Una luz en las tinieblas

Si la situación económica no ha llegado a extremos graves es porque afortunadamente el gobierno central ha perdido el monopolio del manejo económico.

La Administración Samper no ha podido cumplir ninguna de sus promesas.  Las políticas económicas adoptadas no han tenido el efecto deseado.  Su plan de empleo no se ha cumplido ni siquiera en la cuarta parte.  El pacto social no ha logrado cumplir con su meta del dieciocho por ciento pues la inflación continua por encima del veinte por ciento.  El sano equilibrio de las finanzas no se ha podio lograr y el gobierno ha tenido que apelar a una nueva reforma tributaria con el fin de tapar el inmenso hueco fiscal dejado por un ambicioso plan de desarrollo.  El clima de los negocios y la confianza en el gobierno han entrado en barrena.  Los indicadores económicos cada vez son más negativos.

Paradójicamente, el único logro ha sido el frenar la devaluación real del peso que, en realidad, es un reflejo de la desconfianza que tiene el público en las políticas del gobierno y que refleja más bien el manejo que le ha dado el Banco de la República a las políticas monetaria y cambiaria y que muestra las bondades de contar con un Banco de la República independiente que no ha sido afectado por el desprestigio de la Administración Samper.

Si la situación económica no ha Llegado a extremos graves es porque afortunadamente el gobierno central ha perdido el monopolio del manejo económico.  La descentralización y las reformas al Banco de la República han recortado los poderes omnimodos del gobierno central y, por tanto, han hecho menos vulnerable a la economía colombiana a una crisis política.  Los cambios institucionales han introducido elementos estabilizadores que dan una mayor confianza al sector privado.  En estas circunstancias, los cambios que puedan ocurrir en el gobierno nacional no tienen porque afectar ni a la autoridad monetaria ni a los departamentos y municipios.

En estas circunstancias lo que se requiere es un gran esfuerzo por parte del Banco de la República y de los gobiernos locales para dar un ejemplo de manejo serio y responsable.  Los gobiernos locales tienen que mejorar su eficiencia sin apelar al fácil expediente de subir los impuestos para financiar un aparato totalmente ineficiente.  La autoridad monetaria tiene que obrar con mucho tino para evitar que la falta de confianza en el gobierno central lleva a la tan temida recesión.

En estas circunstancias en que se ha perdido la confianza en el gobierno es preciso tener especial cuidado en el campo de la política cambiaria.  El dólar ha superado la barrera psicológica de los mil pesos sin que se haya logrado una estabilidad de precios.  La posibilidad de usar una paridad fija con relación al dólar se ha perdido pues a nadie en su sano juicio se le ocurriría en estas circunstancias recomendar una congelación de la tasa de cambio pues cualquier beneficio que se lograra en el frente inflacionario se perdería en el campo de la competitividad pues el peso en muy poco tiempo se sobre valoraría lo que llevaría a una pérdida de competitividad y a una crisis cambiaria.

En estas circunstancias lo que se requiere en el frente cambiario es un cambio en la banda cambiaria buscando que el actual valor del peso quede en el punto medio de la banda.  La razón principal de este cambio es evitar que cualquier fluctuación en la cotización del dólar tenga efectos importantes en el frente monetario.  El estado de la economía no permite que una demanda transitoria de dólares tenga efectos nocivos como un aumento en la tasa de interés.  La recuperación del margen de maniobra en el frente cambiario por parte del Banco de la República es clave en este momento en el que se prevé una devaluación en Venezuela.

La eliminación de las tasas de cambio múltiples en especial el cobro de un diez por ciento de retención a las exportaciones de servicios es muy conveniente en momentos en los que cualquier evento puede romper el precario equilibrio entre la oferta y demanda de divisas.  La eliminación de esta retención en la fuente puede contribuir a unir dos segmentos del mercado en los que hoy en día existe una diferencia del cinco por ciento.  La integración del mercado cambiario no solo mejora la eficiencia sino que, además, puede contribuir a una pequeña disminución en la inflación como consecuencia de una moderación en el crecimiento del dólar oficial.

En estos momentos tan difíciles para el país lo que realmente se necesita es que las autoridades que tienen algo de credibilidad ejerzan su liderazgo.  El pueblo colombiano espera que el Banco de la República y los gobiernos locales que todavía conservan la legitimidad de su mandato llenen el vacío que ha dejado la crisis en el gobierno central.

El dólar de nuevo en primer plano

El fuerte impacto del acontecer político en la economía es algo relativamente novedoso en Colombia

La incertidumbre política ha tenido efectos devastadores en la economía.  El dólar experimentó un fuerte aumento en su valor a causa de la renuncia y posterior detención del Ministro de Defensa Nacional.  Como bien lo han anotado varios analistas económicos, lo que no pudo hacer el equipo económico del gobierno lo ha logrado la incertidumbre política que vive el país.  En Colombia, el freno a la revaluación real del peso no se obtuvo mediante una política fiscal austera sino que fue el resultado de las actuaciones del Fiscal General de la Nación.

El fuerte impacto del acontecer político en la economía es algo relativamente novedoso en Colombia.  Por mucho tiempo, las expectativas de los agentes económicos estaban basados en lo que acontecía en el frente económico.  El dólar subía en la medida en la que se percibía una crisis en la balanza de pagos y bajaba cuando se esperaba que debido a las circunstancias económicas fuera atractivo traer capitales.  La apertura de la economía y la participación de inversionistas institucionales que valoran altamente la estabilidad política ha cambiado de manera fundamental el funcionamiento del mercado de capitales y del mercado cambiario.  Si Colombia quiere atraer capitales y acelerar su desarrollo no solo debe mantener una política económica coherente sino que, además, debe garantizar un entorno político estable.

Lo peor que puede pasarle al país es minimizar la gravedad de la situación.  No podemos decir que este es el resultado de una conspiración fraguada en el New York Deli de la Avenida Chile y que con una declaración del Ministro de Hacienda se va a arreglar la situación.  No debemos perder de vista que la intervención en el mercado cambiario realizada por el Banco de la República fue similar a lo que se tenia presupuestado para todo el año.  No es lo mismo que el país pierda cincuenta millones de sus reservas internacionales en todo el año a perder esa misma cantidad en un solo día.

Lo que menos se debe hacer es responder con un incremento en los controles en el mercado cambiario.  La experiencia a escala mundial muestra que los controles a la negociación de divisas son impotentes para contener una fuga de capitales.  La existencia de controles en 1983 y 1984 no impidió que los agentes económicos sacarán más de dos mil millones de dólares de Colombia y que llevarán a la economía al borde de una crisis cambiaria.  En las circunstancias actuales, la manera más fácil de precipitar una crisis cambiaria seria la implantación de controles adicionales en el mercado de las divisas.  Esto se interpretaría, como el último recurso de una administración que ha perdido el control de la economía y confirmaría las peores expectativas sobre la economía colombiana.  Todo el mundo se dedicaría a comprar dólares disparando el precio del dólar y disminuyendo la posibilidad de perder en este juego de apostar en contra del peso.

La actuación correcta en estos casos es adoptar políticas económicas sanas y hacer más atractivo traer dólares a Colombia.  Las restricciones impuestas en el periodo de bonanza cambiaria que buscaban impedir la entrada de capitales deberían ser eliminadas.  No solo se mejoran los incentives para la entrada de capitales sino que, además, en un mercado más libre las señales son más claras y precisas.  En un mercado más transparente los desequilibrios pueden ser observados más fácilmente y en consecuencia la intervención de las autoridades económicas puede hacerse más rápidamente.

En las circunstancias actuales le cabe una gran responsabilidad a nuestro Banco Central.  Las ventajas de contar con un organismo autónomo, independiente del ejecutivo se pueden apreciar mejor en momentos de crisis.  Debido a su independencia y en buena parte a que el gobierno actual no tuvo la oportunidad de hacer nombramientos en el Banco de la República el mercado tiene plena confianza en los encargados de la política monetaria y cambiaria.  El país estaría en graves circunstancias si las ideas del actual gobierno se hubieran plasmado en una Ley que hubiera limitado la independencia del Banco de la República.  La economía estaría a la deriva en momentos como este en que se cuestiona al Presidente y a sus más allegados.  Ojalá que esta experiencia, nos lleva a archivar, para siempre, los intentos de volver a las épocas de un superministro de Hacienda.  Un país no puede confiar en conseguir a Superman como su ministro de Hacienda pues, como bien se sabe, a todo Superman le aparece su criptonita.  Un arreglo institucional con un Banco Central independiente es una mejor garantía de estabilidad.

¿Quo Vadis Ernesto?

Es necesario adoptar una línea clara en materia de política económica.

La nueva administración al completar sus primeros cincuenta días está tratando de comenzar a diferenciarse de su predecesora. No solo ha hecho modificaciones al presupuesto general de la nación buscando orientarlo hacia sus programas banderas sino que también ha comenzado a dar reversa en muchas de las medidas adoptadas en el gobierno Gaviria.

El cambio hasta ahora se ha apreciado más a nivel de los medios de comunicación que en la realidad. En los noticieros oficialistas de las nueve y media de la noche y en los periódicos liberales de Bogotá aparecen mensajes aparentemente inspirados por la nueva administración en que se insinúa la posibilidad de cambios en la dirección de la política.

Por ejemplo, se aprovecha la celebración de los cincuenta años de la ANDI para destacar, muy merecidamente, a sus directivas y para mandar el mensaje de que el proceso de apertura ha ido muy lejos. Cuando el público comienza a sospechar que estos mensajes están indicando un reversazo se encuentra con artículos de destacados Ex-Ministros que claman por una continuidad de las políticas seguidas por la administración anterior.

Aspectos tan importantes como la autonomía del Banco de la República aparecen como temas de debate. A menos de tres años de haber establecido la nueva estructura del Banco Emisor se comienza a cuestionar la conveniencia de la reforma originada en la nueva Constitución. La posición del gobierno no es nada clara pues a veces pareciera que busca propiciar la reforma para volver a "lo mismo  que antes", mientras que en otras ocasiones el Ministro de Hacienda aparece muy sonriente con los restantes miembros de la Junta dando la impresión de una armoniosa relación.

La relación entre Bogotá y el gobierno nacional tampoco es clara. Los diarios liberales y los noticieros de la televisión nos muestran los problemas originados por la elección popular de Alcaldes con el mensaje subliminal de que sería mejor volver a la siutación anterior en los que los Alcaldes de las principales ciudades eran nombrados por el mismo Presidente de la República. La nueva administración, tal vez añorando esa época nos sorprende con el nombramiento de una destacada ex-alcalde de la capital como consejera especial para Bogotá. El papel de la consejería no queda muy claro a pesar de las precisiones hechas en diferentes foros por la distinguida funcionaria quien destaca su papel como un canal de comunicación entre la administración nacional y el Alcalde seleccionado por voluntad popular.

Esta ambigüedad en la línea del gobierno no es buena para la economía. No es conveniente que comiencen a circular en los cocteles los chistes sobre si el Presidente Samper ya se posesionó. Se necesita que la Administración adopte una línea clara y que nos diga hasta que punto se va a cambiar el ritmo de las reformas emprendidas por el gobierno anterior. Sería mucho mejor saber lo que se quiere hacer, que estar en la duda de si vamos a continuar con las reformas o si lo que se pretende es volver a las épocas tan añoradas por los habitantes de Jurassic Park.

¿Qué pasó en 1991?

Cuando se hace un análisis retrospctivo de las las políticas y metas económicas el resultado es muy desalentador.

Al finalizar el año es útil hacer un análisis retrospectivo de lo que pasó en los últimos doce meses. Este análisis retrospectivo suele venir acompañado de una confrontación de lo realizado contra los que se había planeado al comienzo del año. Cuando se hace este ejercicio con las políticas  y metas económicas el resultado es muy desalentador. La meta de inflación que el gobierno de manera optimista fijó en el 22 por ciento no se pudo cumplir. Los resultados hasta noviembre muestran que la inflación terminará entre el 27 y el 28 por ciento.

A pesar de todo el esfuerzo de restricción en el crédito, no se pudo controlar el crecimiento de los medios de pago. Al comienzo del año los medios de pago estaban creciendo a una tasa anual de más del 30 por ciento. La triste realidad es que al final del año se conserva la misma tasa de crecimiento del dinero. Las restricciones del crédito tuvieron como consecuencia un aumento considerable de las reservas internacionales muy por encima de lo que se había proyectado al comienzo del año.

Estos últimos quince meses no solo se han perdido en el control inflacionario sino que además han pasado en vano en el frente de la apertura. Como se quejan los amantes del buen vino, los precios de los bienes importados se han resistido a descender al mismo ritmo en que lo han hecho los aranceles. El poder monopólico de algunos importadores les ha permitido apropiarse de las rentas que antes iban al Estado. El consumidor sigue enfrentado a las mismas opciones. Los precios de los bienes producidos en Colombia no se han alterado en respuesta a una mayor competencia de los bienes importados. A pesar de las rebajas en los aranceles de los vehículos, nuestros carros siguen siendo los más caros del mundo.

La privatización ha sido una gran frustración. Realmente en un año no se ha avanzado en este proceso. Las presiones sindicales han impedido avanzar en la privatización de las telecomunicaciones. Los servicios públicos locales siguen siendo manejados ineficientemente y continúan en manos del Estado. La privatización del servicio de recolección de las basuras en Bogotá se frenó a pesar de los óptimos resultados obtenidos. En la privatización de los ferrocarriles y de los puertos los costos de la liquidación de los trabajadores al servicio del Estado ha sido elevado. En el corto plazo los egresos por liquidación de personal han sobrepasado los ahorros en costos de operación. Los únicos ingresos a las arcas del gobierno debidos a la privatización se han originado en la venta de algunos bancos oficiales.

La expedición de la nueva constitución si bien promete una mejora en el nivel de vida tiene un alto costo fiscal para el gobierno central al haber aumentado considerablemente el monto de las transferencias. Los cambios son de tal magnitud que van a requerir de un largo proceso de ajuste al nuevo marco normativo.

Si el año 91 se perdió en muchos aspectos esperamos que el próximo sea mucho mejor. Hoy en día el equipo económico es mucho más homogéneo. Las peleas entre los integrantes del equipo económico parecen una cosa del pasado. El manejo macroeconómico evidentemente ha ganado con la creación de la Junta Directiva del Banco de la República. El asignarle las funciones de control monetario y cambiario a la nueva Junta Directiva de nuestro Banco Central indudablemente ha hecho más creíble la política de estabilización.

 

Lamentablemente, la separación del Ministerio de Desarrollo en dos partes va a dificultar el manejo económico. Después de mucho tiempo el Ministerio de Desarrollo había logrado establecerse como una verdadera fuerza importante que podía liderar el proceso de apertura. El poder contar con el equivalente colombiano al legendario MITI japonés estaba comenzando a verse como una contribución importante en el proceso de apertura. La creación de un nuevo Ministerio en estas circunstancias puede llegar a convertirse en una serie de conflictos innecesarios para la inserción de Colombia en la economía mundial.

Es mejor con un viejo amigo

La lucha contra la inflación comenzada por el actual Ministro de Hacienda se volverá una responsabilidad del Banco Central.

El último número de la revista Business Week en su sección de economía  informa sobre la confirmación de Alan Greenspan como Presidente del Sistema de la Reserva Federal de los Estados Unidos. El Presidente Bush prefirió continuar trabajando con sus amigos. Los esfuerzos del Ministro de Hacienda de los Estados Unidos en promover a E Gerald Corrigan resultaron infructuosos. A pesar de algunos errores de manejo de la política económica el Presidente Bush decidió que "más vale malo conocido que bueno por conocer"

Con la confirmación de Greenspan se espera que se reduzca la inflación en los Estados Unidos. Los analistas piensan que al final de los cuatro años del segundo período del Señor Greenspan haya desaparecido totalmente la inflación.

Como todos sabemos, la constitución del 91 ha cambiado radicalmente el manejo de la Banca Central colombiana. El Banco de la República va a gozar de una autonomía considerable. Los miembros de la Junta Directiva van a tener períodos fijos y van a elegir al Gerente del Banco. El Doctor Francisco Ortega actual Gerente estará viviendo en estos momentos una experiencia similar a la que vivió su colega de la Reserva Federal.

En estos momentos de efervescencia y calor las intrigas por forma parte de los nuevos quíntuples deben estar en su apogeo. Las columnas "confidenciales"  de las revistas han comenzado a lanzar nombres para conformar la nueva Junta Directiva del Banco. Nuestros más destacados economistas estarán actualizando sus C.V. y haciendo planas con su firma para ver como luciría su autógrafo en los nuevos billetes.

Cualquiera que sea la decisión del Presidente Gaviria en la escogencia de los nombres que van a conformar la plana mayor del nuevo Banco Central, es claro que la tarea a que se van a enfrentar es bien importante. La lucha contra la inflación comenzada por el actual Ministro de Hacienda se volverá una responsabilidad del Banco Central.

Los resultados preliminares de la lucha contra la inflación han mostrado que esta no es una tarea fácil. Ante una mayor movilidad de los capitales golondrina, consecuencia de las reformas cambiarias, la política monetaria ha perdido su potencia. El gobierno ha tenido que apelar a la utilización de la política cambiaria para poder controlar el efecto monetario del ingreso de capitales. Esta medida que puede servir en el corto plazo para efectos de control monetario tiene serias consecuencias para la política de apertura.

La nueva Junta deberá entrar a diseñar un manejo monetario que permita mantener una situación competitiva internacional. Para ello deberá contar con un fuerte apoyo de la política fiscal. Para poder mantener un control de los medios de pago será necesario disminuir el déficit fiscal. El dos por ciento del PIB es una cifra incompatible con un manejo monetario sano. En las circunstancias presentes será necesario lograr un superávit en las finanzas del sector público.

El nuevo Banco de la República tiene ante sí un reto importante. Para bien de Colombia esperamos que tenga éxito en su difícil misión de manejar la política monetaria, crediticia y cambiaria del país.

Constituyente: Mejor Cortar que Añadir

Para un economista, la Constitución peca más por acción que por omisión.

Aunque las fiestas navideñas ya pasaron y las listas de pedidos al Niño Dios no han vuelto a aparecer en el periódico, la inminente iniciación de la Constituyente me ha dejado la inquietud de si mis pedidos se cumplieron. Yo le había encargado setenta tijeras para los setenta constituyentes con la convicción de que este es el elemento más importante para el cumplimiento de sus tareas. Para un economista, la Constitución peca más por acción que por omisión. Como se mencionaba en una columna anterior, tal vez lo único que se debe agregar a la actual Constitución es independizar la Autoridad Monetaria del Ejecutivo. Esta iniciativa ha comenzado a despertar el apoyo que se merece en la opinión. El Doctor Fabio Echeverry, ahora que ha comenzado a mirar la economía con un enfoque más amplio, acoge este planteamiento en su columna de El Tiempo.

Entre los casos claros en que una tijera bien afilada mejoraría la Constitución se puede mencionar el Artículo 31. En el tercer párrafo del Artículo se dice que la concesión de privilegios se debe limitar a inventos útiles y a vías de comunicación. Dada la dificultad de definir de una manera operacional lo que es un invento útil pareciera muy razonable eliminar este calificativo. Pero si uno observa que como consecuencia de otros artículos se crean verdaderos privilegios para otros afortunados diferentes a los que hacen inventos útiles, probablemente uno llegaría a la conclusión de que el especificar en un artículo la lista de los posibles agraciados debería desaparecer.

La realidad del proceso político es que los grupos de interés buscan consagrar privilegios en la Constitución y las leyes. Basta leer los artículos 39 y 40 para darse cuenta que las limitaciones del ejercicio profesional no son más que una concesión de privilegios para los afortunados que hemos terminado una profesión. En mi Constitución ideal, no solo cortaría unos párrafos del artículo 31 sino que también eliminaría casi en su totalidad los artículos 39 y 40. Como muy bien lo sostiene el Profesor Stigler, los grupos de presión con el argumento de buscar el bien general utilizan la regulación económica para consagrar en la Constitución, en las leyes y en los decretos, privilegios muchas veces injustificados. El reversar estos privilegios se torna en tarea de titanes que solo ocasionalmente tiene éxito.

El concepto de ligar el monopolio con un arbitrio rentístico que aparece en el Artículo, es algo tan anacrónico desde el punto de vista del economista que con seguridad no encontraría defensores dentro la profesión. El tratamiento de la regulación de la actividad económica y en especial el del Monopolio debería salir de la Constitución y desarrollarse más bien por medio de la Ley.

Como nos han enseñado los tratadistas de las Finanzas Públicas la proliferación de las rentas de destinación específica es uno de los grandes problemas fiscales. El Artículo 42 que se refiere a la educación comete dos pecadillos que sería conveniente eliminar. El primero es poner una cifra explícita para el porcentaje del presupuesto que se dedique a la educación. El segundo es ligar el subsidio a la educación elemental a la asistencia a un establecimiento oficial. Una vez entrada en la onda del corte podría aprovecharse la oportunidad para suprimir de la Constitución la obligatoriedad de la Educación Primaria. Afortunadamente, el país ha avanzado en este campo que hoy en día se ha logrado un cubrimiento casi universal que hace superfluo consagrar como obligatorio algo que se hace voluntariamente. El consagrar en la Constitución rubros presupuestales expresados como un porcentaje dado no es solo mala política fiscal sino que además incentiva a otros grupos de presión para que busquen plasmar en la Constitución y en las leyes un porcentaje que favorezca sus intereses.

La distribución del situado fiscal consagrada en el Artículo 182 debería suprimirse. Una fórmula explícita no tiene cabida en la Constitución. Estos aspectos detallados deben aparecer más bien en las leyes. El análisis económico, realizado como parte de la Misión Finanzas Intergubernamentales, ha mostrado que el efecto de la fórmula del Artículo 180 ha sido negativo pues por no incentivar el esfuerzo fiscal de los gobiernos locales ha terminado por reducir sus cargas tributarias.

Coincidiendo con el representante del movimiento estudiantil suprimiría el Artículo 165 que trata del Servicio Militar. Como ya lo he indicado en otras columnas los argumentos económicos en contra del Servicio Militar son tan claros que han logrado poner de acuerdo a John Kenneth Galbraith y Milton Friedman, economistas que, por regla general, asumen posiciones diametralmente opuestas.