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martes, 14 de noviembre de 1995

Época de presupuestos

La necesidad de mejorar la eficiencia del gobierno se hace más evidente en el manejo de sus empresas, donde no existe la disculpa de que los resultados de los programas son difíciles de cuantificar.

Por esta época el sector privado ya tiene listos sus planes para el 9ó.  Después de m largo proceso de concertación ha logrado establecer su presupuesto de ingresos y gastos para el próximo año.  Este ejercicio es tomado en serio y como resultado de este importante proceso anual la gerencia se compromete con la Junta Directiva a cumplir una serie de metas que, por lo general, implican una mejora considerable con relación al año anterior.

Por el contrario, el proceso de programación en el sector público no solo es demorado sino que, casi siempre, se limita a reflejar el aumento en el costo de la vida.  Las entidades se contentan con tener un aumento en el presupuesto y para ello en los ó1timos meses se lanzan a gastarse los restos del presupuesto para que el Ministerio de Hacienda no les quite las partidas no ejecutadas.  Esta orgía de gastos que se está viviendo en este año causada por las reformas en el proceso presupuestal de ninguna manera se compadece con la tramitación de un proyecto de reforma tributaria que busca aumentar los impuestos.

La falta de capacidad de ejecución de los programas del gobierno que se repite año tras año y que se hace más evidente en los últimos meses continúa siendo un grave problema que no ha sido enfrentado por los gobiernos nacionales y locales.  La necesidad de mejorar la eficiencia del gobierno se hace más evidente en el manejo de sus empresas, donde no existe la disculpa de que los resultados de los programas son difíciles de cuantificar.

Los bancos oficiales tienen siempre unos resultados inferiores a los de sus contrapartes en el sector privado.  Los intentos de control de las entidades oficiales han resultado fallidos.  En buena parte las dificultades en el control nacen de un esquema equivocado introducido en la reforma administrativa de 1968.  Como se recuerda en esa época las entidades oficiales se adscribieron a un Ministerio al que se le asigno su tutela y vigilancia.

Esa tutela nunca se pudo ejercer por varias razones.  En primer lugar, porque el vigilado muchas veces tuvo mayor poder que el propio ministro.  Los Gerentes de Ecopetrol, de Telecom y otras empresas del Estado casi siempre fueron más poderosos que el Ministro de turno.  Aún si el Ministro contaba con el pleno respaldo del Presidente por sus múltiples actividades no podía ejercer la tutela sobre las empresas y tenia que delegar la vigilancia a uno de sus subalternos.

En segundo lugar, las entidades casi nunca se fijaban unas metas que fueran posibles de seguir.  Solamente cuando entraban en crisis, se lograba concretar el cumplimiento de unas metas de desempeño.  Debido a presiones políticas el incumplimiento de las metas nunca se traducía en cambios en la dirección de las empresas ni en verdaderas reestructuraciones de las entidades.

La falta de incentivos unida a la preponderancia de consideraciones políticas en el nombramiento de los gerentes han afectado de manera adversa el desempeño de los que llegan a la dirección de las empresas.  A diferencia de lo que se estila en el sector privado la remuneración de los gerentes es independiente de los resultados.  El gerente público que cada vez más está sometido a mayores castigos cuando su desempeño resulta inferior a las expectativas de los encargados del control fiscal y político no tiene un premio cuando su desempeño es excelente.  Debido a esta asimetría en su evaluación el gerente público nunca toma riesgos ni mucho menos considera caminos de acción que lo enfrenten a los poderosos políticamente.

Las consecuencias para el bienestar de la nación no pueden ser más graves.  Las empresas públicas continúan siendo una de las principales causantes del tremendo déficit fiscal que tiene que ser cubierto con impuestos nacionales y locales cada vez mayores.  El país no puede continuar indiferente a la suerte de las empresas del estado ha llegado el momento de darles un manejo gerencial.  No podemos continuar año tras año engañados con la farsa presupuestal que se da en estos últimos meses del año.  Los planes de las empresas no pueden seguir siendo una expresión de buenos deseos.  Las empresas o cumplen lo que se comprometen a hacer o desaparecen.



lunes, 24 de febrero de 1992

El costo de las elecciones

No solo es importante considerar la posibilidad de privatizar los servicios, sino que también es necesario ponerle límites claros a lo que se puede negociar en las convenciones colectivas.

En Colombia, a medida que se acercan las elecciones se agudizan los problemas laborales. La agitación laboral está a punto de acabar con la poca paciencia de los sufridos usuarios de los servicios públicos. No solo deben sufrir el deterioro en los niveles de servicio, sino que después tienen que pagar los logros laborales de los sindicatos. En elecciones anteriores, era normal esperar huelgas en Teléfonos y la Registraduría, hoy en día, hay agitación laboral en la Energía de Bogotá y otras entidades del sector eléctrico al mismo tiempo que en varias instituciones financieras. Las magníficas condiciones de los trabajadores de Teléfonos y de la Registraduría han inspirado a otros líderes sindicales para negociar con las autoridades en vísperas electorales.

El mal servicio imperante en estas épocas de negociaciones colectivas, hace ganar a la privatización de las Empresas Públicas muchos adeptos. El mal servicio de la Empresa de Teléfonos que he podido apreciar por la falla de más de un mes en una de las líneas telefónicas de mi oficina, me ha hecho pensar en los argumentos que ha dado el Doctor Miguel Urrutia para la privatización de la Empresa de Comunicaciones de Bogotá. La buena voluntad y la capacidad técnicas de un gerente como el Doctor Carrizosa, se enfrentan a problemas de carácter estructural que claman por una solución diferente a la de montar un Canal Local.

No solo es importante considerar la posibilidad de privatizar los servicios, sino que también es necesario ponerle límites claros a lo que se puede negociar en las convenciones colectivas. Sin lugar a dudas, es muy importante realizar un cambio radical en el sistema  de seguridad social. Las directivas de las empresas, con un horizonte de planeación corto, tienden a conceder muy buenas condiciones para la jubilación de sus trabajadores.

Algunos gerentes caen en la tentación de transferir al futuro los problemas, concediendo unas condiciones generosas que terminan acabando las empresas. Colpuertos y los Ferrocarriles, son ejemplos claros de los problemas que se generan cuando por la presión del día se cede en materia de jubilaciones. Los altos costos laborales, no solo llevan a la ruina de unas empresas, sino que le ponen un punto de negociación a los demás sindicatos.  Esta espiral de salarios termina arruinando todas las empresas públicas.

Después de haber mirado, así sea por encima, la caótica situación pensional, es muy fácil concluir que es necesario llegar a unas condiciones idénticas para todos los trabajadores. El régimen de jubilación debería ser uniforme para todos los trabajadores. Las convenciones colectivas no podrían cambiar estas reglas y deberían centrarse en el nivel de salarios, en políticas de promoción y capacitación, y en las condiciones mismas del trabajo, dejando al sistema de seguridad social y a los fondos de pensión el problema de cómo pagar al trabajadores en su jubilación.

Afortunadamente, el sistema electoral va a entrar en un receso hasta mayo de 1994. Durante este período, las autoridades deberían hacer algunas reformas para romper la vinculación entre las elecciones y los pliegos laborales. Por ejemplo, los procedimientos de votación deberían sistematizarse para disminuir la amenaza constante de los funcionarios de la registraduría.

Las elecciones deberían realizarse en días laborales, sin tener que  paralizar todo el país. Si el censo de población se pudo realizar en un día ordinario, no hay ninguna razón para que no se pueda cumplir con el deber ciudadano de la votación en un martes cualquiera, como se hace en los Estados Unidos.