lunes, 3 de junio de 1991

Transporte en Bogotá: Mucha valla y pocas obras

Lo que ya hicieron los Alcaldes y están entregando en estos días de aniversario de su mandato es casi la totalidad de lo que van a entregar durante todo su período; lo que intenten hacer en estos últimos seis meses, va a ser interpretado como una interferencia política.

El Alcalde de Bogotá, Doctor Juan Martín Caicedo Ferrer, ha tomado muy en serio la idea de que el período del Alcalde coincida con el año fiscal. La frustración de recibir un presupuesto con un estado de avance superior a las cinco doceavas partes ha influido en su gestión.

Yo encuentro muy justificable la posición del Alcalde, pues es evidente que los recursos disponibles son de vital importancia para poder llevar a cabo los planes de una administración. Sin embargo, siempre he pensado que en lugar de plantear un cambio en la fecha de la elección, sería mucho más sencillo pedirle a los constituyentes que cambien el año fiscal para hacerlo coincidir con el período del Alcalde y del Presidente. No hay una razón muy poderosa para que el año fiscal coincida con el año calendario. En otros países el año fiscal comienza en fechas diferentes al primero de enero.

Más aún, el año fiscal de los Estados Unidos ha sido cambiado por motivos políticos. Hasta los setenta el año fiscal de los Estados Unidos terminaba el 30 de junio. En esa época los padres de la patria del país del norte encontraron que era más conveniente hacer que la feria del presupuesto, que ocurre en todas partes al final del período, estuviera muy cercano a las fechas de elecciones. 

La constituyente parece que va a adoptar la propuesta actual del Alcalde Caicedo. Las próximas elecciones se están planeando para octubre. Por lo tanto, lo más probable es que el período del Alcalde coincida con el año fiscal actual. Lo que no se esperaba era que el período de los actuales alcaldes se redujera.

Ante estos acontecimientos, las esperanzas de recuperar el tiempo perdido se desvanecen. Lo que ya hicieron los Alcaldes y están entregando en estos días de aniversario de su mandato es casi la totalidad de lo que van a entregar durante todo su período; lo que intenten hacer en estos últimos seis meses, va a ser interpretado como una interferencia política. No van a poder realizar cambios en su gabinete, ni van a poder realizar contratos grandes, pues los candidatos estarán muy pendientes de todas las actuaciones de los funcionarios de turno.

Como se ha visto en algunas columnas, el balance de la gestión del Alcalde de Bogotá no es muy alentadora. En obras públicas y según se aprecia en el aviso que los Contratistas del IDU publicaron en los periódicos del viernes, casi todo se reduce al puente de la Avenida Boyacá con la Autopista del Sur y a los giros de la Autopista Norte. En el campo del transporte, además del cambio de nombre del DATT por la STT, se volvió a autorizar la utilización de las Servitecas para la revisión de los Vehículos. Unicamente alguien tan gobiernista como El Tiempo puede encontrar como una gran realización tomar una decisión tan obvia después de un año de gobierno. Ya en una columna del 16 de julio de 1990, se le pedía al Alcalde que revisara la revisión.

Las diligencias relacionadas con el transporte siguen siendo complicadas. Los intermediarios continúan haciendo su agosto en las dependencias distritales. La semana anterior, para obtener un paz y salvo de multas necesario para revalidar la licencia de conducción, tuve que hacer dos horas de cola en las dependencias de Paloquemao. Los que pagaron dos mil pesos por el paz y salvo, lo obtuvieron en 10 minutos.

El Proyecto de Transporte sometido a la consideración del Banco Mundial, continua en la misma etapa de definición en que lo recibió el Alcalde Caicedo. Los dos años que dedicó la administración anterior a la preparación de este importante proyecto no fueron aprovechados por la actual administración. Los desembolsos del préstamo van a llegar para financiar las obras de la próxima administración.

El plan de pavimentación ha sido criticado por la Asociación de Ingenieros Contratistas. Se han criticado las adjudicaciones hechas y el costo excesivo de las obras. La deficiencia de interventoría por parte de la SOP se ha constituido en uno de los mayores problemas.

La Valorización por beneficio general, en la que el gobierno Distrital había puesto todas sus esperanzas, fue suspendida por el Consejo de Estado. Las adjudicaciones hechas por el IDU en la Avenida NQS fueron objetadas por FINDETER. El querer ganar tiempo y utilizar procedimientos de licitación llave en mano tuvo como consecuencia que las propuestas de los contratistas no fueran comparables.


La Autoridad Unica de Transporte sigue todavía en el papel. Los estudios realizados por la Administración anterior se perdieron. Las perspectivas para la STT no parecen muy claras: Se cambio a uno de los ejecutivos del año, por una abogada experta en asuntos internacionales. 

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