El que peca y reza empata

Afortunadamente, el Alcalde Caicedo ha visto la necesidad de enfrentar el problema laboral del Distrito. Sería muy importante para la ciudadanía que se mantuviera firme en sus propósitos para lograr resolver tan difícil problema.

El tema laboral estuvo presente en las noticias de la semana que terminó. Los sufridos usuarios del solo hueco bogotano nos vimos enfrentados a considerables demoras el miércoles pasado por las protestas de los trabajadores distritales. El motivo de estas protestas fue la divulgación de un estudio a nivel distrital sobre la estructura de los salarios de la administración central y sus entidades adscritas. Además, las comunicaciones han venido padeciendo permanentes bloqueos por los trabajadores de TELECOM que han protestado por las reformas introducidas por el gobierno nacional. Más aún, los viajeros han tenido que sufrir demoras en el aeropuerto por la operación reglamento llevada a cabo por los controladores aéreos.

Estas protestas son sin lugar a dudas prácticas de calentamiento del movimiento sindical como preparación para el paro nacional anunciado para mañana. El gobierno distrital con su anuncio les ha dado una magnífica oportunidad de mostrar la fortaleza del movimiento. Inortunadamente, la protesta los sorprendió fuera de base pues no lograron neutralizar el impacto perturbador de estos movimientos de protesta.

Además de haber errado en la oportunidad del anuncio, la forma como se ha presentado el estudio, con un ánimo un poco sensacionalista citando casos aberrantes, ha desviado la discusión hacia temas un poco marginales. En primer lugar, no es importante definir si la actual administración Distrital es la primera en enfrentar el problema de los elevados salarios. La realidad es que en el pasado ha habido ocasiones en las que el manejo laboral del Distrito y sus Empresas ha sido serio y responsable. Los Gerentes han manejado las negociaciones colectivas de una manera profesional protegiendo el interés de la empresa y de la ciudadanía en general. En este proceso de negociación han contado con la colaboración de eficientes funcionarios y de asesores externos altamente calificados. El impacto de las demandas sindicales es evaluado y su efecto en las finanzas actuales y futuras de las Empresas es cuidadosamente cuantificado.

Además, no debe olvidarse que las negociaciones colectivas son tripartitas pues cuentan con la presencia de los delegados del sindicato, de la administración y del ministerio de trabajo. Aunque uno pudiera pensar que el delegado del Ministro es por naturaleza un árbitro imparcial, la realidad es que muchas veces los mejores aliados del sindicato son los delegados del Ministerio. Esto llegó a extremos aberrantes en el caso del Ministro Carrillo quien utilizó su Ministerio para promover una central obrera. En esa época, los fallos del Ministerio siempre estaban sesgados hacia los sindicatos y se conocían primero por los representantes de los trabajadores que por la administración de las empresas.

La gestión de los Ministros de Trabajo ha tenido profundos impactos en la estructura de los costos laborales de las Empresas Distritales. El actual Alcalde de Bogotá se empeño durante su corta gestión en hacer cambios en el régimen de pensiones. En la Ley Caicedo se indexaron las pensiones de los trabajadores de manera total. Si bien esto fue de indudable justicia para algunos pensionados, desafortunadamente está causando considerables costos a las Empresas del Distrito y a la Administración Central.

Afortunadamente, el Alcalde Caicedo ha visto la necesidad de enfrentar el problema laboral del Distrito. Sería muy importante para la ciudadanía que se mantuviera firme en sus propósitos para lograr resolver tan difícil problema. Es preocupante, eso si, ver que han comenzado a surgir voces muy autorizadas dentro del partido liberal que critican a los gobiernos Nacional y Distrital por las medidas de ajuste que están llevando a cabo. Ojalá, que las angustias de los candidatos a la constituyente no logren desviar el curso acertado de unas políticas. 

¿Cuántos MBA podemos contratar a 4 millones y medio por mes?

La experiencia ha mostrado que no solo se requiere una buena política económica sino que también se requiere de personal altamente calificado.

  

Colombia está buscando aumentar su grado de competencia en los mercados internacionales. El proceso de apertura, en buena hora comenzado en Colombia y que en la última semana tuvo un nuevo impulso al imponerse la opinión de los representantes de la nueva derecha, necesita para su éxito, personal con amplios conocimientos en los negocios internacionales. La experiencia ha mostrado que no solo se requiere una buena política económica sino que también se requiere de personal altamente calificado. El buen resultado del proceso de apertura depende de que los empresarios logren competir con éxito en los mercados internacionales.

Es apenas natural que los nuevos administradores de las empresas colombianas tengan una educación internacional con una experiencia que trascienda los cuatro grados de latitud en que se encuentra ubicada la capital del país. Las escuelas de negocios de los Estados Unidos son un campo en el que los futuros ejecutivos pueden experimentar de una manera relativamente sencilla sus estrategias frente a colegas de otras partes del mundo.

A diferencia de otras carreras para las que existen ayudas, los interesados en una especialización en administración usualmente deben financiar su carrera a menos que tengan la fortuna de tener progenitores ricos. El último número de la revista Business Week presenta en su tema central la evaluación de las más famosas escuelas de negocios de los estados Unidos. Quienes estén interesados en la posibilidad de estudiar administración en los Estados Unidos deben leer la publicación mencionada.

Cuando se mira la parte de los costos de la educación la primera impresión es obviamente negativa. La matrícula para los dos años en las escuelas más afamadas cuesta 34.000 dólares. Esto en pesos de hoy día es un poco más de 18 millones y medio, casi dos veces el valor de un carro intermedio. En términos de salarios mínimos, el costo de la matrícula es mas de 450 salarios mensuales. O sea que para pagar la educación de un master en administración se requieren 39 años de salario mínimo. 

Cuando se mira el lado de los beneficios, o sea el salario que devengan los nuevos administradores, la situación se vuelve bastante atractiva. Los egresados de Harvard y Stanford ganan casi ochenta mil dólares al año. Más aún, la quinta parte de los egresados de Harvard ganan salarios por encima de los cien mil dólares al año. Estos salarios de seis cifras en dólares son apabullantes. Quienes se ganan los cien mil dólares obtienen al año lo mismo que 110 colombianos de salario mínimo.

El análisis Costo-Beneficio para un estudiante en los Estados Unidos parece bastante favorable. La tasa interna de retorno  parece ser alta, los aumentos en los ingresos derivados de la educación en una buena universidad de los Estados Unidos muy probablemente compensan los costos de matrícula y el costo de oportunidad de retirarse del mercado por dos años. Para un Banco el riesgo de prestarle a un estudiante para los gastos de matrícula no es muy grande pues con lo que gana en cuatro meses puede pagar el valor del préstamo.

Para un estudiante colombiano el estudio costo-beneficio es mucho menos claro. Si decide volver a Colombia a trabajar, sus ingresos se reducen considerablemente. Con un sueldo de siete cifras requeriría trabajar año y medio para poder pagar los costos de la matrícula. El acceso al crédito es también mucho más difícil y los Bancos estarían muy poco dispuestos a prestar para este tipo de actividades. 

Constituyente y burocracia

El contacto con la realidad burocrática es que simplemente la administración colombiana es mala, en parte, porque no cuenta con sistemas administrativos eficaces.

El contacto de la gente con el sector público es a veces muy traumático. Por lo general se siente uno impotente ante e incapaz de mover las agencias del Estado. Los reclamos ante el ISS por cobros excesivos parecen no solucionarse nunca. Los huecos permanecen destapados por períodos largos. El nombre y la dirección en los recibos de los teléfonos, continuan saliendo a nombre del antiguo propietario a pesar de haber realizado todos los trámites requeridos.

Dentro de esta serie de inconvenientes hay momentos en que uno se reconcilia con la burocracia, al fin sale el arreglo en la facturación del ISS sin tener que haber acudido a los colegas que están bien colocados. El hueco que se atravesaba todos los días en nuestro camino a la oficina, aparece tapado gracias a la campaña de un noticiero de la televisión y volvemos a hacer las vueltas en los teléfonos con la esperanza que algún día, al fin, el teléfono aparezca a nuestro nombre.

Cualquier ciudadano pensaría que esto se debe a que al fin se nombró a un buen gerente y que ahora las cosas si se van a arreglar. Sin embargo, cuando se compara con los logros en otros países donde la burocracia realmente funciona, sin tener genios que manejen las empresas, la pregunta que surge es qué se requiere para que esto suceda. En estos días se podría pensar que lo que nos diferencia de los otros países es que donde las cosas funcionan mejor es por que tienen una constitución mejor. Y que el camino a una mejor administración pública es la constituyente.

El contacto con la realidad burocrática es que simplemente la administración colombiana es mala, en parte, porque no cuenta con sistemas administrativos eficaces. Toda la administración esta concebida para que sea manejada por genios incorruptibles. El Estado interviene en demasiadas cosas, los funcionarios públicos tienen poderes discrecionales muy grandes y además no cuentan con los sistemas administrativos que los soporten. En otras partes, la administración pública está concebida para que la manejen gentes normales con una capacidad normal, tienen sistemas establecidos y hacen una efectivo control de gestión. En Colombia, por el contrario, los sistemas administrativos de la mayoría de los Institutos y Empresas del Estado dejan mucho que desear y por lo tanto los buenos resultados dependen de que en un puesto se pueda contar con un genio motivado y honesto.

Infortunadamente, cuando aparece este genio y logra mejorar la eficiencia de las empresas, comienza a sufrir la persecución de los que se benefician de la marcha del Estado.  Los ataques de los políticos y de los funcionarios incapaces, hacen que muy pronto el funcionario tenga que dedicar más tiempo a defenderse que a realizar su labor. Si esto no fuera suficiente, muy pronto se da cuenta que por la errónea creencia que los funcionario públicos tienen que ganar sueldos inferiores a los 1000 dólares mensuales, su sueldo no le está rindiendo ni para atender sus necesidades básicas.

El "Nuevo Estado" que va a surgir de la constituyente debe basarse en una mejor infraestructura administrativa. Debe buscarse la asesoría de personas y entidades que permitan diseñar y poner en práctica sistemas mejores y debe basarse en remuneraciones adecuadas. Además, es necesario limitar la excesiva injerencia de la clase política en la administración de las empresas públicas. 

¿Qué es primero la obra o el impuesto?

En Bogotá en épocas de grandes alcabaleros el proceso de la definición del presupuesto se invierte. Se hacen reformas tributarias que generan cuantiosos recursos y a partir de esto se definen las obras que se van a hacer.

A diferencia de lo que ocurre con el huevo y la gallina, en los textos de las finanzas públicas, la definición del presupuesto es en principio muy sencilla. El encargado de las decisiones debe determinar primero su programa de obras, y a partir de este los recursos con que debe contar para su ejecución. El programa se determina, obviamente después de conocer las que producen la mayor rentabilidad para la sociedad. Una vez se ha definido el programa de inversión se deben considerar las posibles limitaciones que puedan surgir. En primer lugar, se deben estudiar las limitaciones  en la capacidad de ejecución de la agencia encargada. La experiencia ha mostrado que en Colombia la capacidad de las agencias del Estado han hecho que los programas de inversión no se ejecuten en su totalidad dentro del plazo previsto. Además, en algunas ocasiones los programas de inversióin no se pueden ejecutar por circunstancias de carácter macroeconómico. Los programas acordados con los organismos multilaterales de Crédito por lo general contienen compromisos sobre el tamaño del programa de inversión para hacerlo compatible con la estabilidad económica.

Solamente cuando se ha definido un programa prioritario que tenga en cuenta las limitaciones impuestas por las restricciones internas de carácter institucional y por las que tienen que ver el programa macroeconómico debe comenzarse a pensar en la fuente de recursos para el plan.  

En Bogotá en épocas de grandes alcabaleros el proceso se invierte. Se hacen reformas tributarias que generan cuantiosos recursos y a partir de esto se definen las obras que se van a hacer. Este proceso en contra vía de lo que recomienda la teoría de las finanzas públicas ha mostrado grandes problemas pues por una parte las obras seleccionadas a posteriori no reflejan una sana política de prioridades sino que se convierten en la feria del puente sin orejas. Además, en el largo plazo, las obras son substituidas por gastos en Burocracia. Como ya lo ha dicho el ilustre Profesor Parkinson, el número de burócratas crece hasta copar el presupuesto. Al aumentar los impuestos no aumentan las obras sino que aumentan los gastos en burocracia y los salarios de los sindicatos de los empleados públicos. La idea de Reagan con la inspiración parcial de Milton Friedman fue mantener los recursos del Estado constantes para limitar de esta manera su tamaño. La idea de los alcabaleros bogotanos es, por el contrario, aumentar el tamaño de los impuestos para terminar con un Estado gigante e ineficiente.

Como ya lo han puesto de manifiesto distinguidos comentaristas como el Doctor Lemos Simmons, el bogotano que vive en los estratos malditos siente que le están confiscando sus ahorros. El beneficio potencial de las obras prometidas no tiene mucho que ver con el esfuerzo fiscal que se le exige. El tal beneficio general que se alega apenas llega al grado de coronel. El aumento en el precio de los terrenos obtenido como consecuencia de las mejoras en la accesibilidad producida por las nuevas vías indudablemente recae en unas zonas específicas. Como lo muestran los estudios de los economistas urbanos, el beneficio de las mejoras viales tiende a favorecer a las tierras ubicadas en la periferia de la ciudad. Como en un juego de suma cero, esta mejora es sufragada por propietarios cuyos terrenos pierden valor.

Los que pasamos por la carrera séptima entre la 61 y la 73 a veces dudamos que la administración inventora del solo hueco, o sea un carril dedicado solo a los huecos de las nuevas líneas teléfonicas, pueda concluir con éxito y dentro de los próximos dos años un plan de la magnitud contemplada en el Acuerdo aprobado recientemente por el Concejo. Para bien de la ciudad esperamos estar equivocados. 

¿Qué Nos Pasa?

De manera sutil hemos pasado de una situación económica digna de figurar en el Libro Guinnes de los Récords por lo buena, a una en la que se requiere un tratamiento de choque para enderezarla.

En los últimos días los medios se han vuelto a ocupar de temas económicos. Esta vez el debate se ha planteado en el Congreso de la República y ha tenido que ver con el manejo del Banco Cafetero y con el reintegro de divisas por parte de la Federación. El público comienza a tomar conciencia que la situación económica no era muy buena al comenzar este gobierno pues permanentemente han venido apareciendo problemas que se habían mantenido ocultos por mucho tiempo.

No solo ha sido necesario, incrementar el precio de la gasolina, elevar las tarifas del servicio de energía y presentar al Congreso de la República un paquete grande de reformas, sino que se han tenido que plantear cambios en una de las principales instituciones financieras del país.

El enfrentamiento entre el Gerente y la Junta Directiva del Banco, que desafortunadamente no ha podido solucionarse, no puede entenderse sino como un claro rechazo al manejo que se le había venido dando al Banco Cafetero. El deseo de realizar cambios en todas las Sub‑Gerencias estaría más en consonancia con una toma hostil como las que ocurren en los Estados Unidos que con un relevo entre gobiernos del mismo partido político.

De los últimos acontecimientos se podría pensar que el equipo económico del Gobierno anterior no tuvo muchos aciertos. Más aún, por los titulares de las publicaciones gobiernistas se podría pensar que el Gobierno Barco fue muy similar al de Alan García. De manera sutil hemos pasado de una situación económica digna de figurar en el Libro Guinnes de los Récords por lo buena, a una en la que se requiere un tratamiento de choque para enderezarla.

En esta como en muchas otras oportunidades la verdad parece estar en el justo medio. La situación no era tan buena como la pintaban los gobiernistas de hace seis meses ni tan mala como la pintan los gobiernistas de hoy, muchos de ellos también gobiernistas de ayer.  La ausencia de los principales protagonistas del gobierno pasado, no debe ser motivo para que no se defienda lo bueno que se hizo durante los últimos años.

El Ministro Alarcón realizó una gestión que aunque imperfecta merece una calificación aprobatoria. Si no se pudieron alcanzar las metas propuestas y se falló en el control de la inflación no fue solo por culpa del Ministro de Hacienda. Las dificultades del gobierno con los partidos políticos, la falta de liderazgo, los problemas de orden público no pueden olvidarse al mirar por el espejo retrovisor. El culpar implícita o explícitamente al Ministro Alarcón de una situación difícil no deja de tener sus tintes de injusticia.

No debemos olvidar que el Doctor Alarcón reemplazó como Ministro de Hacienda al Presidente Gaviria y que gran parte del equipo que colaboró con Alarcón está hoy en día al frente de la política económica. Las críticas a la gestión económica anterior, quiérase o no tienen que afectar al partido de gobierno y a los encargados actuales de conducir la economía del país y no pueden concentrarse en un funcionario que cumplió sus deberes con responsabilidad.