Cambio de guardia en Bogotá

Con la renuncia del Alcalde de Bogotá y su relevo por uno de sus más cercanos colaboradores se inicia la campaña presidencial de 1998. La presencia de Mockus en medio de los candidatos va a marcar las próximas jornadas electorales en donde el ciudadano tendrá que decidir entre la continuidad o renovación de la clase política tradicional.

La decisión de renunciar antes de haber terminado su período ha sido objeto de serias críticas, algunas de ellas infundadas. Los que argumentan que no es apropiado renunciar antes de haber terminado su obra de gobierno olvidan las graves limitaciones que han sido impuestas por la constitución. En efecto, la no reelección directa de Alcaldes y Gobernadores es la mayor traba que existe para una renovación de las costumbres políticas.

Un período de tres años es demasiado corto para que un líder anti- establecimiento pueda transformar una ciudad o un Departamento. En este período es imposible atacar y resolver los problemas de fondo que afectan a la ciudad. El cambio en las costumbres políticas es un proceso lento que requiere esfuerzos continuados para poder tener éxito. Enfrentarse a la realidad de una ciudad tan compleja como Bogotá, organizar un equipo de trabajo, definir las prioridades, conseguir los recursos necesarios es algo que bien puede tomar más de la mitad del período de gobierno.

Ya con el sol a las espaldas, el líder comienza a sufrir de una angustia existencial pues el tiempo que le queda es muy poco, las decisiones penosas que ha tenido que tomar le han hecho perder buena parte de su popularidad y las pocas realizaciones apenas comienzan a dar sus frutos. Como la prohibición de una reelección directa le cierra la posibilidad de otros tres años para consolidar sus logros, el pobre líder, cuando apenas comienza a comportarse como un verdadero estadista, tiene que empezar a pensar en dos serios problemas.

El primero en que va a hacer con su vida y con las habilidades que ha desarrollado en este tiempo, y la segunda quien lo va a reemplazar en su lucha quijotesca contra la clase política de su ciudad. La idea de buscar otros destinos mayores como la Presidencia de la República puede aparecer a muchos como el camino más apropiado para completar su misión reformadora. La declaración de victoria y la retirada del ámbito local resulta más aceptable cuando el movimiento no ha podido consolidar un copiloto a quien se pudiera confiar, temporalmente, el avión en los siguientes tres años mientras el líder goza de una merecidas vacaciones.

Como puede deducirse de los comentarios anteriores, el comportamiento de los políticos muchas veces no es fruto de su desmedido orgullo, ni de malos consejos de los allegados, sino más bien es una consecuencia de unas reglas de juego inadecuadas. Si se quiere lograr que los políticos terminen sus obras de gobierno es necesario, al menos en el nivel local, permitir la reelección directa.

Una oportunidad de reelección directa va a permitir una mayor competencia pues va a haber muchos más candidatos que encuentren más atractivo participar en la lucha política cuando el período del mandato va a ser más largo. Como en muchas otras ocasiones entre mayor sea el período de retorno de una inversión mayor será el incentivo para realizar esta inversión. Como se ha dicho los grandes reformistas son los más interesados en disponer de un período más largo. Por el contrario, los defensores del status quo prefieren la no reelección pues a través de sus grupos pueden asegurarse una participación continuada en el poder.

Más aún, como lo muestra la experiencia del PRI en México, la no reelección es una condición importante para la supervivencia de un grupo en el poder. El interés de vincularse al movimiento aumenta en la medida en la que las posibilidades de llegar a la cima del poder aumente. Por tanto la no reelección, al limitar las posibilidades de los líderes con experiencia  lo que está haciendo es ayudar a perpetuar al partido en el poder y por lo tanto a impedir cualquier posible reforma.

La no reelección directa impide distinguir entre los buenos y malos gobernantes. En Colombia todos los ex-mandatarios gozan de un fuero especial sin distinguirlos por sus resultados. Mandatarios como Caicedo Ferrer o Jaime Castro que salieron bastante desacreditados de su paso por el Palacio Liévano, con el tiempo, a medida que la gente olvida sus equivocaciones, se convierten en grandes estadistas y hasta llegan a pensar en volverse a sacrificar por la ciudad. Por el contrario, cuando el mismo pueblo decide si reelige a un mandatario o no, el fallo de las urnas discrimina entre buenos y malos alcaldes. Los que no logran su reelección pasan al cuarto de San Alejo y de allí no los vuelven a sacar ni siquiera en las emergencias.

La conclusión parece bastante clara si queremos evitar situaciones como la que está viviendo la capital de la República lo que hay que hacer es acabar con la prohibición de reelección directa de Alcaldes y Gobernadores. No cabe duda que es más democrático permitir la reelección de los buenos que perpetuar los regímenes clientelistas.

El problema del transporte en Bogotá

             

La falta de una interventoría adecuada en las canalizaciones realizadas por la Empresa de Teléfonos ha vuelto a poner de moda el solo hueco inaugurado por el Alcalde Juan Martín Caicedo

                                           Alvaro Pachón Muñoz

El tema del transporte en Bogotá ha tomado una inusitada vigencia en los últimos días. Los medios de comunicación masiva le han dado un extenso cubrimiento al tema. Los expertos en transporte hemos tenido nuestro cuarto de hora de fama. En las tres últimas semanas he sido entrevistado por un noticiero de televisión, por un noticero radial y por una revista semanal.

De la amplia discusión sobre el tema comienza a quedar claro que la situación del transporte en Bogotá se ha deteriorado en los últimos años. Las vías se encuentran en pésimo estado. El Alcalde de Verdad dejó un sistema vial en pésimas condiciones. El auge de la construcción en los últimos años y el tráfico de camiones por vías no diseñadas para el tráfico pesado han contribuido a la destrucción de innumerables vías secundarias de la ciudad. La falta de una interventoría adecuada en las canalizaciones realizadas por la Empresa de Teléfonos ha vuelto a poner de moda el solo hueco inaugurado por el Alcalde Juan Martín Caicedo. Estos carriles exclusivos para huecos son, sin lugar a dudas, una de las principales causas de los trancones en Bogotá.

El bendito apagón y el mal mantenimiento de los semáforos han dejado el control del tráfico en las principales intersecciones de la ciudad en las manos de soldados bachilleres y de los policías de tráfico. El caos creado por la falta de semáforos se magnifica con el cierre de las principales vías a causa de las amenazas de los terroristas. Ante la amenaza de los carros bombas cada propietario  bloquea el frente de su edificación mediante cadenas, canecas, vallas y demás aditamentos que impiden no solo el parqueo sino que además reducen la capacidad vial y aumentan los problemas de congestión en la ciudad. Ante la ausencia de una verdadera autoridad, estos propietarios se convierten en el equivalente del perro del hortelano que ni come ni deja comer.

Pero si esto fuera poco, la ciudad se ha enfrentado por un lado a un aumento acelerado del parque automotor como consecuencia del proceso de apertura comercial y por otro, al estancamiento en la construcción de nuevas vías originado en la difícil situación financiera de la ciudad. La demanda creciente enfrentada a una oferta constante obviamente lleva a una situación explosiva.

Sin entrar a mencionar los incontables trámites que se requieren para la renovación del pase, el pago de impuestos y la absurda calcomanía que dan origen la corrupción denunciada recientemente en el noticiero TV Hoy, es claro que gran parte del problema se origina en el descuido que mantiene el gobierno bogotano la infraestructura vial. El gobierno bogotano ha entregado el espacio público al primero que lo demande. Si un constructor destruye una vía, el gobierno bogotano ni se entera y menos lo obliga a reconstruirla. Cualquier persona puede cerrar cualquier vía, sin autorización del propietario del espacio público o sea el gobierno bogotano. La ETB acaba con la Avenida de Chile sin que las autoridades se enteren. La ETB se contenta con hacer colocar una vallita en que dicen discúlpenos estamos trabajando para Usted. Cuando deberían decir discúlpenos pues somos unos irresponsables que no nos importa el daño que estamos causando a la ciudadanía.

El gobierno bogotano debe convencerse de que es el dueño de las vías y que por lo tanto como cualquier propietario diligente tiene la obligación de mantenerlas en buen estado. La mala situación financiera del Distrito no es una buena excusa pues los usuarios saben que están pagando bastante por el uso de estas vías a través de elevados impuestos a la propiedad de sus vehículos y de sus predios. 

Autocontrol antes de intervención

La peor consecuencia de una crisis fiscal es la pérdida de autonomía en el manejo de la ciudad.

En el fin de semana pasado se realizó un importante seminario sobre el futuro del Distrito. Con la asistencia de destacados expositores del Banco Mundial y del gobierno nacional se revisó la situación del Distrito Capital y se analizaron las perspectivas que le espera a la Administración que comienza el próximo primero de junio.

Por lo visto en el seminario, a la ciudad no le fue muy bien en los dos últimos años. Los compromisos con el Banco Mundial no se cumplieron lo que tuvo como consecuencia la cancelación del segundo Proyecto de Distribución de la Empresa de Energía de Bogotá. El Proyecto Bogotá IV de gran importancia para la Empresa de Acueducto de Bogotá presenta considerables retrasos y muy probablemente será cancelado dentro de muy poco tiempo.

Dos proyectos de gran importancia para la ciudad cuyo trámite se encontraba bastante adelantado al comienzo de la Administración Caicedo Ferrer se encuentran en el limbo burocrático. El Proyecto de transporte urbano ya evaluado por el Banco Mundial no ha podido ser llevado a la aprobación del Directorio por falta de compromisos serios sobre el manejo de las finanzas bogotanas. El Proyecto Bogotá V sometido a la consideración del Banco Mundial no ha podido avanzar por la postración financiera en que se encuentra la Empresa de Acueducto y Alcantarillado.

Los indicadores de eficiencia de las Empresas de Energía y Acueducto son muy pobres. Los costos laborales de las empresas no solo son altos sino que además han continuado creciendo en el pasado reciente. La oligarquía sindical del Distrito ha montado su propio programa de bienestar. Los sobrecostos laborales superan los gastos sociales del Distrito.

La deuda del Distrito ha venido creciendo vertiginosamente. Los plazos con los que se ha contratado la deuda distrital son tan cortos que más de la mitad de los nuevos créditos deben ser contratados para amortizar créditos anteriores. El Distrito Capital en los dos últimos años parece estar enviciado con la contratación de deudas. En el pasado la deuda se contrató para poder financiar la inversión necesaria para asegurar la prestación de los servicios a cargo del Distrito. En 1991 fue necesario incurrir en endeudamiento para poder cubrir los pagos corrientes pues los ingresos resultaron insuficientes.

Los casos de Nueva York y Ciudad de México se mencionaron durante el seminario como posibilidades de lo que puede pasar cuando las ciudades pierden el control absoluto de sus finanzas. Para salir de su crisis las dos ciudades mencionadas tuvieron que pedir ayuda al gobierno central. Como bien lo dijo William Dillinger del Banco Mundial.  "En ambos casos, la ayuda del gobierno central tuvo un costo altísimo. La ayuda del gobierno norteamericano dependió de lograr un presupuesto balanceado en tres años. Esto requirió una cirugía radical tanto desde el lado de gasto como del lado impositivo. Para reducir el gasto fue necesario despedir  25.000 funcionarios, revocar un aumento salarial del 6%, y congelar por cinco años los programas de construcción de vivienda. Para aumentar los ingresos, el gobierno debió aumentar 200 millones de dólares de impuestos, incrementar las tarifas del metro y de los buses y fijar matrículas en una universidad que tradicionalmente había sido gratis. México, de manera similar, se vio forzado a aumentar dramáticamente sus impuestos y tarifas, esto incluyó el impuesto predial, las placas de los vehículos, arriendos, tarifas de acueducto, y del metro. México redujo sus gastos en una tercera parte, principalmente mediante una reducción drástica de la inversión."

Si uno considera, con el expositor, que la peor consecuencia de la crisis, se da en el largo plazo con la pérdida de autonomía en el manejo de la ciudad no puede menos de pensar que es necesario evitar a toda costa que Bogotá entre en una crisis financiera. El triste ejemplo de la pérdida de autonomía de la Empresa de Energía al suscribir un convenio con la FEN nos debe alertar sobre la posibilidad de quedar sometidos a unos compromisos dolorosos impuestos, unilateralmente, por otros niveles de la Administración Pública.

Para evitar que Bogotá pierda la autonomía que le confiere la nueva Constitución es necesario retornar a una disciplina fiscal estricta. El Alcalde debe tomar las riendas de toda la ciudad. En especial debe ejercer un control sobre el proceso de inversión de las grandes empresas. El Alcalde, con un grupo selecto de asesores, tiene que asumir la responsabilidad de fijar topes en la inversión que puedan ejecutar las Empresas de Servicios Públicos. Los gastos de inversión de gastos deben ser congruentes tanto con la capacidad fiscal de la ciudad como con las metas macroeconómicas del gobierno central. Las decisiones sobre los proyectos de ampliación más atractivos tienen que ser tomadas por el Alcalde y su grupo de asesores buscando siempre los proyectos con las más altas rentabilidades económica y social. Esta dura labor de autocontrol, sin lugar a dudas, es preferible a entregar la autonomía del Distrito al gobierno nacional a cambio de una ayuda financiera solicitada en momentos de crisis en los que no existe capacidad negociadora alguna.

No hay hueco que dure dos años

La guerra al solo-hueco ha sido un clamor constante del sufrido bogotano. Ante el anuncio de tantas maravillas que se piensan realizar en tan corto tiempo, no puede menos de preguntarse por qué esto no se había podido hacer antes.

El Alcalde Caicedo ha anunciado que antes de las elecciones de marzo entregará completamente repavimentadas las calles de Bogotá. Indudablemente, uno de los mayores beneficiados será el ilustre candidato del partido de gobierno, pues si de verdad esta vez el Alcalde cumple sus promesas algo le va a mejorar la votación.

La guerra al solo-hueco ha sido un clamor constante del sufrido bogotano. Ante el anuncio de tantas maravillas que se piensan realizar en tan corto tiempo, no puede menos de preguntarse por qué esto no se había podido hacer antes. Uno podría aventurarse a pensar que es porque ahora el famoso Registro Unico de Proponentes si está funcionando. Por las denuncias hechas por la Administración sobre el caos imperante en el Registro Unico de Proveedores, se podría imaginar que en la anterior emergencia vial decretada por la Administración Caicedo Ferrer, los contratistas de obras públicas se escogieron entre los proveedores de artículos de oficina.

Esta hipótesis debe descartarse pues como bien se sabe la Administración Caicedo Ferrer ha sido muy adicta a hacer adjudicaciones a dedo, sin tener en cuenta el regimen de contratación del Distrito definido en su Código Fiscal. Infortunadamente, el dedo del anterior Secretario de Obras Públicas no fue muy acertado, al elegir a unos contratistas sin experiencia que además cobraron unos precios muy por encima de los que habitualmente cobran los pavimentadores bogotanos.

La importancia de contar con unas calles en buen estado no puede subestimarse. La evaluación económica de un proyecto de rehabilitación de calles urbanas muestra que los beneficios para la ciudad son muy superiores a sus costos. Los indicadores de rentabilidad de estos proyectos son siempre superiores a los de otros proyectos urbanos.

Los proyectos de transporte financiados por el Banco Mundial y otros organismos internacionales siempre incluyen un componente importante de rehabilitación de vías urbanas. El componente de pavimentación no solo busca solucionar un problema existente en la ciudad, sino que además pretende establecer un sistema de mantenimiento que asegure que las inversiones se continúen haciendo y que además, obedezcan a un plan de prioridades adecuado.

Precisamente, el Proyecto que preparó la Administración Pastrana y que aprobó recientemente el Banco Mundial, incluye un plan de rehabilitación de las vías de Bogotá. Como parte de la preparación misma del proyecto se diseñó con asesoría de destacados profesionales nacionales y con el apoyo de un consultor peruano, un procedimiento para fijar las prioridades del plan de rehabilitación.

Gracias a la financiación obtenida a través del crédito del Banco Mundial, la Administración ha podido emprender este plan de recuperación, no solo de la infraestructura vial, sino también de la deteriorada imagen de nuestro Alcalde. Esperamos que esta vez le salgan bien las cosas al Doctor Caicedo Ferrer y que pueda al fin utilizar los recursos del préstamo del Banco Mundial.

El Idu de la Fantasía

No debemos olvidar que el IDU recaudó como ingresos de valorización en el período 1971- 1989 una cifra inferior a los ochenta y tres mil quinientos millones de pesos que el Alcalde de Verdad piensa cobrar en un año.

 

En estos días Emiliani, en donde aumenta la oferta de televisión, vienen a nuestra memoria algunos de los programas que en su época tuvieron éxito. La Isla de la Fantasía programa producido por la cadena ABC de los Estados Unidos tuvo mucho éxito a comienzos de los ochentas. En él Ricardo Montalbán y su asistente Tattoo brindaban a los visitantes de la isla la oportunidad de vivir sus fantasías.

El Alcalde de Bogotá pareciera que no ha tenido necesidad de hacer el vuelo hasta la Isla de la Fantasía pues el Director del IDU le ha prometido que en los últimos nueve meses de su mandato puede llevar a cabo todo lo que se ha imaginado. En efecto, le ha prometido que a pesar de tener que presidir dos elecciones puede recaudar en un año lo que anteriormente se recaudaba en un poco más de 19 años. No debemos olvidar que el IDU recaudó como ingresos de valorización en el período 1971- 1989 una cifra inferior a los ochenta y tres mil quinientos millones de pesos que el Alcalde de Verdad piensa cobrar en un año.

La magnitud del esfuerzo fiscal adicional con que sueña el burgomaestre bogotano puede apreciarse cuando se compara con los ingresos totales del Distrito en épocas anteriores. El Presupuesto consolidado de Bogotá en 1979, medido en pesos de hoy, fue inferior a un año de la contribución de valorización por beneficio general. Con lo que se piensa cobrar por beneficio general los bogotanos de 1979 no solo financiaron todos los servicios sociales, las obras de la administración central, sino que pudieron pagar las cuentas de sus servicios públicos como electricidad, acueducto, teléfonos y aseo.

Las obras que aparecen en su fantasía no se van a poder hacer en el poco tiempo que le queda al Alcalde Caicedo. Los 167 mil millones de pesos que piensa recaudar el IDU no van a poderse gastar en nueve meses. El presupuesto de la famosa avenida expresa, con todas sus obras, es de 26 mil millones de pesos. Por más que se quiera no se va a poder ejecutar en su totalidad, entre otras cosas porque los terrenos por donde pasa han sido invadidos. La Administración al final de su mandato podrá entregar algunos puentes de esta avenida con un costo de 800 millonesla unidad. Si entrega cinco puentes habrá gastado apenas 4.000 millones de pesos.

No parece lógico recaudar 85.000 millones para entregar obras por un valor de cuatro mil millones. Más aún, es inconcebible que haya que cobrar con anticipación unas obras que se encuentran financiadas. La Avenida Norte Quito Sur forma parte de un paquete que ha sido financiado por FINDETER. Si esta institución no lo hubiera aceptado, el Proyecto habría podido ser finaciado dentro del programa presentado a la consideración del Banco Mundial. Para que hubiera podido ser financiado dentro del Programa del Banco, el IDU debería presentarlo de acuerdo con las normas de Contratación aprobadas para dicho programa. El afán de terminar las obras lo más rápido posible ha llevado al IDU a contratar el diseño con la construcción y ha impedido que obras como la Avenida NQS y la troncal de la Caracas no puedan ser financiadas con los recursos del Banco Mundial.

En la fantasía del Alcalde nunca aparecía la protesta ciudadana. La felicidad era total. Los bogotanos cumplían el llamado del IDU vendiendo sus lotes y hacían colas para entregarle el ahorro de toda su vida al Alcalde, para que éste pudiera inaugurar todas las obras antes del primero de junio de 1992.

¿Contrato de Gestión o Concordato ?

En el caso de la Empresa de Energía de Santa Fé de Bogotá, más que un contrato de Gestión entre el Distrito y la administración, lo que se está haciendo es un convenio entre los acreedores, como el Gobierno Nacional, y la Empresa; es decir, el reconocimiento de que la segunda empresa más grande del país se encuentra en concordato.

La semana anterior el Señor Gerente de la Empresa de Energía de Santa Fé de Bogotá, hizo una muy buena presentación de la situación de su empresa en un programa de la televisión  que se presenta a la hora en que las carrozas se convierten en calabazas. Entre los temas tratados el que más me llamó la atención fue el del convenio que se pensaba firmar entre el Gobierno Nacional, representada por la Financiera Energética Nacional (FEN), y el Distrito.

La firma del Convenio marcará un hito importante en la gestión de las empresas oficiales. El Gobierno Nacional ha considerado importante definir una serie de compromisos que las Empresas deben cumplir a cambio del apoyo financiero. En el pasado, este trabajo sucio muchas veces se delegaba a los organismos internacionales. Las condiciones de aumento de tarifas, reducciones en la nómina y similares, por lo general aparecían en los contratos de préstamo con los organismos internacionales. Esta delegación del papel de malo no fue muy exitosa. El cumplimiento de las cláusulas de tarifas nunca fue muy estricto. En muy pocas ocasiones, se canceló un préstamo por incumplimiento de estas condiciones.

Como hemos mencionado anteriormente, el uso de los contratos de gestión es muy apropiado para manejar una empresa oficial. En esencia, la administración de la empresa define por una parte una serie de resultados que puede cumplir y por otra los recursos que requiere para poder alcanzar estas metas. El dueño de la empresa y los administradores, formalizan estos compromisos en un documento que después es utilizado para el control del cumplimiento de los compromisos adquiridos.

Este instrumento de control de gestión tiene una amplia utilización en el mundo. Electricité de France lo utiliza con muy buenos resultados. Las promociones de los funcionarios de esta entidad se hacen con base en la manera como los ejecutivos cumplen con los compromisos acordados en los contratos de gestión.

Estos contratos de gestión, se parecen a los compromisos firmados en los concordatos. La gran diferencia es que en estos casos el convenio se firma entre los acreedores y los dueños de las empresas; a cambio de recursos nuevos de crédito los dueños se comprometen a tomar una serie de medidas que les garanticen el pago parcial de las acreencias. Muchas veces los acreedores exigen la cesión de algunos activos de la compañía para irse pagando lo que se les adeuda.

En el caso de la Empresa de Energía, más que un contrato de Gestión entre el Distrito y la administración, lo que se está haciendo es un convenio entre los acreedores, como el Gobierno Nacional, y la Empresa. Pareciera entonces que el convenio en vez de mostrar una nueva era de manejo moderno de la empresa, es más bien el reconocimiento de que la segunda empresa más grande del país se encuentra en concordato.

El Doctor Lázaro Mejía ha estado respondiendo a las inquietudes de la ciudadanía. El Alcalde, tal vez por sus innumerables compromisos no ha tenido el tiempo de explicarnos que se va a hacer con los activos de la Empresa de Energía. No le hemos escuchado del señor Alcalde por qué ha consentido en perder el fuero de nombrar al Gerente de la Empresa. Para el ciudadano corriente hubiera sido mejor tener una empresa más pequeña pero autónoma que una Empresa grande pero sometida.

Los candidatos a la Alcaldía de Bogotá deberían pronunciarse sobre este importante punto. No es posible que cuando lleguen al poder tengan que someterse a unos acuerdos en los que no tuvieron participación.

Transporte en Bogotá: Mucha valla y pocas obras

Lo que ya hicieron los Alcaldes y están entregando en estos días de aniversario de su mandato es casi la totalidad de lo que van a entregar durante todo su período; lo que intenten hacer en estos últimos seis meses, va a ser interpretado como una interferencia política.

El Alcalde de Bogotá, Doctor Juan Martín Caicedo Ferrer, ha tomado muy en serio la idea de que el período del Alcalde coincida con el año fiscal. La frustración de recibir un presupuesto con un estado de avance superior a las cinco doceavas partes ha influido en su gestión.

Yo encuentro muy justificable la posición del Alcalde, pues es evidente que los recursos disponibles son de vital importancia para poder llevar a cabo los planes de una administración. Sin embargo, siempre he pensado que en lugar de plantear un cambio en la fecha de la elección, sería mucho más sencillo pedirle a los constituyentes que cambien el año fiscal para hacerlo coincidir con el período del Alcalde y del Presidente. No hay una razón muy poderosa para que el año fiscal coincida con el año calendario. En otros países el año fiscal comienza en fechas diferentes al primero de enero.

Más aún, el año fiscal de los Estados Unidos ha sido cambiado por motivos políticos. Hasta los setenta el año fiscal de los Estados Unidos terminaba el 30 de junio. En esa época los padres de la patria del país del norte encontraron que era más conveniente hacer que la feria del presupuesto, que ocurre en todas partes al final del período, estuviera muy cercano a las fechas de elecciones. 

La constituyente parece que va a adoptar la propuesta actual del Alcalde Caicedo. Las próximas elecciones se están planeando para octubre. Por lo tanto, lo más probable es que el período del Alcalde coincida con el año fiscal actual. Lo que no se esperaba era que el período de los actuales alcaldes se redujera.

Ante estos acontecimientos, las esperanzas de recuperar el tiempo perdido se desvanecen. Lo que ya hicieron los Alcaldes y están entregando en estos días de aniversario de su mandato es casi la totalidad de lo que van a entregar durante todo su período; lo que intenten hacer en estos últimos seis meses, va a ser interpretado como una interferencia política. No van a poder realizar cambios en su gabinete, ni van a poder realizar contratos grandes, pues los candidatos estarán muy pendientes de todas las actuaciones de los funcionarios de turno.

Como se ha visto en algunas columnas, el balance de la gestión del Alcalde de Bogotá no es muy alentadora. En obras públicas y según se aprecia en el aviso que los Contratistas del IDU publicaron en los periódicos del viernes, casi todo se reduce al puente de la Avenida Boyacá con la Autopista del Sur y a los giros de la Autopista Norte. En el campo del transporte, además del cambio de nombre del DATT por la STT, se volvió a autorizar la utilización de las Servitecas para la revisión de los Vehículos. Unicamente alguien tan gobiernista como El Tiempo puede encontrar como una gran realización tomar una decisión tan obvia después de un año de gobierno. Ya en una columna del 16 de julio de 1990, se le pedía al Alcalde que revisara la revisión.

Las diligencias relacionadas con el transporte siguen siendo complicadas. Los intermediarios continúan haciendo su agosto en las dependencias distritales. La semana anterior, para obtener un paz y salvo de multas necesario para revalidar la licencia de conducción, tuve que hacer dos horas de cola en las dependencias de Paloquemao. Los que pagaron dos mil pesos por el paz y salvo, lo obtuvieron en 10 minutos.

El Proyecto de Transporte sometido a la consideración del Banco Mundial, continua en la misma etapa de definición en que lo recibió el Alcalde Caicedo. Los dos años que dedicó la administración anterior a la preparación de este importante proyecto no fueron aprovechados por la actual administración. Los desembolsos del préstamo van a llegar para financiar las obras de la próxima administración.

El plan de pavimentación ha sido criticado por la Asociación de Ingenieros Contratistas. Se han criticado las adjudicaciones hechas y el costo excesivo de las obras. La deficiencia de interventoría por parte de la SOP se ha constituido en uno de los mayores problemas.

La Valorización por beneficio general, en la que el gobierno Distrital había puesto todas sus esperanzas, fue suspendida por el Consejo de Estado. Las adjudicaciones hechas por el IDU en la Avenida NQS fueron objetadas por FINDETER. El querer ganar tiempo y utilizar procedimientos de licitación llave en mano tuvo como consecuencia que las propuestas de los contratistas no fueran comparables.

La Autoridad Unica de Transporte sigue todavía en el papel. Los estudios realizados por la Administración anterior se perdieron. Las perspectivas para la STT no parecen muy claras: Se cambio a uno de los ejecutivos del año, por una abogada experta en asuntos internacionales. 

Bogotá- crisis de control

En el Distrito, como en los conglomerados mal manejados, cada entidad opera por su cuenta. Las decisiones se toman al nivel de cada empresa sin que conduzcan al beneficio general de la sociedad en su conjunto

Si por cualquier circunstancia a la Alcaldía de Bogotá llegara algún día un experto en administración, es muy probable que en la primera semana de su gestión se diera cuenta de lo caótico de los arreglos institucionales imperantes en el Distrito.  Cuando comience a mirar el organigrama del Distrito se va a dar cuenta que como Alcaide Mayor tiene que asistir a 31 juntas directivas.  Como la mayoría de las juntas se reúnen cada quince días y cada una dura por lo menos dos horas, tendrá que dedicar a esta labor 62 horas cada quince días o sea un poco más de 120 horas al mes.

Es evidente que para poder participar efectivamente en la dirección de estas empresas, debe dedicar a la preparación de las juntas, por lo menos un tiempo igual al gastado en las mismas.  Por tanto, nuestro alcalde administrador debería dedicar por lo menos unas 240 horas al mes para manejar las entidades descentralizadas del Distrito.  Desdichadamente, esto copa todo el tiempo disponible, pues aún en el caso de que trabajara los 30 días del mes, tendría que dedicarle todas las ocho horas hábiles para el manejo de 31 entidades descentralizadas.

El Alcalde que asiste a las 31 juntas y que se lee todos los documentos que se presentan a la consideración de cada una de estas, muy pronto se frustraría por cuanto en las juntas directivas la mayor parte del tiempo (por no decir que todo), se dedica a las adjudicaciones de contratos.  Muy pronto el Alcalde se dará cuenta que está asistiendo a 31 juntas de licitaciones y que el tiempo no sólo debe dedicarlo a la adjudicación, sino que debe además atender las reclamaciones asociadas con dichas adjudicaciones.

Este esfuerzo de atender las reclamaciones es considerable.  Baste recordar que hoy en día, se está discutiendo la adjudicación de los puentes de la avenida ciudad de Quito, las del embalse de San Rafael y las del Instituto de Recreación y Deporte.

Nuestro hipotético Alcalde, experto administrador, muy pronto se da cuenta que 61 no puede manejar las 31 Empresas del Distrito y que realmente no puede ejercer ningún control sobre la gestión de las diferentes unidades.  En el Distrito, como en los conglomerados mal manejados, cada entidad opera por su cuenta. Las decisiones se toman al nivel de cada empresa sin que conduzca al beneficio general de la sociedad en su conjunto.  Esta crisis de control por la que atraviesa el Distrito no puede ser resuelta dentro del esquema organizacional existente.  Como nos lo han enseñado los estudiosos de la organización, la superación de la crisis se logra a través de cambios profundos en la organización.

Para lograr un mayor control no sólo se requiere contar con los afamados "tableros de control", sino que también se requiere transferir muchas de las funciones del nivel operativo en cada una de las Empresas, al nivel de coordinación general del grupo.

Los recursos financieros tienen que ser manejados al nivel corporativo lo que implica que todas las ganancias ingresen a un fondo común y que todas las unidades compitan por los recursos de inversión.  El procedimiento en que las decisiones de inversión se hagan al nivel de cada empresa, tiene que ser cambiado por un esquema mucho más eficiente en el que se analicen las mejores oportunidades para la ciudad.

Las políticas de personal también tienen que ser definidas a nivel central.  No es posible continuar con 31 políticas de personal específicas para cada una de las 31 entidades descentralizadas del Distrito.  Estas políticas de recursos humanos no solo deben cubrir la remuneración sino también deben contemplar la capacitación y el desarrollo profesional de los empleados.

El cambio organizacional también debe venir acompañado de la eliminación de algunas entidades que ya no tienen ninguna razón de ser.  La consolidación de las entidades es clara cuando uno se da cuenta que el 87 por ciento de las entidades manejan únicamente el 12 por ciento de los recursos.  De estas 27 entidades que manejan tan poco presupuesto hay 13 fondos rotatorios que no deberían existir como entidades pues muchas veces sus labores se reducen a girar cheques.