martes, 24 de noviembre de 1992

Feria presupuestal 1993

La determinación del presupuesto de las Empresas de Servicio Público mediante un proceso de regateo entre Concejales y funcionarios es la mejor manera para llevarlas a la bancarrota.

Esta es la época en la que los funcionarios Distritales tienen que estar permanentemente en el Concejo para la mal llamada discusión del presupuesto. En la realidad nunca hay un análisis serio de los problemas que afrontan las diversas entidades ni de las verdaderas prioridades en el gasto público.

La mayoría de las veces el Concejo termina aprobando todas las propuestas de la Administración después de agotadoras sesiones en las que los funcionarios tienen que oir discursos interminables de todos los miembros del Concejo. Esta confrontación anual entre Administración y Concejo nunca se puede hacer de una manera racional, pues el Concejo no cuenta con la asistencia técnica necesaria para poder estudiar el proyecto de presupuesto.

Si bien se supone que el presupuesto debe reflejar las prioridades de un plan de desarrollo previamente definido, en la práctica esto nunca ocurre. Tanto la Administración como el Concejo tienen una visión muy parcial. Cada uno de los funcionarios se preocupa únicamente por su propio presupuesto y se concentra en lograr que los ponentes lo aprueben. Los funcionarios más veteranos saben que en este proceso ayuda contar con algunas vacantes en donde se puedan nombrar los recomendados de los llamados veedores presupuestales.

Este forcejeo político tiene un impacto limitado en las llamadas entidades descentralizadas y en la administración central. Es natural que la fijación de prioridades y la determinación de los rubros presupuestales de estas entidades estén sometidas a la discusión política. Por el contrario, la determinación del presupuesto de las Empresas de Servicio Público mediante un proceso de regateo entre Concejales y funcionarios es la mejor manera para llevarlas a la bancarrota.

No es de extrañar que la situación financiera de la EAAB esté tan deteriorada cuando sus tarifas se fijan sin tener en cuenta los estudios técnicos. A los concejales no les tiembla el pulso al bajar el crecimiento de las tarifas del Acueducto de un 3.4% mensual a un 2.2%. El Gerente, como cualquier mercader, tiene que terminar contentándose con un modesto 2.5% partiendo la diferencia entre su propuesta inicial y la contrapropuesta del Concejal representante de la Sociedad Protectora de Usuarios de Servicios Públicos.

Es claro que la Administración de las Empresas no puede asumir la responsabilidad una vez que sus presupuestos han sido cambiados radicalmente por el Concejo. Más aún, si se tiene en cuenta que las Juntas Directivas de las Empresas también tienen representación del Concejo se puede comprender que la Gerencia de las Empresas carece de una verdadera autonomía.

Las Empresas para poder funcionar, no solo requieren de la eliminación de la participación del Concejo en las Juntas Directivas, sino muy probablemente de una eliminación total de dichas Juntas. Además de eliminar las Juntas Directivas de las Empresas de Servicio Público será necesario remover el proceso presupuestal del Concejo de Bogotá.

Las Empresas de Servicio Público son un valioso patrimonio de la ciudad y no pueden seguir siendo manejadas de manera tan alegre. Si no se da una verdadera autonomía a la Gerencia, debería pensarse más bien en privatizarlas.

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