lunes, 19 de diciembre de 1994

Protesta de la sociedad protectora de golondrinas

A nadie puede escapar los problemas que se pueden generar cuando una decisión sobre materia cambiaria se mantiene en el congelador.

En estos días la Junta Directiva del Banco de la República decidió hacer unos ajustes en la política cambiaria. En efecto, la semana pasada se efectuaron cambios en la denominada banda de flotación para el dólar. Antes de tratar de entender si esto nos va a favorecer o a perjudicar es conveniente recordar la manera como opera esta banda de flotación. El Banco Central a través de su Junta Directiva establece  un tope máximo o techo para el valor del dólar y a partir de éste se compromete a intervenir en el mercado cambiario vendiendo dólares a quien lo solicite. Adicionalmente, el Banco Central establece un precio mínimo o piso y se compromete a comprar dólares  a ese precio a quien quiera que le ofrezca dólares. Dentro de la banda de flotación, aunque el Banco Central puede intervenir como lo considere conveniente, por regla general, se dejan operar las fuerzas de la oferta y demanda para determinar el valor de la divisa norteamericana.

Esta regla de operación, en condiciones normales minimiza el impacto de los desequilibrios internos en la oferta monetaria y por lo tanto reduce las presiones inflacionarias. Sin embargo, cuando el dólar toca fondo el Banco de la República tiene que comprar dólares para lo cual tiene que o bien dejar crecer los medios de pago por encima de las metas fijadas o emitir títulos a través de Operaciones de Mercado Abierto lo que tiene, a su vez, como consecuencia un aumentó en las tasas de interés.

Al ampliar la banda de flotación, el Banco de la República y el gobierno estaban reconociendo que la revaluación del último año fue muy superior a lo contemplado hace doce meses y que por lo tanto era necesario hacer ajustes en su política de intervención. El cambio en la política cambiaria es también un reconocimiento de que las medidas de control de crédito resultaron impotentes para contener el chorro de dólares que querían venir a Colombia a gozar de las altas tasas de interés y de la posibilidad de una revaluación de la moneda local.

La medida debe entenderse, entonces, más como un reconocimiento de que la situación estaba llegando a extremos insostenibles y como un intento de recuperar uno de los principales instrumentos de política económica. No puede entenderse como una solución a los problemas percibidos por los agentes económicos. No podemos ignorar que el fuerte aumento en endeudamiento externo privado que ha sido una de las principales causas de la entrada de divisas es una decisión bastante racional de los agentes económicos que han percibido que tanto el  Pacto Social como el Salto Social lleva inexorablemente a una fuerte revaluación del peso frente al dólar.

Si nuestro análisis de que el principal efecto de la medida es recobrar un instrumento adicional en el manejo de la política económica es correcto uno podría pensar que la medida debería ser aceptada por todos y que lo que se debería era cuestionar si la política que han definido las autoridades económicas es la correcta. Infortunadamente, en lugar de buscar un consenso en torno a una medida inevitable se ha realizado un debate infortunado en torno al momento en que se debería tomar la medida. Para el Gobierno la medida ha debido tomarse cuando todos estuviéramos cantando villancicos abriendo los regalitos de navidad, mientras que para el Banco de la República era necesario hacerlo lo más rápidamente posible. La impresión que le queda al común de la gente es que no solo existe una gran descoordinación entre las autoridades económicas sino que el Gobierno trata de quedar bien con todo el mundo aunque para ello tenga que cambiar de posición entrando en conflictos con la Junta Directiva del Banco de la República. Nadie puede entender como el Presidente de la Junta Directiva del Banco de la República puede estar en desacuerdo con  los otros miembros en aspectos tan importantes como el manejo cambiario.


El Ministro ha sido desafortunado al buscar una pelea con la Junta Directiva en un asunto en que la razón estaba más de su lado que la  del Gobierno. A nadie puede escapar los problemas que se pueden generar cuando una decisión sobre materia cambiaria se mantiene en el congelador. Mantener una tasa de cambio fija en un valor insostenible ha sido siempre el mayor incentivo para la entrada o salida de  los llamados capitales golondrina. Cuando el gobierno está obligado a comprar o vender divisas a un precio a todas luces fuera de línea con su valor de equilibrio los especuladores en el mercado cambiario hacen su agosto pues nunca pueden pecar por exceso. Las presiones sobre la divisa se vuelven insostenibles aún en economías tan importantes como la americana, la alemana y la japonesa. Como podríamos pensar que el Banco Central de Colombia pueda defender el dólar cuando la emisión de más títulos lo único que lograría sería aumentar las pérdidas del Banco de la República afectando al mismo tiempo la situación fiscal. Diferir la entrada en vigencia de la nueva banda es incentivar la entrada de divisas  garantizándoles retornos abundantes. 

lunes, 12 de diciembre de 1994

La congelación de la ciudad

A nuestra querida Bogotá le sucede lo mismo que nos ha ocurrido a los que vivimos en una casa vieja que se ha sometido a un proceso permanente de remodelación.
                                                                                                                                                                   
Cuando uno transita por las calles de la capital se da cuenta que su mal estado se encuentra muchas veces asociadas al progreso. No solo el mayor número de vehículos y el aumento del tamaño de los buses de servicio público ha deteriorado el pavimento sino que también la construcción acelerada de algunos barrios y la renovación de otros han contribuido a acabar las calles de la ciudad. Las construcciones de edificios en las zonas consolidadas son sin lugar a dudas el enemigo número uno de nuestras calles. En efecto, la ocupación de vías durante la construcción, la rotura de las calles para hacer las conexiones de los servicios públicos y el tránsito de los camiones  cargados de materiales y del concreto tan necesario para las nuevas  construcciones son los grandes culpables de la mayoría de los huecos que se encuentran en los barrios que están progresando.

Este proceso no se ha dado solamente en estos treinta meses de soledad. Esta permanente lucha entre el progreso y la infraestructura vial es de vieja data solo que con el boom de la construcción sus efectos se han hecho más visibles. En esta lucha entre el progreso y el deterioro, las autoridades tienden a dejar los huecos sin arreglar pues piensan que sus esfuerzos serán inútiles a medida que se abra otra obra en la misma cuadra.  Cuando se tapan los huecos, el dolor de cabeza es para la Secretaria de Obras pues más se tardan unos en arreglarlos que otros en abrirlos de nuevo. Lo triste de esta situación es que tanto la Administración como la ciudadanía terminan conformándose con vivir en una ciudad totalmente deteriorada.

 La casa que se remodela poco a poco vive llena de tierra por las obras permanentes y los remiendos quedan como parches. Los pisos quedan llenos de cicatrices causadas por las instalaciones domiciliarias de los servicios públicos. Los habitaciones terminan totalmente diferentes, los tapetes son de diferente colores y texturas pues cuando se le llega el turno a una pieza la referencia del tapete que tanto nos gustó ya no se produce. El no pensar todas las implicaciones de las reformas y el no consultar con un experto en remodelaciones es el método más costoso de remodelar nuestras viviendas.

De la misma manera el hacer la renovación urbana de a pedacitos sin un plan maestro urbano es la mejor receta para despilfarrar la plata de nuestros impuestos y mantener la ciudad en un estado de deterioro permanente. Lo que se necesita entonces al nivel de la ciudad es parar de una vez por todas este proceso de renovación gota a gota. La nueva administración debería entonces congelar el otorgamiento de licencias de construcción en la mayoría de los barrios de la ciudad concentrándose en algunas de las zonas que cuenten con un plan maestro de desarrollo.

Estos planes de desarrollo urbano, tal como lo ordena la nueva constitución deben ser el resultado de un proceso de consulta popular en el que los vecinos de los barrios intervengan para definir el tipo de construcciones que se pueden hacer. Los planes urbanos deben incluir no solo las normas de construcción, sino que además deben contar con estudios de impacto ambiental en un sentido amplio. Estos estudios de impacto ambiental urbano deben estimar entre otros el efecto de las nuevas viviendas en el tráfico vehicular y deben asegurar que el entorno urbano en especial el espacio público no sufra un deterioro como consecuencia de las nuevas construcciones.

El Alcalde Mockus y el nuevo Concejo deben pensar seriamente la posibilidad de declarar la moratoria de la construcción por los próximos tres años en buena parte de la ciudad. Si nos dieran una oportunidad de votar en nuestro barrio o en nuestra  manzana la mayoría estaríamos dispuestos a congelar nuestra zona con el deseo de trabajar en los próximos tres años en mejorar nuestro ambiente y contar con los servicios públicos. Estos tres años los podríamos dedicar a pensar cómo queremos vivir, qué cambios tenemos que hacer en nuestro entorno urbano y probablemente en conocernos mejor con nuestros vecinos y participar en la creación de un nuevo entorno urbano.


lunes, 5 de diciembre de 1994

El Pacto Social

Estamos acercándonos al momento de la verdad del pacto social. Las discusiones entre empresarios, trabajadores y gobierno han permitido un acercamiento en lo que se refiere a la determinación de los precios, sin que se esté cerca en el campo de los salarios.  La diferencia básica parece residir en que el gobierno espera que los salarios se fijen en función de la inflación esperada aumentada por la productividad mientras que los trabajadores y empresarios creen que lo mejor es reajustar los salarios en términos de la inflación del año anterior.

Aunque determinar cuál es realmente el aumento de productividad en el año anterior es bastante difícil, se puede decir que en promedio la economía ha aumentado su productividad entre un dos o tres por ciento cada año. Por lo tanto si estamos pensando en un aumento del 18 por ciento de los precios los salarios podrían subir, en una economía cerrada, hasta en un veintiún por ciento el próximo año sin que se experimentaran graves problemas para la política de estabilización.

Sin embargo, cuando se considera una economía abierta a la competencia de carácter mundial el criterio de mantener unos costos unitarios constantes medidos en moneda nacional sino lo que se requiere es mantener unos costos unitarios laborales iguales a los de nuestros principales rivales. En este aspecto a los colombianos nos fue muy mal. Mientras que en los Estados Unidos los costos laborales subieron en un cuatro por ciento en términos de dólares  que equivale a un seis por ciento medido en pesos, en Colombia los costos laborales subieron por lo menos un 24 por ciento. Para mantener competitividad nuestros productores deberían haber aumentado su productividad en un 18 por ciento cifra que supera ampliamente lo observado en toda la historia reciente de Colombia.

El desfase cambiario ocasionado por el desigual crecimiento de los costos laborales colombianos comparados con los de los principales socios comerciales, que en términos técnicos se conoce como la revaluación de la tasa de cambio real se convierte en un obstáculo importante para la política de ingresos y salarios propuesta por el actual gobierno con el nombre de Pacto Social o Acuerdo de Precios Salarios y Productividad. Así como la revaluación de la tasa de cambio real produjo un aumento del salario real, su retorno a una tasa de equilibrio deberá venir acompañada por un deterioro del salario real o lo que es lo mismo una situación en el que los precios suben por el ascensor y los salarios suban por las escaleras. Mientras ambos suban en el mismo medio de transporte vertical no habrá posibilidades de llegar a una tasa de cambio que proteja la actividad productiva colombiana.


La idea de una política como la del Pacto Social en la que todos los precios y salarios suban al mismo ritmo es útil cuando uno piensa que existe un equilibrio en los precios relativos. Sin embargo, es un salto al vacío cuando existen marcados desequilibrios que se perpetúan causando efectos negativos en la asignación de recursos. Cuando la tasa de cambio está sobrevalorada  el precio de los bienes que no entran al comercio exterior está por encima del de los precios que se comercian internacionalmente. Por tanto para arreglar este desbalance lo que se requiere es un crecimiento más rápido del precio de los bienes comercializables que no se logra con pactos en los que todos los productores se comprometen a subir un 18 por ciento. Lo que se debería hacer es que los bienes comercializables suban a tasas por encima del 18 mientras que los bienes como la vivienda que no entran en el comercio exterior suban a tasas muy inferiores al 18 por ciento.

Resulta paradójico que la Administración Samper que ha tenido un cierto tinte crítico de la política anterior Administración haya adoptado una política de ingresos y salarios que de hecho presupone que no existen desequilibrios sectoriales y que lo que se necesita es un acto de buena voluntad para que todos ganemos cambiando nuestro comportamiento para poder llegar a un ritmo de crecimiento  de los precios y de los salarios inferior al de los años anteriores.


lunes, 28 de noviembre de 1994

Las cuentas de la lechera

Si se quiere buscar una financiación sana para el plan de desarrollo el gobierno debería presentar, de manera inmediata, un proyecto de ley en el que se prolongue la vigencia de las tarifas existentes en el impuesto a la renta y el IVA.

En Colombia, algunos comentaristas nos quieren hacer creer que el crecimiento del gobierno no es malo mientras esté balanceado y que además no es inflacionario. Sin embargo, el Salto Social que eleva considerablemente el tamaño del sector público presenta un equilibrio fiscal que no deja de ser preocupante. Los mismos keynesianos nos enseñaron que el presupuesto balanceado podía ser factor de crecimiento de la demanda agregada con basados en el hecho de que de cada peso que le llega al sector privado algo es ahorrado mientras que todo lo que entra al gobierno es gastado.

Más aún dentro de la macroeconomía de la economía abierta tanto los estudios empíricos como los desarrollos teóricos sobre los determinantes de la tasa de cambio real han encontrado que además del déficit fiscal, el mismo tamaño del sector público  conducen inexorablemente a una revaluación de la tasa de cambio real y por lo tanto ambos son portadores del virus del llamado mal holandés. Por lo anterior, un crecimiento desmedido del sector público en el próximo gobierno no acompañado de mejoras importantes en la eficiencia del sector público es una señal de alarma aún en condiciones de equilibrio fiscal. Esta alarma amarilla puede fácilmente convertirse en una alarma roja cuando se mira en detalle el equilibrio fiscal que aparece en el Plan de Desarrollo de la Administración Samper.

Expertos del tema económico con planteamientos tan diversos como Juan Camilo Restrepo y Eduardo Sarmiento ven con preocupación que el balance fiscal se logre a través de un superávit del sector descentralizado mientras que el sector público se convierte de la noche a la mañana en un ente especializado en gastar por encima de sus recursos. Esto cambio es potencialmente peligroso pues las entidades descentralizadas por su misma naturaleza están hechas para gastar recursos que le transfiere el sector central. En este aspecto las entidades descentralizadas se desempeñan como Ramona Calbaza y Cora Díaz los personajes de las tiras cómicas Educando a Papá y Lorenzo y Pepita que tienen el papel de gastar todos los ingresos de Don Pancho y del jefe de Lorenzo Parachoques. Pensar que las entidades descentralizadas puedan ahorrar durante cuatro años puede resultar tan improbable como que Ramona y la señora del  jefe de Lorenzo puedan alguna vez ahorrar. Si la analogía fuera válida la suerte del país sería preocupante pues en una encuesta realizada a lectores de estas dos tiras cómicas el ciento por ciento de ellos contestaron que es imposible que doña Ramona y Doña Cora algún día gasten menos de lo que reciben.


Aun si aceptáramos que las entidades descentralizadas ingresan a Despilfarradores Anónimos y dejaran su obsesión por el gasto nos queda la duda si será posible contar con los recursos que aparecen en el Salto Social. Los colombianos estamos cansados de sostener un estado ineficiente con altas tasas tributarias. Un parlamento que está pasando por un pésimo momento no estará dispuesto a subir  los impuestos aún sea por la puerta de atrás como lo quiere hacer  el Gobierno de Samper. Mantener las actuales tarifas más allá de  su período no solo va en contra de lo anunciado por el entonces  candidato Samper en su debate con Andrés Pastrana sino que es un simple aumento de impuestos hecho en momentos en que el gobierno tendrá el sol a sus espaldas. Diferir la presentación de una reforma tributaria hasta el último momento es un gran error. Si se quiere buscar una financiación sana para el plan de desarrollo el gobierno debería presentar, de manera inmediata, un proyecto de ley en el que se prolongue la vigencia de las tarifas existentes en el impuesto a la renta y el IVA.


Hasta el momento las cuentas del gobierno nos recuerdan las de la lechera en camino hacia el mercado donde iba a vender su cántaro lleno de leche. Las dos parecen muy  atractivas esperamos que al gobierno no le pase lo que le pasó a la lechera y vea convertirse todos sus planes en un río de leche derramada.

lunes, 21 de noviembre de 1994

Llegó la Navidad

Comienza la discusión del Plan de Desarrollo de la administración Samper

En la semana pasada el gobierno lanzó las bases para el Plan nacional de Desarrollo 1994-1998 en un libro de 227 páginas con el llamativo titulo de "El Salto Social".  En diez capítulos el gobierno presenta los elementos de discusión para el nuevo plan de desarrollo.

En el primer capitulo titulado Los Fundamentos del Plan, el documento del gobierno presenta, entre otros, su caracterización de un modelo alternativo de desarrollo en el que se destaca su insistencia en la importancia de la intervención estatal y en la que se descalifica en forma sumaria el libre funcionamiento de las fuerzas del mercado.  Según el documento, la estrategia económica para la generación de empleo se basa en tres elementos: la política macroeconómica sana, la estrategia de competitividad y una política activa de empleo.

El Segundo capitulo presenta "un breve diagnóstico de las condiciones de nuestro desarrollo económico, social y ambiental".  Este breve diagnóstico trata de convencernos de que la situación que se recibe no es la mejor y que por lo tanto se requiere de un gran esfuerzo para poder dar el salto social que propone la nueva administración.

El tercer capitulo presenta "La estrategia macroeconómica" del gobierno, tratando de convencernos que se podrán mantener los equilibrios macroeconómicos básicos.  El cuarto presenta la "estrategia de inversión pública y efectos macroeconómicos del plan".  Estos dos capítulos, que bien hubieran podido reunirse en uno solo, deben ser leídos con especial cuidado por los interesados en los temas macroeconómicos.  Las cifras presentadas son realmente preocupantes.  El déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos llega a niveles cercanos a los que tuvimos en momentos de crisis cambiaria.  Los niveles de participación del gobierno en el PIB sobrepasan el 50 por ciento. El gobierno central, que se ha caracterizado en el pasado por su superávit se convierte en deficitario, gastándose la lotería que se ha ganado el sector descentralizado.  La tan anhelada estabilidad macroeconómica no aparece por ninguna parte, dejando una primera impresión de excesivo gasto público conducente a una revaluación de la moneda y a una fuerte dosis del mal holandés".

Los últimos seis capítulos en los que se presentan los programas a realizar en el próximo cuatrienio son un claro ejemplo del llamado modelo navideño de desarrollo.  Es ni más ni menos un arbolito de Navidad en el que aparecen regalitos para cada uno de los invitados a la fiesta.  Todo el mundo se lanza a la lectura de estos capítulos buscando lo que le toca.  Los educadores, los desempleados, los industriales, los exportadores, las mujeres, los incapacitados, los investigadores devoran las ciento cuarenta y ocho páginas en busca de su regalito de Navidad.  Los constructores y diseñadores de metros encuentran en la página 175 que del salto social les va a corresponder 360.952 millones de pesos de 1994 para un estudio de dos mil millones y 6.5 kilómetros de metro.

Al leer detenidamente las casi ciento cincuenta páginas de los que se asemeja al correo que comienza a recibir Santa Claus por estas épocas, le queda a uno la impresión de que muchos de los regalos se destacan por su empaque y no por su contenido.  Los nombres ' de los programas del Salto Social son más el resultado del esfuerzo de los creativos y no el de serios burócratas de Planeación Nacional.  La retórica de la campaña sigue predominando, dando la impresión de que el gobierno no ha tomado posesión de sus cargos.

La falta de unas prioridades claras abre la oportunidad para que los que no encuentren su regalito comiencen a pedirlo en el largo proceso de concertación.  El ser el documento unas bases para el plan de desarrollo deja la posibilidad de que terminemos con un gobierno que no solo maneje el cincuenta por ciento del PIB nacional, sino que llegué a cifras solamente contempladas en los países escandinavos.

La discusión del Salto Social debe ser una actividad prioritaria.  Es necesario definir una alternativa a un plan tan ambicioso que pretende acabar con todos los problemas del desarrollo en los próximos cuatro años, poniendo en serio peligro la estabilidad macroeconómica de un país que se ha caracterizado a escala latinoamericana por su buen manejo macroeconómico.