El plan de desempleo

Las metas sectoriales del plan de empleo no sólo son poco creíbles a la luz de la historia reciente sino que además resultan indeseables desde el punto de vista de una estrategia de desarrollo

En la semana anterior se dio a conocer el plan de empleo de la Administración Samper.  Dentro de una serie de generalidades más apropiadas para un discurso de campaña que para un programa de gobierno se le anuncia al país las intenciones del gobierno relacionadas con la generación de empleo.  Extraña que el plan prioritario del gobierno tenga después de nueve meses una estructura tan débil.  Las estrategias y programas de empleo siguen siendo enunciadas a un nivel demasiado agregado.  El esfuerzo de desagregar las cifras de generación de empleo al nivel sectorial no ha resultado útil pues las cifras anotadas en el plan de empleo no parecen creíbles ni mucho menos deseables.

Para ilustrar la credibilidad de las cifras podríamos mirar las correspondientes a los sectores industrial y agropecuario.  Las cifras sobre empleo industrial muestran que el sector ha generado muy pocos empleos en los últimos años.  El número de empleos en la industria se ha mantenido desde 1978 en alrededor de quinientos mil.  Más aún, la crisis del sector ocasionada por la revaluación a una reducción del empleo en más del 10 por ciento llegando a un mínimo de 440 mil empleos en 1985.  Fueron necesarios casi diez años para lograr recuperar el nivel de quinientos mil empleos logrado al final del Mandato Claro.  Pensar generar doscientos mil empleos en los próximos tres años y tres meses parece, a la luz de la experiencia colombiana, una tarea bastante difícil de cumplir.

El análisis de las pocas cifras sobre empleo rural muestra que durante los últimos años el número de personas trabajando en el campo se ha mantenido constante.  Las cifras censales disponibles muestran que el número de personas viviendo en el campo se ha mantenido constante, alrededor de los nueve millones, en los últimos años, lo que confirma la estabilidad tanto del empleo como de la población en el campo. Generar doscientos veinte mil empleos agropecuarios cuando lo más probable es que el número de habitantes de nuestros campos se vea reducido en el futuro es bastante improbable.

Las metas sectoriales analizadas anteriormente no solo son poco creíbles a la luz de la historia reciente sino que además resultan indeseables desde el punto de vista de una estrategia de desarrollo.  El desarrollo colombiano tiene que basarse en una transformación hacia estructuras modernas.  Tal como nos lo enseñó el profesor Currie, la participación sectorial del empleo en el sector agrícola debe disminuir drásticamente si queremos de verdad tener una economía eficiente.  Un país moderno no puede mantener más de la cuarta parte de su fuerza de trabajo en el campo.  La productividad del campo debe aumentar de tal manera que con menos del cinco por ciento del empleo en el campo se pueda no sólo alimentar a la población sino que además se puedan generar mediante las exportaciones agropecuarias las divisas necesarias que aseguren un rápido crecimiento.

La nueva competencia en el ámbito mundial en el sector industrial tiene que estar basada en una mayor productividad.  Los países que han logrado adaptarse al nuevo esquema competitivo han experimentado una reducción absoluta en el número de los trabajadores del sector industrial.  Procesos como la reingeniería requieren de cambios radicales que llevan a una mayor producción con un menor número de empleos.  El reto para la industria colombiana en el futuro cercano será aumentar considerablemente las exportaciones industriales con una fuerza de trabajo inferior a la existente actualmente.

Si las metas sectoriales de empleo no resisten el más mínimo análisis de consistencia y deseabilidad, las políticas enunciadas para alcanzar las metas si que son contrarias a la más elemental lógica económica.  El querer aumentar el empleo mediante la creación de un subsidio de desempleo es, sin lugar a dudas, la manifestación más grave de populismo salvaje.  La reciente experiencia europea ha mostrado que los grandes problemas en el mercado laboral se originan, en buena parte, en los elevados niveles de pagos a los desempleados.  Las distorsiones creadas por los subsidies al desempleo son de tal naturaleza que buena parte de la fuerza de trabajo encuentra más rentable seguir de desempleado que trabajar pues sus ingresos después de impuestos son mayores si no trabaja que si trabaja.

La triste conclusión de lo anterior es que si el equipo económico de Samper ha perdido el año y que su plan de empleo deja mucho que desear.  La poca credibilidad en tan importante materia sin lugar a dudas va a tener efectos negativos en el proyecto de reforma tributaria.  Nadie podrá entender para qué se está buscando aumentar los recursos cuando los programas prioritarios están tan pobremente definidos.

Las Rudi verdades sobre el salto social

Según la opinión del hoy consejero del BID, el plan de desarrollo tiene serias amenazas en cuanto a su financiación

El ex ministro de Hacienda Rudolf Hommes en su reciente visita al país hizo un comentario interesante relacionado con la financiación del plan de desarrollo del gobierno Samper. Según la opinión del hoy consejero del BID, el plan de desarrollo tiene serias amenazas en su financiación debidas a dos causas principales. La factibilidad de lograr los recursos que permitan una financiación sana del Salto Social reposan en las premisas de poder lograr aumentar la participación en el PIB del gasto del gobierno y en que es posible convencer al sector privado de que financie la inversión en infraestructura.

Con su habitual malicia, el doctor Hommes comentó que en su opinión el país no va a aceptar que se le aumenten los gastos del gobierno cuatro puntos del PIB por un periodo presidencial. Según la opinión del antecesor del doctor Perry, el haber logrado un aumento en la participación del gobierno durante la administración Gaviria va a hacer muy difícil que esta administración consiga que el público acepte un aumento en sus tributos. Este argumento tan válido podría resumirse en el famoso dicho popular que al perro no lo pueden operar dos veces. Si el gobierno anterior resultó más samperista que Samper, incrementando considerablemente la participación del gobierno, el nuevo gobierno tiene que darse cuenta que el palo no está para cucharas y que por tanto sus promesas como los deseos expresados en el Salto Social.

Si la primera premisa en que se basa la financiación sana del plan de desarrollo puede llegar a no ocurrir, la segunda, o sea la facilidad y conveniencia de disminuir la inversión del gobierno en infraestructura para aumentar la inversión social del gobierno, cada día se vuelve más incierta. Los recientes desarrollos en la financiación de los sectores de energía y transporte están mostrando que el sector privado no está interesado en participar en la financiación de estos proyectos bajo las reglas de juego imperantes en este momento.

El efecto tequila ha sido devastador en la financiación de la infraestructura. Los aumentos en las tasas de interés a la que los bancos privados están dispuestos a prestarles a los inversionistas en proyectos de infraestructura han puesto en stand-by los contratos que se habían adjudicado. La imposibilidad legal de considerar cambios en las condiciones financieras de los proyectos ha hecho que muchos de ellos tengan que ser sepultados. La incertidumbre creada por el Pacto Social sobre las tarifas de las empresas de servicio público ha contribuido a la parálisis de otros cuantos. La esperanza de que el sector privado pudiera financiar el desarrollo de la infraestructura ha quedado frustrada. Pretender que es posible transferirle riesgos tan grandes, como la financiación y gestión de los proyectos al sector privado no ha resultado tan fácil como se esperaba.

Más aún, la experiencia parece mostrar que los criterios simplistas de transferir al sector privado los riesgos es una política equivocada. Hasta los economistas de Chicago reconocen que un papel importante del sector público es asumir, mediante diversificación de su portafolio, una cartera de proyectos que minimicen el riesgo de grandes pérdidas. Esta función de diversificación de riesgos es tal vez una de las pocas razones válidas para aceptar la propiedad pública de las empresas de las empresas de servicio público en situaciones en que el mercado de capitales no es amplio. El gobierno se convierte en estas circunstancias de poco desarrollo financiero en un intermediario entre el capital extranjero y el capital local. Los prestamistas que no están interesados en prestarle al sector privado aceptan, gustosos, o bien la garantía de la Nación o al Estado como un intermediario de segundo piso al que le prestan para que éste a través del sector privado le preste al sector público.

Si aceptamos que en este momento reducir la inversión pública en infraestructura parece poco viable con mayor razón deberíamos aceptar que querer aumentar rápidamente el gasto social puede ser una gran irresponsabilidad. Si el gobierno tiene dificultades en manejar la inversión en infraestructura cuando existe una larga tradición de consultoría y ejecución de obras públicas por parte del sector privado, qué diríamos de manejar los proyectos de inversión social cuando no sólo no existe un sector privado con conocimientos adecuados sino que tampoco hay un consenso sobre lo que se debe hacer. En el campo social suele ocurrir que si uno le pregunta a un determinado número de expertos en el tema sobre la política a seguir, termina con más soluciones que entrevistados. Como bien lo decía Winston Churchill, si uno le consulta a cuatro economistas famosos puede recibir cinco soluciones que en el caso político británico, dos de ellas eran propuestas por Lord Keynes.

Lo ocurrido en los primeros nueve meses del gobierno Samper, ministerios del sector social totalmente a la deriva con sus directivos dando palos de ciego, es un mal presagio para un gasto eficiente de los recursos que se le puedan transferir. El Presidente, tan agobiado de problemas, debería sacar un tiempo para darle un vuelco total a las entidades del sector social. 

Hace veintiún años

Según personas allegadas al equipo económico de esa  época, las improvisaciones del entonces director de impuestos tuvieron al borde del colapso nervioso al Presidente López.

En estos días se ha comenzado a discutir el proyecto de reforma tributaria de la Administración Samper.  Sin entrar a discutir las consecuencias políticas de la propuesta reforma tributaria ni mucho menos pretender siquiera insinuar que el hacer una reforma tributaria en contra de las promesas electorales podría tener consecuencias parecidas a las que tuvo que sufrir George Bush al haber incrementado los impuestos después de haber dicho la frase famosa "Lean mis labios: no más impuestos", es importante hacer algunos comentarios.

En primer lugar, es conveniente volver a destacar que la práctica ha demostrado que ni el incremento en tarifas, ni las reformas tributarias son la solución definitiva para controlar el déficit fiscal.  La experiencia colombiana ha demostrado que el aumento de las tarifas lo único que hace es aumentar transitoriamente los impuestos y a la vuelta de algunos años el déficit vuelve a surgir en algunos casos con mayor virulencia.  La reforma tributaria de 1974 mostró claramente que el aumento de los ingresos dio origen a un incremento desmesurado de los gastos y los políticos encontraron atractivo apropiarse de los recursos para incrementar todo tipo de gasto.

En segundo lugar, el incremento de tarifas tiene como consecuencia un incremento en la evasión. La comentada reforma del 74 convirtió a todos los colombianos en evasores. Fueron de tal magnitud los incrementos de las tarifas y en especial el tratamiento de las llamadas ganancias ocasionales que a partir de ese momento las transacciones de finca raíz, entre otras, nunca más se volvieron a registrar por su valor real. A partir de 1974, las escrituras de compraventa de inmuebles se convirtieron en una gran medida en la que se registraban cifras inferiores al valor comercial de los inmuebles.  A partir de ese momento los choferes, jardineros y las empleadas de servicio doméstico se convirtieron en los principales inversionistas.  Algunas entidades del sector financiero tenían a la disposición de sus posibles clientes una lista de nombres con su respectivo NIT para que el inversionista pudiera evadir el impuesto sobre sus rendimientos financieros.  Esta práctica, sin duda, contribuyó en buena parte a la crisis del sector financiero en 1982.

En tercer lugar no debemos olvidar que el sistema colombiano está hecho para que la gente pague lo que quiera.  No hay instrumentos para controlar a los evasores.  La simplificación tributaria ha llevado a que no exista un registro en poder de la Administración de los valores recibidos por los contribuyentes.  Si uno quiere no declarar o declarar menos el Gobierno no está en capacidad de cruzar la información de lo declarado por un contribuyente y lo que debería aparecer en las declaraciones de los que hicieron los pagos como gastos deducibles. Los pocos controles existentes para asegurar que los contribuyentes que hacen las retenciones de ninguna manera pueden servir de control, por la sencilla razón que nunca se reporta una relación  del detalle de las retenciones. Si ese control se eliminó en aras de una simplificación tributaria es imposible tener un control real del contribuyente. La mejora real del control no necesita una reforma sino apenas de decisiones por parte del gobierno. 

Por si fuera poco, se vuelve a insistir en aumentar los impuestos  a los vehículos estableciendo unas tarifas diferenciales según el tipo de vehículo que lo único que hacen además de dificultar enormemente la administración tributaria, es darle un nuevo aire a la demanda, de los llamados vehículos suntuarios. Este anuncio, que a lo mejor no termina en nada, lo que hace es que los ricos se apresuren a comprar los vehículos antes de que se establezcan los impuestos.  Eso ya pasó en el 74, en el reciente pasado cuando el profesor Garay lanzó esta propuesta.  Desde ese mismo momento se comenzó a gestar el déficit en cuenta corriente pues todo el que tenia algunos ahorros se lanzó a comprar vehículos antes de que les pusieran los elevados impuestos sugeridos por tan destacado analista.

El tratamiento que se le ha venido dando a los cambios procedimentales es un mal signo para lo que se viene.  El doctor Perry ha lanzado ideas para mejorar la recaudación de impuestos tales como el cobrar una retención en la fuente a los comerciantes a través del sistema de tarjetas de crédito sin haber sido estudiadas a cabalidad.  Para los que tienen buena memoria precisamente esto fue lo que sucedió en la reforma del 74. Las medidas se debían cambiar a cada instante porque el Doctor Perry parece que no hacía bien su tarea. Según personas allegadas al equipo económico de esa  época, las improvisaciones del entonces director de impuestos tuvieron al borde del colapso nervioso al Presidente López.

En resumen, la reforma no solo es totalmente contraria a las propuestas de la campaña  sino que tiene vicios que ya parecían enterrados y que infortunadamente vuelven a reaparecer.  Los errores cometidos por el Doctor Perry en 1974 cuando era Director de Impuestos vuelven a  reaparecer a los veintiún años.

Ojo a la situación mundial

La falta de perspectiva internacional no sólo es sorprendente sino que puede llegar a ser altamente peligrosa pues los grandes eventos tienden a tomarnos fuera de base.

Como muestra del provincialismo que caracteriza a los colombianos los analistas económicos se concentran en el estudio de las circunstancias locales.  Todo el mundo se preocupa por la inflación local, por si el Salto Social está debidamente financiado y en los últimos días todo el mundo se pregunta si el proceso de racionalización tributaria es otra de las travesuras del "chino" Perry.

Cuando surgen problemas externos como la devaluación de México los comentarios son siempre tardíos.  Los que en su momento criticamos el modelo mexicano y su cuantioso déficit comercial éramos tratados de oposicionistas por señalar fallas en el modelo que pretendía imponernos la administración Samper.  Las dificultades del modelo argentino y el verdadero alcance de la ley de convertibilidad sólo aparecen en las páginas de los periódicos colombianos cuando la Argentina está a las puertas de un gran remezón.  El tener que pagar veinte dólares por un pasaje en bus entre el aeropuerto y el centro a un hotel en Buenos Aires pasa totalmente desapercibido por nuestros ilustres comentaristas, quienes no ven que la moneda argentina está totalmente sobrevalorada. 

La falta de perspectiva internacional no solo es sorprendente sino que puede llegar a ser altamente peligrosa, pues los grandes eventos tienden a tomarnos fuera de base.  La reciente devaluación del dólar con relación al yen y al marco alemán es un caso interesante.  Los analistas con gran superficialidad nos dicen que esto puede tener un buen efecto pues nuestros productos se van a volver mis competitivos en Alemania y el Japón.  También nos dicen que los Mercedes Benz y los Toyotas van a ser- más costosos y que por lo tanto los automóviles colombianos van a tener mayor demanda, olvidándose de paso que la materia prima de los Chevrolet y de los Mazda vienen del Japón.

Lo que se ignora en nuestros comentarios es que la situación en los Estados Unidos no es tan sencilla como la pintan.  Estados Unidos al igual que México y los países del Cono Sur, han mantenido un alto déficit comercial financiado a través de endeudamiento.  Las políticas de Salinas de Gortari en México, de Reagan en Estados Unidos, de Martínez de Hoz en Argentina y de Pinochet en Chile, son esencia de las mismas: tratar de crecer rápido y con una inflación apelando a financiar un alto déficit externo con un creciente endeudamiento.

El final de la película es el mismo:  la devaluación de la moneda, la austeridad fiscal y la recesión económica.  La única diferencia entre los países de Latinoamérica y los Estados Unidos es que al Tío Sam le aceptan su moneda para el pago de sus deudas mientras que nadie en su sano juicio aceptaría para el pago de la deuda externa billetes emitidos por Salinas de Gortari o Martínez de Hoz.

Desdichadamente para Estados Unidos, el resto del mundo puede cansarse de seguir recibiendo billeticos verdes por el resto de la vida.  El dólar puede seguir el camino de la libra esterlina dejando de ser aceptado como  parte de las reservas internacionales.  En ese momento el ajuste de la economía norteamericana no podrá evitarse y el impacto en Latinoamérica seria devastador.  Los Estados Unidos no sólo nos enviarían sus modas, su música y sus comidas rápidas sino también nos enviarían una profunda recesión, el efecto tequila sería mínimo comparado con el efecto Jack Daniels.

El peligro de una posible crisis cambiaria en los Estados Unidos debe ponernos a pensar no sólo en medidas a corto plazo que nos protejan nuestras inversiones sino también de llevar a tomar medidas de más largo plazo.  La conquista de nuevos mercados en Europa y Asia debe tornarse en una de las prioridades de los próximos años.  La diversificación de los mercados puede ser una medida que nos asegure no sólo, la independencia económica sino que, nos permita tener una relación mas fuerte con los Estados Unidos en materias políticas.

Apagón pactado

El Pacto Social se puede convertir, al igual que la famosa teoría del sobredimensionamiento, en la razón de ser un futuro apagón

El aumento en el costo de vida en febrero resultó más alto de lo esperado por el Gobierno.  El aumento en lo corrido del año es muy, superior a lo que se esperaría de tanto protagonismo que ha tenido el Pacto Social en los medios de comunicación.  Lo más triste es que esta disminución tan pequeña sólo se ha logrado al diferir aumentos en los precios controlados por el Gobierno.  Gracias a que el alza de la gasolina se hizo en la última década y por lo tanto no quedó registrada en las mediciones del Dane, se ha logrado mantener una tasa de inflación ligeramente inferior al 21 por ciento.  Basados en las cifras anteriores, los analistas han comenzado a apostar en contra del cumplimiento de la meta del 18 por ciento para 1995.

El incumplir la meta de inflación es grave para la credibilidad de la política económica, pues en el futuro los agentes económicos con toda seguridad no volverán a jalarle al Pacto y la oportunidad de doblegar el flagelo inflacionario en la Administración Samper se habrá perdido.  Lo que es triste es que este magro resultado se ha obtenido a un alto costo.  Como se ha mencionado anteriormente en esta columna, las empresas de servicios públicos han sido afectadas adversamente por el Pacto Social, pues su situación financiera se ha visto desmejorada y el objetivo de mantener una solvencia financiera ha pasado a ocupar un lugar secundario.  Las cuantiosas inversiones necesarias para atender los incrementos en la  demanda tienen que ser aplazadas, pues las empresas no pueden hacer frente a un agresivo programa de expansión necesario para atender en forma adecuada a sus sufridos usuarios.

El racionamiento en el servicio de acueducto, se ha comenzado a aplicar en algunas regiones y la perspectiva de un nuevo apagón ha sido aceptada  por el Ministro de Minas y Energía.  Los bajos precios de la energía eléctrica han puesto en peligro la viabilidad financiera, de las empresas de energía, han desincentivado la participación del sector privado y están induciendo consumos muy por encima de lo que sería aconsejable en estas épocas de sequía.  El Pacto Social  se puede convertir, al igual que la famosa teoría de sobredimensionamiento en  la razón de ser de un futuro apagón.

El impedir mediante políticas inadecuadas que el sistema de precios cumpla con su función de asignación de recursos, puede llevarnos a una situación cuyos recuerdos todavía están frescos.  Las comidas frías, la subida de nueve pisos a pié, las tareas realizadas a la luz de la vela y todas las incomodidades sufridas en el apagón anterior deberían servir para intentar resolver esta discrepancia entre oferta y demanda. 0 través del sistema de precios.  Un sobreprecio en épocas de sequía y una disminución en épocas de fuertes lluvias haría que tanto empresas como consumidores actuaran en forma socialmente responsable, disminuyendo el consumo y aumentando la generación térmica cuando bajan los embalses.  El cambio en la política de tarifas del sector eléctrico es una medida más apropiada para manejar una escasez temporal, que apelar a un racionamiento que se sabe tiene que hacerse de manera severa, pues los pañitos de agua tibia lo único que hacen es desplazar el consumo para otra hora.

El Ministro Perry tiene que aceptar que los costos de la política de reducción de la inflación han comenzado a ser muy superiores a sus beneficios.  Es el momento de h hacer un acto de fe en las bondades del sistema de precios como instrumento para asignar los recursos escasos. Impedir que el  sistema de precios envíe las señales correctas, puede tener consecuencias  muy graves