El Presidente si sabía

La crisis política desembocó en una crisis de gobernabilidad que terminó agravando la situación económica. El gobierno con el fin de lograr el apoyo político comenzó a derrochar el dinero de los contribuyentes y cerró los ojos a la triste realidad fiscal.

La declaratoria de la Emergencia Económica por la Administración Samper es un nuevo signo del mal manejo económico que ha tenido el país durante este gobierno. La falta de previsión y el querer tapar el sol con las manos han resultado en una experiencia traumática que ha dado al traste con la posible recuperación de la economía colombiana.

La irresponsabilidad fiscal que caracterizó a Ernesto Samper durante su paso por el Concejo de la capital donde organizaba marchas para que los usuarios de los servicios públicos quemarán las fotocopias de las facturas y se negarán a pagar la valorización por obras de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, fue, sin lugar a dudas, la principal característica del plan del salto social.

El hueco fiscal del Plan de Desarrollo fue motivo de críticas por gran parte de los analistas económicos independientes del gobierno. La imposibilidad de financiar sanamente el plan de desarrollo dentro de las posibilidades que dejaba un aumento acelerado de las transferencias, inspirado por el primer Ministro de Hacienda del Gobierno Samper desde los salones de la constituyente, resultaba evidente para todo el mundo.

El afán desmedido por aumentar el gasto para satisfacer el voraz apetito de la clase política llevó a romper la sagrada promesa hecha en la campaña electoral de no aumentar los impuestos. El gobierno, sin el más mínimo rubor, le anunció a la ciudadanía que el aumento temporal del IVA contemplado en la reforma tributaria de la Administración Gaviria se convertiría en permanente. Pero como la conversión de un aumento temporal en uno permanente no era suficiente para poder contar con el apoyo político del congreso fue necesario apelar a un aumento en dos puntos en el IVA.

La crisis política desembocó en una crisis de gobernabilidad que terminó agravando la situación económica. El gobierno con el fin de lograr el apoyo político comenzó a derrochar el dinero de los contribuyentes y cerró los ojos a la triste realidad fiscal. Las voces que comenzaron a llamar la atención sobre la grave situación del país fueron desatendidas. El Ministro Perry, en lugar de tomar las medidas adecuadas, se dedicó a escribir cartas a los medios de comunicación en las que defendía su gestión, descalificaba a sus críticos y culpaba a la anterior administración por la situación existente.

El cambio de Ministro de Hacienda ha permitido un cambio en la dirección de la política económica. La realidad ha sido reconocida y se han comenzado a realizar los ajustes en la política económica que el país necesitaba. Sin embargo, el camino adoptado, la Emergencia Económica, no parece ser el más apropiado. La Corte Constitucional, juzgando por las preguntas realizadas a los expertos en los temas económicos, tiene serias dudas sobre la constitucionalidad de las medidas. Todos los expertos estarán de acuerdo que el Presidente si sabía que el país estaba en graves circunstancias y que las medidas adoptadas en los dos primeros años de gobierno nunca estuvieron encaminadas a arreglar el problema que ellos mismos habían diagnosticado en la campaña presidencial. Por el contrario, el afán de pagar favores al Grupo Santodomingo, a otros de los grandes aportantes y ganar el respaldo político para la preclusión en el juicio de la Cámara de Representantes, lo único que hizo fue agravar la situación fiscal.

Más aún, muchas de las medidas no solo estaban anunciadas sino que, además se podían adoptar por otros medios. El freno al endeudamiento privado puede hacerse, y en realidad se ha hecho,  por atribuciones propias de la Junta Directiva del Banco de la República. Como muy bien lo ha demostrado el actual Ministro de Hacienda en un sesudo documento, el impuesto establecido al endeudamiento externo es equivalente a la utilización de los encajes sobre el endeudamiento externo.

Esta interferencia con la independencia del Banco de la República es una pésima señal para la comunidad internacional. El Gobierno Samper no se ha esperado a febrero de 1997 para poder nombrar dos miembros más en la Junta Directiva del Banco de la República con lo cual contaría con la mayoría en este importante organismo, sino que ha entrado por la puerta de atrás para acabar con la independencia de tan importante institución.

Lo que es sorprendente es que por la declaratoria de la emergencia económica ha quedado en manos de la Corte Constitucional uno de los principales activos con cuenta la economía colombiana. La confianza de la comunidad internacional en la seriedad de la política económica depende de una declaratoria de inconstitucionalidad de la emergencia económica adoptada por el gobierno Samper. Si se aceptaran los argumentos del gobierno para acabar con la autonomía del Banco de la República y del Congreso, Colombia entraría a la lista de los parias no solo en el aspecto del narcotráfico sino también en el del manejo económico.