Por primera vez los
representantes del Gobierno han hablado de establecer los subsidios a los
usuarios de bajos ingresos en forma explícita.
En las Jornadas de
ACIEM (Asociación de Ingenieros Mecánicos Eléctricos y Afines) recientemente
realizadas en Bogotá se discutió, una vez más, sobre las tarifas del sector
eléctrico. El tema de las tarifas del sector eléctrico en general y el de las
tarifas de la Empresa de Energía de Bogotá es bastante complejo y tiene muchos
aspectos de interés. Para muchos analistas, el problema más grave de las
tarifas de la Empresa de Energía de Bogotá consiste en que su nivel es
insuficiente para cubrir los gastos de la Empresa y en especial los derivados
del servicio de la deuda externa. Para otros, el mayor problema no se debe a
que el nivel promedio de la tarifa es bajo, sino que más bien se origina en la
existencia de una diferencia entre la tarifa que se le cobra a un determinado
usuario y el costo de proveerle el servicio.
Como se ha venido
sosteniendo en estas columnas, la creencia de que la solución de largo plazo
para los problemas financieros de las Empresas del Sector Eléctrico se puede
lograr mediante el aumento de las tarifas es totalmente equivocada. Esta
creencia se basa en la hipótesis de que el aumento de precios no afecta el
consumo. La experiencia colombiana ha mostrado que no hay nada más alejado de
la realidad. Los empresarios y los consumidores han cambiado su comportamiento
como consecuencia del aumento en las tarifas. Algunos han disminuido sus
consumos, otros han sustituido el consumo de energía eléctrica por otros
energéticos y otros han descubierto que el fraude es una alternativa mejor que
pagar las enormes tarifas que les han impuesto las empresas de energía.
Aunque nadie puede
negar hoy en día este hecho, todavía existen algunos encargados de tomar
decisiones de política que creen que el efecto neto de un aumento en las
tarifas puede ser positivo. Suponen que el aumento en los precios puede
compensar el efecto causado por la reducción del consumo causado por el
incremento en los precios. Sin embargo,
los estudios realizados sobre la demanda de energía eléctrica han mostrado que
el efecto de un incremento en los precios en los ingresos de las empresas es
prácticamente igual a cero. Esto es, un aumento de un 10 por ciento en la
tarifa viene acompañado por una disminución del 10 por ciento en las cantidades
consumidas.
La triste realidad de
que el cambio en el nivel de tarifas no va a solucionar el problema financiero
de las Empresas del Sector Eléctrico no debe paralizarnos. Es necesario en
primer lugar, hacer que todo el mundo cubra los costos de proveer este
servicio. De otra manera, en el largo plazo será imposible mantener un cubrimiento
adecuado de este servicio.
Infortunadamente, el
elevar las tarifas de los usuarios que están utilizando ineficientemente la
energía eléctrica hasta hacerlo coincidir con el costo para la sociedad tiene
el gran problema de que estos usuarios son de bajos ingresos. La solución obvia
para llevar las tarifas a su nivel eficiente desde el punto de vista económico
es hacer un ajuste gradual de las tarifas. Este ajuste se puede facilitar en la
medida en que el subsidio que se ha incorporado en la estructura tarifaria se
cambie por un subsidio explícito. Afortunadamente, parece que el Gobierno está
contemplando esta posibilidad. Por primera vez los representantes del Gobierno
han hablado de establecer los subsidios en forma explícita. Ojalá que lo que se
escuchó en las Jornadas de ACIEM se convierta pronto en una realidad.
En la medida en que
este subsidio sea concedido directamente por el Gobierno Central la situación
financiera de las empresas podrá mejorar. El subsidio directo o explícito
permitirá mantener los ingresos de los consumidores de bajos ingresos sin
afectar negativamente las finanzas de las empresas.
Este subsidio no
tendría que girarse mes a mes a las empresas sino que este podría abonarse como
pago de las deudas que tienen las Empresas con el Gobierno Nacional. De esta
manera, las Empresas que están contribuyendo a mantener un mejor clima social
con unas tarifas subsidiadas verían recompensados sus esfuerzos con una
disminución de la deuda que han contraído con el gobierno central para la
refinanciación de las empresas.
Cuando el Gobierno
asuma directamente la financiación de este subsidio, es muy probable que
considere que esta ayuda debe irse marchitando. Este subsidio se iría
disminuyendo, poco a poco, hasta desaparecer totalmente con el transcurso del
tiempo.
Si bien es posible
pensar que con el tiempo desaparecerían los problemas relacionados con los
subsidios y las tarifas del sector residencial persistirían las distorsiones
existentes en las tarifas de los sectores industrial y comercial. Para eliminar
esta distorsión sería necesario disminuir las tarifas de los sectores
industrial y comercial. Aceptar que estas tarifas sigan distorsionadas no solo
mantendría una de las principales causas de los fraudes sino que también prolongaría
los efectos negativos que tienen estas tarifas en la asignación de recursos.
Ojalá que la discusión
sobre las tarifas del sector nos permita llegar a la conclusión de que la
política tarifaria no debe ser un instrumento para mejorar los ingresos de la
empresas sino más bien uno para lograr una utilización racional de los
recursos. La regla de oro de las tarifas debería ser que cada quien pague lo
que le corresponde, ni un peso más ni un peso menos.
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