia de las diferentes alternativas
se ha transformado por falta de elementos de juicio serios en una discusión de
carácter ideológico. Los partidarios de
la privatización han tenido que apelar a argumentos débiles para sostener su
posición. Sostener que posponer la
decisión llevaría a una pérdida de valor de la Empresa no es más que pensar con
el deseo.
Si bien el aumento de la competencia ha debilitado
la posición monopólica de la ETB, las ventajas derivadas de la misma naturaleza
del negocio todavía son formidables. A
nadie que conozca el negocio de las comunicaciones le puede cabe la menor duda
de que es mejor comprar la ETB que comenzar de nuevo.
Más aún, no es muy claro que el valor de la ETB haya
disminuido con el tiempo como lo aseguran algunos de los grandes privatizadores. Si bien a la ETB le han salido rivales y por
lo tanto ya no puede considerarse como la dueña de todo el mercado, es muy
probable que con el avance de las telecomunicaciones y la aparición de nuevos
servicios el valor de la empresa haya subido en la medida en que el aumento los
ingresos correspondiente a los nuevos servicios compense la disminución de los
ingresos debidos al aumento de la competencia.
Por otra parte, la
presencia de los operadores de la telefonía celular puede hacer que el Distrito
logre un mayor valor por sus activos. Si
la ETB se hubiera vendido hace algunos años el interés de los grandes grupos
económicos hubiera sido menor pues el riesgo de entrar a un nuevo negocio
hubiera sido considerable. Hoy en día,
gracias a la experiencia que han ganado con la telefonía celular los grupos
económicos cuentan con especialistas en el área de las telecomunicaciones que
les permitirán obtener óptimos resultados en sus inversiones en este dinámico
sector.
La conclusión de lo
anterior es muy sencilla. El debate
sobre la suerte de las Empresas Públicas tiene que darse con suficientes
elementos de juicio y no puede convertirse en una discusión de carácter
ideológico. La Administración Distrital debe contratar estudios serios que le
permitan tomar la mejor decisión sobre lo que se debe hacer con las tres
grandes empresas de servicios públicos.
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