La determinación del
presupuesto de las Empresas de Servicio Público mediante un proceso de regateo
entre Concejales y funcionarios es la mejor manera para llevarlas a la
bancarrota.
Esta es la época en la
que los funcionarios Distritales tienen que estar permanentemente en el Concejo
para la mal llamada discusión del presupuesto. En la realidad nunca hay un
análisis serio de los problemas que afrontan las diversas entidades ni de las
verdaderas prioridades en el gasto público.
La mayoría de las veces
el Concejo termina aprobando todas las propuestas de la Administración después
de agotadoras sesiones en las que los funcionarios tienen que oir discursos
interminables de todos los miembros del Concejo. Esta confrontación anual entre
Administración y Concejo nunca se puede hacer de una manera racional, pues el
Concejo no cuenta con la asistencia técnica necesaria para poder estudiar el
proyecto de presupuesto.
Si bien se supone que
el presupuesto debe reflejar las prioridades de un plan de desarrollo
previamente definido, en la práctica esto nunca ocurre. Tanto la Administración
como el Concejo tienen una visión muy parcial. Cada uno de los funcionarios se
preocupa únicamente por su propio presupuesto y se concentra en lograr que los
ponentes lo aprueben. Los funcionarios más veteranos saben que en este proceso
ayuda contar con algunas vacantes en donde se puedan nombrar los recomendados
de los llamados veedores presupuestales.
Este forcejeo político
tiene un impacto limitado en las llamadas entidades descentralizadas y en la
administración central. Es natural que la fijación de prioridades y la
determinación de los rubros presupuestales de estas entidades estén sometidas a
la discusión política. Por el contrario, la determinación del presupuesto de
las Empresas de Servicio Público mediante un proceso de regateo entre
Concejales y funcionarios es la mejor manera para llevarlas a la bancarrota.
No es de extrañar que
la situación financiera de la EAAB esté tan deteriorada cuando sus tarifas se
fijan sin tener en cuenta los estudios técnicos. A los concejales no les
tiembla el pulso al bajar el crecimiento de las tarifas del Acueducto de un
3.4% mensual a un 2.2%. El Gerente, como cualquier mercader, tiene que terminar
contentándose con un modesto 2.5% partiendo la diferencia entre su propuesta
inicial y la contrapropuesta del Concejal representante de la Sociedad
Protectora de Usuarios de Servicios Públicos.
Es claro que la
Administración de las Empresas no puede asumir la responsabilidad una vez que
sus presupuestos han sido cambiados radicalmente por el Concejo. Más aún, si se
tiene en cuenta que las Juntas Directivas de las Empresas también tienen
representación del Concejo se puede comprender que la Gerencia de las Empresas
carece de una verdadera autonomía.
Las Empresas para poder
funcionar, no solo requieren de la eliminación de la participación del Concejo
en las Juntas Directivas, sino muy probablemente de una eliminación total de
dichas Juntas. Además de eliminar las Juntas Directivas de las Empresas de
Servicio Público será necesario remover el proceso presupuestal del Concejo de
Bogotá.
Las Empresas de
Servicio Público son un valioso patrimonio de la ciudad y no pueden seguir
siendo manejadas de manera tan alegre. Si no se da una verdadera autonomía a la
Gerencia, debería pensarse más bien en privatizarlas.
