La intervención del gobierno en la regulación del mercado usualmente
se ha realizado por medio de reglamentaciones orientadas a fijar condiciones
que deben cumplir los productores de bienes y servicios. Dichas
reglamentaciones se traducen en una serie de trámites que deben cumplir los
administradores de las empresas y que, por lo general, contribuyen a encarecer
el producto final y a distorsionar el buen uso de los recursos productivos. El
caso colombiano es un buen ejemplo de un proceso en el que la buenas
intenciones de los gobernantes, poco a poco, han sido anuladas por las
distorsiones causadas por un exceso de reglamentaciones. Es tal el descontento
de los colombianos con los resultados de las políticas de reglamentación de la
actividad económica que, como ha sucedido en otros paises, estarán dispuestos a
respaldar al candidato que ofrezca una tregua entre el regulador y el regulado.
Cambios recientes en la regulación de la actividad económica.
La tendencia moderna en la regulación de la actividad económica es
tratar de intervenir de una manera indirecta sin fijar restricciones, cambiando
el esquema de incentivos para que el productor ajuste sus decisiones en la
dirección que sea más conveniente para la sociedad. Se reconoce que si los
incentivos no cambian, el agente económico, productor o consumidor, va a buscar
eludir los controles diseñados por el gobierno, utilizando todos los medios
legales a su alcance. Más aún, y lo que es más grave para el propio sistema, en
último caso puede decidir evadir los controles impuestos apelando a
procedimientos por fuera de la ley.
El cambio en el proceso de regulación ha sido ampliamente debatido en
los países industrializados y ha contado con el apoyo de una gran mayoría de
los economistas, sobrepasando muchas veces sus aficiones partidistas. Charles
Schultze quien fuera el asesor económico del presidente Carter ha dado su apoyo
a un cambio en el proceso de regulación. Según Schultze, el gobernante debe
buscar "utilizar incentivos privados para obtener el bienestar
público" y para ello debe intervenir el sistema de precios, más bien que a
través de reglamentaciones sobre el mismo proceso productivo.
200 años después de la Riqueza de las Naciones, los economistas han
redescubierto un papel para la mano invisible. Cuando el esquema de incentivos
es correcto, los productores y consumidores pueden, a través del mercado,
reemplazar la mano invisible del regulador.
¿Quién da más?
Algunos ejemplos de la utilización de los incentivos privados para
lograr el bienestar de la comunidad, y que pueden ser adaptados al caso
colombiano, tienen que ver con la asignación de recursos escasos por medio de
licitación. Para nadie es un secreto que hoy en día hay una escasez de divisas
y que, por lo tanto, el poseer licencias de importación es un activo que tiene
un valor monetario muchas veces superior a otros más tangibles como el dinero
en el banco. En la actualidad, el mayor precio pagado por los consumidores de
los bienes extranjeros está llegando al importador, y en ocasiones, a funcionarios
inescrupulosos encargados de tramitar las licencias de importación. Si se
cambiara el sistema vigente por uno en el cual se subastaran las licencias de
importación, no sólo se aumentarían los ingresos del fisco, sino que se
mejoraría la asignación de recursos, pues quien mayor necesidad tuviera de
bienes importados, ofrecería más por las divisas, logrando así una asignación
de divisas a quien más las necesita.
Otro caso en donde el proceso de licitación contribuiría a una mejor
asignación de recursos es el de la televisión. En la situación actual, un
espacio es asignado a la programadora que hace la "mejor" propuesta.
Por este espacio la programadora debe cancelar un canon preestablecido. En un
verdadero proceso de licitación, el proponente debe indicar hasta cuánto está
dispuesto a pagar por el espacio que está licitando y la adjudicación se hace
al proponente que ofrece más por el espacio. Una verdadera licitación no solo
facilita el proceso de selección, sino que elimina los subsidios implícitos
concedidos a programadoras favorecidas con espacios en tiempos cuyo potencial
supera el canon de arrendamiento fijado.
Un tercer ejemplo en donde un cambio en la regulación tendría efectos
favorables se relaciona con la asignación de cupos a los vehículos de servicio
público. Tradicionalmente, el cupo de buses, busetas y camiones ha sido fijado
por las autoridades del transporte. Dadas las dificultades inherentes a las
proyecciones del parque automotor, los cupos asignados muchas veces no
coinciden con las necesidades reales del sector y, por lo tanto, han ocasionado
algunos problemas. Algunas veces el cupo asignado ha sido inferior a las
necesidades reales del sector, lo que ha dado lugar a inmoralidades en el
proceso de adjudicación, mientras que en otras oportunidades, el número de
cupos asignados ha sido superior a las necesidades, generando dificultades a
los transportadores como consecuencia de un exceso de oferta. Si los cupos se
asignaran mediante un proceso de licitación, indudablemente se lograría un equilibrio
mayor entre oferta y demanda; si por otras razones, se juzgara necesario
mantener unas restricciones en la oferta, los sobreprecios llegarían a las
arcas del Estado y no se quedarían en las de los intermediarios.
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