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jueves, 20 de marzo de 1997

Se reduce la incertidumbre económica

El fallo de la Corte en la que declara inconstitucional el Decreto de Emergencia Económica permite mirar con mayor tranquilidad el futuro del país. Es reconfortante encontrar un fallo que demuestre que en Colombia todavía impera el Estado de Derecho. Los agentes económicos han recibido un importante mensaje. El poder del ejecutivo tiene un importante contrapeso en una institución que toma sus decisiones de acuerdo con la legalidad de las medidas y no con la conveniencia política.

La confianza en las instituciones es de gran importancia para los agentes económicos y permite tomar decisiones de largo plazo. Para el país hubiera sido muy grave aceptar que la imprevisión del gobernante es motivo suficiente para tomar unas medidas improvisadas que tratarán de resolver a la hora de nona las graves dificultades causadas por una gestión improvisada. Sería muy grave que los problemas de fondo de la economía fueran resueltos por procedimientos extraordinarios en los que no puede haber ninguna  discusión por parte de los afectados por las reformas propuestas.

Ahora que existe una mayor claridad en las reglas de juego es necesario comenzar a enfrentar los graves problemas económicos del país. Sin lugar a dudas, el más importante de todos es el grave déficit fiscal que se ha originado en un incremento acelerado del gasto público. A diferencia de lo que ocurre en el mundo, en Colombia el Estado sigue creciendo. La participación del Estado sigue aumentando sin que los resultados sean hoy mejores que hace cinco años.

El incremento en los gastos del gobierno no han venido acompañados de mejoras en la calidad de vida de las personas. El incremento en el gasto en justicia no ha contribuido de manera significativa a garantizar a todos los colombianos una pronta y cumplida justicia. Hoy como ayer, la justicia sigue siendo para los de rana y como la prenda de nuestros altiplanos es cada vez menos popular la justicia llega cada vez a menos personas.

Los gastos en defensa no nos han asegurado la victoria sobre la subversión. Por el contrario, la población se siente cada vez más indefensa. La guerrilla por el contrario se ha internacionalizado y ahora ha desarrollado alianzas estratégicas con fuerzas multinacionales para obtener millonarios rescates en moneda extranjera.

La ineficiencia del gasto público ha resistido el embate de varias comisiones que han intentado ponerle freno a este cáncer que absorbe todos los recursos que se le entreguen. Un gobierno tan débil como el actual se ha resistido a actuar sobre el gasto público y por el contrario lo ha incrementado para ganar el apoyo de los políticos, de los sindicatos oficiales, y de las fuerzas armadas.

Infortunadamente, en circunstancias recesivas, las medidas encaminadas a recaudar más impuestos no parecen muy aconsejables. El aumento de los aranceles no solo ha puesto en peligro las relaciones comerciales de Colombia con algunos de sus socios comerciales sino que además ha dado una señal de alerta que parece estar mostrando el interés del gobierno por acabar con la apertura económica. Los industriales que le apostaron a la competencia internacional deben estar muy desilusionados. Deben sentirse tan frustrados como aquellos que después de haber hecho una cola larguísima se dan cuenta que hay unos vivos que están entrando por la puerta falsa.

El aumento en las tarifas del IVA propuesto recientemente tampoco es la solución indicada. Aumentar las tarifas de un impuesto que tiene una evasión tan grande lo único que hace es castigar más a los que respetan la ley y premiar a los que la evaden. Quitarle los recursos al sector privado para darle los recursos al sector público es como quitarle el dinero a las hormigas que han trabajado durante todo el verano para dárselo al grillo que vivía en eterna rumba. Pero más grave aún, el aumento de impuestos en una situación recesiva es la receta adecuada para empeorar la situación. Tal como se demostró en el pasado reciente, el déficit fiscal se agrava durante las recesiones pues los recaudos tienen un fuerte componente cíclico.


Si el gobierno quisiera eliminar la incertidumbre creada por la declaratoria de emergencia económica debería comenzar a enfrentar seriamente el problema del déficit fiscal. Con medidas coyunturales no será posible solucionar los problemas estructurales del país.

martes, 28 de enero de 1997

El Presidente si sabía

La crisis política desembocó en una crisis de gobernabilidad que terminó agravando la situación económica. El gobierno con el fin de lograr el apoyo político comenzó a derrochar el dinero de los contribuyentes y cerró los ojos a la triste realidad fiscal.

La declaratoria de la Emergencia Económica por la Administración Samper es un nuevo signo del mal manejo económico que ha tenido el país durante este gobierno. La falta de previsión y el querer tapar el sol con las manos han resultado en una experiencia traumática que ha dado al traste con la posible recuperación de la economía colombiana.

La irresponsabilidad fiscal que caracterizó a Ernesto Samper durante su paso por el Concejo de la capital donde organizaba marchas para que los usuarios de los servicios públicos quemarán las fotocopias de las facturas y se negarán a pagar la valorización por obras de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, fue, sin lugar a dudas, la principal característica del plan del salto social.

El hueco fiscal del Plan de Desarrollo fue motivo de críticas por gran parte de los analistas económicos independientes del gobierno. La imposibilidad de financiar sanamente el plan de desarrollo dentro de las posibilidades que dejaba un aumento acelerado de las transferencias, inspirado por el primer Ministro de Hacienda del Gobierno Samper desde los salones de la constituyente, resultaba evidente para todo el mundo.

El afán desmedido por aumentar el gasto para satisfacer el voraz apetito de la clase política llevó a romper la sagrada promesa hecha en la campaña electoral de no aumentar los impuestos. El gobierno, sin el más mínimo rubor, le anunció a la ciudadanía que el aumento temporal del IVA contemplado en la reforma tributaria de la Administración Gaviria se convertiría en permanente. Pero como la conversión de un aumento temporal en uno permanente no era suficiente para poder contar con el apoyo político del congreso fue necesario apelar a un aumento en dos puntos en el IVA.

La crisis política desembocó en una crisis de gobernabilidad que terminó agravando la situación económica. El gobierno con el fin de lograr el apoyo político comenzó a derrochar el dinero de los contribuyentes y cerró los ojos a la triste realidad fiscal. Las voces que comenzaron a llamar la atención sobre la grave situación del país fueron desatendidas. El Ministro Perry, en lugar de tomar las medidas adecuadas, se dedicó a escribir cartas a los medios de comunicación en las que defendía su gestión, descalificaba a sus críticos y culpaba a la anterior administración por la situación existente.

El cambio de Ministro de Hacienda ha permitido un cambio en la dirección de la política económica. La realidad ha sido reconocida y se han comenzado a realizar los ajustes en la política económica que el país necesitaba. Sin embargo, el camino adoptado, la Emergencia Económica, no parece ser el más apropiado. La Corte Constitucional, juzgando por las preguntas realizadas a los expertos en los temas económicos, tiene serias dudas sobre la constitucionalidad de las medidas. Todos los expertos estarán de acuerdo que el Presidente si sabía que el país estaba en graves circunstancias y que las medidas adoptadas en los dos primeros años de gobierno nunca estuvieron encaminadas a arreglar el problema que ellos mismos habían diagnosticado en la campaña presidencial. Por el contrario, el afán de pagar favores al Grupo Santodomingo, a otros de los grandes aportantes y ganar el respaldo político para la preclusión en el juicio de la Cámara de Representantes, lo único que hizo fue agravar la situación fiscal.

Más aún, muchas de las medidas no solo estaban anunciadas sino que, además se podían adoptar por otros medios. El freno al endeudamiento privado puede hacerse, y en realidad se ha hecho,  por atribuciones propias de la Junta Directiva del Banco de la República. Como muy bien lo ha demostrado el actual Ministro de Hacienda en un sesudo documento, el impuesto establecido al endeudamiento externo es equivalente a la utilización de los encajes sobre el endeudamiento externo.

Esta interferencia con la independencia del Banco de la República es una pésima señal para la comunidad internacional. El Gobierno Samper no se ha esperado a febrero de 1997 para poder nombrar dos miembros más en la Junta Directiva del Banco de la República con lo cual contaría con la mayoría en este importante organismo, sino que ha entrado por la puerta de atrás para acabar con la independencia de tan importante institución.


Lo que es sorprendente es que por la declaratoria de la emergencia económica ha quedado en manos de la Corte Constitucional uno de los principales activos con cuenta la economía colombiana. La confianza de la comunidad internacional en la seriedad de la política económica depende de una declaratoria de inconstitucionalidad de la emergencia económica adoptada por el gobierno Samper. Si se aceptaran los argumentos del gobierno para acabar con la autonomía del Banco de la República y del Congreso, Colombia entraría a la lista de los parias no solo en el aspecto del narcotráfico sino también en el del manejo económico.