Para el columnista es
muy agradable poder ver que las ideas que ha venido ventilando desde hace algún
tiempo se incorporan en una política del gobierno.
El gobierno del
Presidente Gaviria ha iniciado recientemente la puesta en marcha de sus
programas de vivienda. Estos programas reflejan el gran cambio en el manejo del
sector incorporado en la Ley 3a de 1991.
Las nuevas políticas de
vivienda del actual gobierno presentan un considerable avance sobre lo que
existía anteriormente. En primer lugar, el nuevo esquema de la vivienda de
interés social aclara considerablemente el apoyo que está otorgando el estado.
Anteriormente, era muy difícil cuantificar el monto del subsidio que estaba
entregando el Estado a los adjudicatarios de las viviendas que entregaban los
institutos encargados de la vivienda. Ante la dificultad en la cuantificación
del subsidio otorgado por el ICT no era posible evaluar correctamente la
gestión del Instituto y de las otras entidades del sector vivienda.
La falta de información
sobre los resultados del ICT indudablemente contribuyó a mantener un sistema
totalmente ineficiente. Aterra leer en un documento de planeación que el ICT
"recupera sólo alrededor del 28% del costo económico de los recursos
consumidos." El mismo documento muestra que los activos del Instituto se
evaporaban en casi un 70 por ciento. En lugar de tener una cartera de 240 mil
millones de pesos el ICT, para efectos prácticos el ICT podía contar con
activos por solo 73 mil millones. Es increíble ver que por falta de información
desaparecieron 167 mil millones de pesos sin que nadie se diera cuenta.
En segundo lugar, en la
nueva política el Estado ha perdido el incómodo papel de cobrador. Ahora como
el acreedor es una entidad del sector financiero con amplia experiencia en el
cobro es muy probable que recupere el total de la deuda. El sistema recuperará
ahora el 100 por ciento de su cartera y no el 30 por ciento que se recuperaba anteriormente.
En tercer lugar, la
oferta de las soluciones queda en manos del sector privado. Los sobrecostos
incurridos por la ineficiencia del sector público se pueden eliminar en la
medida en que el sector privado tome bajo su responsabilidad la construcción de
las viviendas de interés social. Ahora cuando el sector privado construye las
soluciones de vivienda se podrán agilizar de los lentos procesos de
contratación y construcción. Las dificultades en la adquisición de terrenos daban
lugar en ocasiones a sobrecostos considerables. El caso más patético de las
demoras ocasionadas en la compra de terrenos es el de Ciudad Bolívar. El
programa de lotes con servicios que iba a ser modelo a nivel mundial se
convirtió en uno de servicios sin lotes, por cuanto los terrenos para los que
se hizo el diseño fueron invadidos y no se pudo fácilmente comprar otros.
Desde esta columna le
deseamos éxitos al gobierno pues consideramos que las nuevas políticas son un
importante avance sobre las que existían
anteriormente. Para el columnista es muy agradable poder ver que las ideas que
ha venido ventilando desde hace algún tiempo se incorporan en una política del
gobierno. Es más agradable, aún, cuando
esas ideas que antes eran aceptadas por una inmensa minoría se convierten en la
verdad del momento.
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