¿La economía? Regular, gracias.

Los comentarios más frecuentes en las reuniones sociales tienen que ver con las posibilidades de la recesión.

Si las cosas fueran como nos las presentan los allegados al gobierno, no existiría motivo alguno de preocupación.  Después de nueve mese tenemos un Plan de Desarrollo aprobado por el Congreso que en teoría debería servir de guía para las inversiones de los sectores público y privado.  Si le creyéramos a las proyecciones del Plan, los próximos años serian probablemente los mejores de toda la historia económica reciente.  Si se dieran lo resultados previstos en el famoso Salto Social, Colombia estaría en magnificas condiciones para enfrentarse al nuevo milenio.

Lamentablemente, el común de la gente ve el futuro de manera diferente Los comentarios más frecuentes en las reuniones sociales tienen que ver con las posibilidades de una recesión.  L constructores se preparan para un largo período de crisis.  Los gremios del sector que siempre se han caracterizado por su optimismo están previendo un disminución del diez por ciento en la actividad edificadora.  Los ejecutivos d .las Corporaciones de Ahorro y Vivienda se han convertido en los más entusiastas admiradores del Ministro de Comunicaciones, pues ahora se puede divertir con los chistes de la Nena Jiménez durante sus largas vigilias ocasionadas por el incremento desmesurado de la cartera vencida.

Los agricultores, en especial aquellos que se han aventurado a invertir en negocios de exportación, continúan pasando por una situación critica.  En lugar tratar de mejorar su productividad han encontrado más atractivo acudir a papá gobierno para que les ayude a salir de la crisis.  Los cafeteros que antes se contentaban con un buen precio del café y una aceleración de la devaluación están tratando de convencer al gobierno que les ayude a pagar las deudas.  Los bananeros buscan financiación para pagar nómina por cuanto los ingresos no les está alcanzando para cubrir todos los costos de producción. 

Colombia que en los últimos tiempos se había destacado por la calidad del manejo económico y por su fútbol ha perdido su prestigio en los dos campos. Los que han reemplazado a Hommes a Maturana, ambos trabajando en el extranjero, no han resultado tan hábiles como los líderes del pasado.  Los indicadores de la economía colombiana igual que nuestros equipos a duras penas se imponen a los de la economía venezolana.

Los ensayos en la economía colombiana siguen a la orden del día.  El Salto Social continúa siendo apenas un mal ejemplo de una plataforma presidencial. El gobierno no abandona su actitud promesera, ni acepta que el sector privado ha llegado al limite máximo de su capacidad de contribuir a la financiación del gasto público.  Un gobierno que en nueve meses ha agotado su credibilidad se somete a un proceso de reforma tributaria en el preciso momento en el que el partido del gobierno se ve enfrentado a una de sus peores crisis políticas.

El peligro de entrar en una recesión debe llevarnos a reflexionar si no sería el momento de entrar a discutir la posibilidad de reelección del Presidente la República.  La experiencia de nuestros vecinos peruanos y argentinos está mostrando, por una parte,  que cuando hay reelección los presidentes continúan mandando hasta el último momento y no se dedican a buscar chanfaina internacional y que además el país gana notablemente si no tenemos que estar descubriendo cada cuatro años un equipo de genios para que se enfrente a los graves problemas que nos agobian. No le tengamos miedo a reelegir a los buenos ni a darle un castigo a los malos gobernantes.

Bienvenida la disminución del encaje

Aunque el verdadero impacto de la medidas solo se podrá apreciar con el paso del tiempo es posible prever que esta medida va a tener un efecto positivo en la economía.

El cambio en los encajes del sistema financiero ha sido motivo de comentarios por parte de destacados analistas económicos. En sus columnas del fin de semana los economistas de corte neoestructuralistas han criticado la medida tomada por la Junta Directiva del Banco de la República. Estos economistas han encontrado insuficiente la rebaja en los niveles de encaje, considerando que el alivio concedido por la Junta no ayudará a bajar los altos niveles de las tasas de interés. Este punto de vista de los más destacados defensores de la política económica de la Administración Samper parece mostrar un deseo por parte del gobierno de un fuerte estímulo monetario para contrarrestar  los síntomas de recesión que se han comenzado a ver en estos días.

Aunque el verdadero impacto de la medidas solo se podrá apreciar con el paso del tiempo es posible prever que esta medida va a tener un efecto positivo en la economía. En primer lugar, el imponer la disminución de los encajes sobre las nuevas captaciones disminuye el posible impacto inflacionario de la medida y permite controlar la expansión monetaria que se hubiera dado si se hubiera aplicado el cálculo del encaje sobre el total de las captaciones. Esta moderación del impacto expansivo de una disminución del encaje es absolutamente necesaria cuando se está  empeñado en una lucha contra la inflación. El mensaje antiinflacionario contenido en la medida es mucho más claro cuando se tiene en cuenta que la reducción del encaje en las cuentas corrientes ha venido acompañado de un aumento en los encajes en otros pasivos del sector financiero. la Junta Directiva del Banco de la República ha mostrado a la opinión que la lucha contra la inflación sigue siendo de alta prioridad que no piensa abandonar mientras que los indicadores del crecimiento del IPC no mejoren.

La medida de reducción de encajes en las cuentas corrientes abre la oportunidad para cambios importantes en el sector financiero. Las autoridades monetarias y crediticias están indicando que los bancos tienen que intensificar la competencia en la captación de liquidez a través de la cuenta corriente. La intensificación de la competencia en la captación a través de la cuenta corriente indudablemente ha de beneficiar a los titulares de las cuentas. Los mayores beneficios obtenidos por los bancos se podrán compartir entre bancos y depositante. El pago de intereses en cuenta corriente podrá al fin darse con lo cual las diferencias entre cuentas corrientes y depósitos de ahorro en UPAC tenderán a desaparecer en la medida en la que las corporaciones de ahorro y vivienda se inventen métodos para que  sus usuarios puedan girar algunos cheques al mes.

Una mayor competencia en el sector financiero, sin lugar a dudas, dará origen a la rápida adopción de importantes mejoras  tecnológicas en el sistema de pagos. Los clientes de los bancos podrán esperar contar con servicios que se disfrutan en países donde impera una verdadera competencia en el sector financiero. En resumen, la medida adoptada por la Junta Directiva puede resultar en un sector más competitivo sin afectar adversamente el manejo monetario y muestra una preocupación para seguir luchando contra la inflación. 

El plan de desempleo

Las metas sectoriales del plan de empleo no sólo son poco creíbles a la luz de la historia reciente sino que además resultan indeseables desde el punto de vista de una estrategia de desarrollo

En la semana anterior se dio a conocer el plan de empleo de la Administración Samper.  Dentro de una serie de generalidades más apropiadas para un discurso de campaña que para un programa de gobierno se le anuncia al país las intenciones del gobierno relacionadas con la generación de empleo.  Extraña que el plan prioritario del gobierno tenga después de nueve meses una estructura tan débil.  Las estrategias y programas de empleo siguen siendo enunciadas a un nivel demasiado agregado.  El esfuerzo de desagregar las cifras de generación de empleo al nivel sectorial no ha resultado útil pues las cifras anotadas en el plan de empleo no parecen creíbles ni mucho menos deseables.

Para ilustrar la credibilidad de las cifras podríamos mirar las correspondientes a los sectores industrial y agropecuario.  Las cifras sobre empleo industrial muestran que el sector ha generado muy pocos empleos en los últimos años.  El número de empleos en la industria se ha mantenido desde 1978 en alrededor de quinientos mil.  Más aún, la crisis del sector ocasionada por la revaluación a una reducción del empleo en más del 10 por ciento llegando a un mínimo de 440 mil empleos en 1985.  Fueron necesarios casi diez años para lograr recuperar el nivel de quinientos mil empleos logrado al final del Mandato Claro.  Pensar generar doscientos mil empleos en los próximos tres años y tres meses parece, a la luz de la experiencia colombiana, una tarea bastante difícil de cumplir.

El análisis de las pocas cifras sobre empleo rural muestra que durante los últimos años el número de personas trabajando en el campo se ha mantenido constante.  Las cifras censales disponibles muestran que el número de personas viviendo en el campo se ha mantenido constante, alrededor de los nueve millones, en los últimos años, lo que confirma la estabilidad tanto del empleo como de la población en el campo. Generar doscientos veinte mil empleos agropecuarios cuando lo más probable es que el número de habitantes de nuestros campos se vea reducido en el futuro es bastante improbable.

Las metas sectoriales analizadas anteriormente no solo son poco creíbles a la luz de la historia reciente sino que además resultan indeseables desde el punto de vista de una estrategia de desarrollo.  El desarrollo colombiano tiene que basarse en una transformación hacia estructuras modernas.  Tal como nos lo enseñó el profesor Currie, la participación sectorial del empleo en el sector agrícola debe disminuir drásticamente si queremos de verdad tener una economía eficiente.  Un país moderno no puede mantener más de la cuarta parte de su fuerza de trabajo en el campo.  La productividad del campo debe aumentar de tal manera que con menos del cinco por ciento del empleo en el campo se pueda no sólo alimentar a la población sino que además se puedan generar mediante las exportaciones agropecuarias las divisas necesarias que aseguren un rápido crecimiento.

La nueva competencia en el ámbito mundial en el sector industrial tiene que estar basada en una mayor productividad.  Los países que han logrado adaptarse al nuevo esquema competitivo han experimentado una reducción absoluta en el número de los trabajadores del sector industrial.  Procesos como la reingeniería requieren de cambios radicales que llevan a una mayor producción con un menor número de empleos.  El reto para la industria colombiana en el futuro cercano será aumentar considerablemente las exportaciones industriales con una fuerza de trabajo inferior a la existente actualmente.

Si las metas sectoriales de empleo no resisten el más mínimo análisis de consistencia y deseabilidad, las políticas enunciadas para alcanzar las metas si que son contrarias a la más elemental lógica económica.  El querer aumentar el empleo mediante la creación de un subsidio de desempleo es, sin lugar a dudas, la manifestación más grave de populismo salvaje.  La reciente experiencia europea ha mostrado que los grandes problemas en el mercado laboral se originan, en buena parte, en los elevados niveles de pagos a los desempleados.  Las distorsiones creadas por los subsidies al desempleo son de tal naturaleza que buena parte de la fuerza de trabajo encuentra más rentable seguir de desempleado que trabajar pues sus ingresos después de impuestos son mayores si no trabaja que si trabaja.

La triste conclusión de lo anterior es que si el equipo económico de Samper ha perdido el año y que su plan de empleo deja mucho que desear.  La poca credibilidad en tan importante materia sin lugar a dudas va a tener efectos negativos en el proyecto de reforma tributaria.  Nadie podrá entender para qué se está buscando aumentar los recursos cuando los programas prioritarios están tan pobremente definidos.

Las Rudi verdades sobre el salto social

Según la opinión del hoy consejero del BID, el plan de desarrollo tiene serias amenazas en cuanto a su financiación

El ex ministro de Hacienda Rudolf Hommes en su reciente visita al país hizo un comentario interesante relacionado con la financiación del plan de desarrollo del gobierno Samper. Según la opinión del hoy consejero del BID, el plan de desarrollo tiene serias amenazas en su financiación debidas a dos causas principales. La factibilidad de lograr los recursos que permitan una financiación sana del Salto Social reposan en las premisas de poder lograr aumentar la participación en el PIB del gasto del gobierno y en que es posible convencer al sector privado de que financie la inversión en infraestructura.

Con su habitual malicia, el doctor Hommes comentó que en su opinión el país no va a aceptar que se le aumenten los gastos del gobierno cuatro puntos del PIB por un periodo presidencial. Según la opinión del antecesor del doctor Perry, el haber logrado un aumento en la participación del gobierno durante la administración Gaviria va a hacer muy difícil que esta administración consiga que el público acepte un aumento en sus tributos. Este argumento tan válido podría resumirse en el famoso dicho popular que al perro no lo pueden operar dos veces. Si el gobierno anterior resultó más samperista que Samper, incrementando considerablemente la participación del gobierno, el nuevo gobierno tiene que darse cuenta que el palo no está para cucharas y que por tanto sus promesas como los deseos expresados en el Salto Social.

Si la primera premisa en que se basa la financiación sana del plan de desarrollo puede llegar a no ocurrir, la segunda, o sea la facilidad y conveniencia de disminuir la inversión del gobierno en infraestructura para aumentar la inversión social del gobierno, cada día se vuelve más incierta. Los recientes desarrollos en la financiación de los sectores de energía y transporte están mostrando que el sector privado no está interesado en participar en la financiación de estos proyectos bajo las reglas de juego imperantes en este momento.

El efecto tequila ha sido devastador en la financiación de la infraestructura. Los aumentos en las tasas de interés a la que los bancos privados están dispuestos a prestarles a los inversionistas en proyectos de infraestructura han puesto en stand-by los contratos que se habían adjudicado. La imposibilidad legal de considerar cambios en las condiciones financieras de los proyectos ha hecho que muchos de ellos tengan que ser sepultados. La incertidumbre creada por el Pacto Social sobre las tarifas de las empresas de servicio público ha contribuido a la parálisis de otros cuantos. La esperanza de que el sector privado pudiera financiar el desarrollo de la infraestructura ha quedado frustrada. Pretender que es posible transferirle riesgos tan grandes, como la financiación y gestión de los proyectos al sector privado no ha resultado tan fácil como se esperaba.

Más aún, la experiencia parece mostrar que los criterios simplistas de transferir al sector privado los riesgos es una política equivocada. Hasta los economistas de Chicago reconocen que un papel importante del sector público es asumir, mediante diversificación de su portafolio, una cartera de proyectos que minimicen el riesgo de grandes pérdidas. Esta función de diversificación de riesgos es tal vez una de las pocas razones válidas para aceptar la propiedad pública de las empresas de las empresas de servicio público en situaciones en que el mercado de capitales no es amplio. El gobierno se convierte en estas circunstancias de poco desarrollo financiero en un intermediario entre el capital extranjero y el capital local. Los prestamistas que no están interesados en prestarle al sector privado aceptan, gustosos, o bien la garantía de la Nación o al Estado como un intermediario de segundo piso al que le prestan para que éste a través del sector privado le preste al sector público.

Si aceptamos que en este momento reducir la inversión pública en infraestructura parece poco viable con mayor razón deberíamos aceptar que querer aumentar rápidamente el gasto social puede ser una gran irresponsabilidad. Si el gobierno tiene dificultades en manejar la inversión en infraestructura cuando existe una larga tradición de consultoría y ejecución de obras públicas por parte del sector privado, qué diríamos de manejar los proyectos de inversión social cuando no sólo no existe un sector privado con conocimientos adecuados sino que tampoco hay un consenso sobre lo que se debe hacer. En el campo social suele ocurrir que si uno le pregunta a un determinado número de expertos en el tema sobre la política a seguir, termina con más soluciones que entrevistados. Como bien lo decía Winston Churchill, si uno le consulta a cuatro economistas famosos puede recibir cinco soluciones que en el caso político británico, dos de ellas eran propuestas por Lord Keynes.

Lo ocurrido en los primeros nueve meses del gobierno Samper, ministerios del sector social totalmente a la deriva con sus directivos dando palos de ciego, es un mal presagio para un gasto eficiente de los recursos que se le puedan transferir. El Presidente, tan agobiado de problemas, debería sacar un tiempo para darle un vuelco total a las entidades del sector social. 

Hace veintiún años

Según personas allegadas al equipo económico de esa  época, las improvisaciones del entonces director de impuestos tuvieron al borde del colapso nervioso al Presidente López.

En estos días se ha comenzado a discutir el proyecto de reforma tributaria de la Administración Samper.  Sin entrar a discutir las consecuencias políticas de la propuesta reforma tributaria ni mucho menos pretender siquiera insinuar que el hacer una reforma tributaria en contra de las promesas electorales podría tener consecuencias parecidas a las que tuvo que sufrir George Bush al haber incrementado los impuestos después de haber dicho la frase famosa "Lean mis labios: no más impuestos", es importante hacer algunos comentarios.

En primer lugar, es conveniente volver a destacar que la práctica ha demostrado que ni el incremento en tarifas, ni las reformas tributarias son la solución definitiva para controlar el déficit fiscal.  La experiencia colombiana ha demostrado que el aumento de las tarifas lo único que hace es aumentar transitoriamente los impuestos y a la vuelta de algunos años el déficit vuelve a surgir en algunos casos con mayor virulencia.  La reforma tributaria de 1974 mostró claramente que el aumento de los ingresos dio origen a un incremento desmesurado de los gastos y los políticos encontraron atractivo apropiarse de los recursos para incrementar todo tipo de gasto.

En segundo lugar, el incremento de tarifas tiene como consecuencia un incremento en la evasión. La comentada reforma del 74 convirtió a todos los colombianos en evasores. Fueron de tal magnitud los incrementos de las tarifas y en especial el tratamiento de las llamadas ganancias ocasionales que a partir de ese momento las transacciones de finca raíz, entre otras, nunca más se volvieron a registrar por su valor real. A partir de 1974, las escrituras de compraventa de inmuebles se convirtieron en una gran medida en la que se registraban cifras inferiores al valor comercial de los inmuebles.  A partir de ese momento los choferes, jardineros y las empleadas de servicio doméstico se convirtieron en los principales inversionistas.  Algunas entidades del sector financiero tenían a la disposición de sus posibles clientes una lista de nombres con su respectivo NIT para que el inversionista pudiera evadir el impuesto sobre sus rendimientos financieros.  Esta práctica, sin duda, contribuyó en buena parte a la crisis del sector financiero en 1982.

En tercer lugar no debemos olvidar que el sistema colombiano está hecho para que la gente pague lo que quiera.  No hay instrumentos para controlar a los evasores.  La simplificación tributaria ha llevado a que no exista un registro en poder de la Administración de los valores recibidos por los contribuyentes.  Si uno quiere no declarar o declarar menos el Gobierno no está en capacidad de cruzar la información de lo declarado por un contribuyente y lo que debería aparecer en las declaraciones de los que hicieron los pagos como gastos deducibles. Los pocos controles existentes para asegurar que los contribuyentes que hacen las retenciones de ninguna manera pueden servir de control, por la sencilla razón que nunca se reporta una relación  del detalle de las retenciones. Si ese control se eliminó en aras de una simplificación tributaria es imposible tener un control real del contribuyente. La mejora real del control no necesita una reforma sino apenas de decisiones por parte del gobierno. 

Por si fuera poco, se vuelve a insistir en aumentar los impuestos  a los vehículos estableciendo unas tarifas diferenciales según el tipo de vehículo que lo único que hacen además de dificultar enormemente la administración tributaria, es darle un nuevo aire a la demanda, de los llamados vehículos suntuarios. Este anuncio, que a lo mejor no termina en nada, lo que hace es que los ricos se apresuren a comprar los vehículos antes de que se establezcan los impuestos.  Eso ya pasó en el 74, en el reciente pasado cuando el profesor Garay lanzó esta propuesta.  Desde ese mismo momento se comenzó a gestar el déficit en cuenta corriente pues todo el que tenia algunos ahorros se lanzó a comprar vehículos antes de que les pusieran los elevados impuestos sugeridos por tan destacado analista.

El tratamiento que se le ha venido dando a los cambios procedimentales es un mal signo para lo que se viene.  El doctor Perry ha lanzado ideas para mejorar la recaudación de impuestos tales como el cobrar una retención en la fuente a los comerciantes a través del sistema de tarjetas de crédito sin haber sido estudiadas a cabalidad.  Para los que tienen buena memoria precisamente esto fue lo que sucedió en la reforma del 74. Las medidas se debían cambiar a cada instante porque el Doctor Perry parece que no hacía bien su tarea. Según personas allegadas al equipo económico de esa  época, las improvisaciones del entonces director de impuestos tuvieron al borde del colapso nervioso al Presidente López.

En resumen, la reforma no solo es totalmente contraria a las propuestas de la campaña  sino que tiene vicios que ya parecían enterrados y que infortunadamente vuelven a reaparecer.  Los errores cometidos por el Doctor Perry en 1974 cuando era Director de Impuestos vuelven a  reaparecer a los veintiún años.