Los costos ocultos de la crisis

La angustia de los agentes económicos es cada día más grande y la incertidumbre comienza a tener efectos mucho más graves que la misma descertificación

El tema del momento es el costo económico de la descertificación. Los empresarios en su angustia y después de haber intentado, inútilmente, influir en una decisión favorable de los Estados Unidos se aprestan para lo más grave y están dispuestos hasta hacer un paro con el fin de buscar una rápida solución a la crisis de gobernabilidad del país. Los funcionarios del equipo económico y el Ministro de Justicia tratan de convencer al país de que después de todo los costos económicos no van a ser muy grandes. Los analistas económicos, con ayuda de poderosos modelos y del olfato de los que manejan estos modelos llegan a estimativos del posible impacto de la medida tomada por el Presidente Clinton.

La polarización causada por la crisis política se refleja en el debate económico. La mayoría del país comienza a desconfiar del Ministro de Hacienda por sus continuos cambios de opinión y por dedicarse en estos tiempos de crisis a sostener una controversia en los medios de comunicación con su ilustre antecesor. En medio de la crisis, en ocasiones aparece el Consejero Antonio Hernández que trata de explicar de una manera clara y objetiva el impacto de la medida y expone las acciones que se pueden tomar para contrarrestar el efecto negativo de la descertificación.

La angustia de los agentes económicos es cada día más grande y la incertidumbre comienza a tener efectos mucho más graves que la misma descertificación. Un país que vive preocupado por la tremenda crisis política no puede pensar en el futuro. La expansión de las empresas pasa a un segundo plano cuando es necesario pensar en la forma como se debe uno proteger del coletazo que va traer la descertificación. En estas circunstancias es más importante comenzar a especular contra el dólar que hacer inversiones productivas y crear empresas. El desvío de energías hacia la especulación financiera, unido a la discusión diaria sobre los últimos acontecimientos políticos deja muy poco tiempo para pensar en el futuro de la economía.  Los más destacados ejecutivos y los mejores académicos se dedican a comentar las últimas ocurrencias del Doctor Mogollón.

El costo del tiempo y energía de los mejores colombianos que podrían estar trabajando para el progreso del país es una carga pesada para la economía colombiana. El mal uso de los recursos del Estado dedicados a premiar a los defensores del régimen es un despilfarro que no se puede permitir un país pobre. La repartición de los programas de la cadena 3, hoy llamada con mucha pompa Señal Colombia es un ejemplo del despilfarro de los recursos captados con la reforma tributaria.

La apropiación de las empresas del Estado por parte de los sindicatos es una manera triste de entregar los recursos públicos a intereses particulares. La intervención descarada del Ministro de Trabajo en las convenciones colectivas a favor de los trabajadores, sin importarle el costo para el Estado no solo es un retroceso tremendo en el manejo de las relaciones laborales, sino que es la mejor manera de atizar la inflación.

El oscuro panorama económico es el reflejo de una situación económica totalmente descuadernada. Los técnicos del gobierno han perdido el control de la economía y ahora es manejada con el único propósito de defender al régimen. Los economistas del gobierno que no pueden decir con los militares que sirven al país y no al Presidente deben estar muy preocupados porque muy pronto les va a tocar pensar en su retiro. Considero a algunos destacados economistas que en este momento deben estar pensando seriamente que es bueno acompañar a sus amigos hasta el cementerio pero que no es recomendable enterrarse con ellos.

Liberación parcial de precios de la gasolina

La semana pasada el gobierno realizo un interesante experimento con los precios de la gasolina. El Ministro de Minas decidió sorprendernos con una liberación de los precios de la gasolina extra. A pesar del caos inicial causado por el experimento la medida debe ser estudiada y analizada pues puede a la larga tener efectos interesantes que es conveniente explorar.

En primer lugar, es necesario destacar la importancia de eliminar controles innecesarios que lo único que hacen es limitar la competencia. La libertad de precios de la gasolina extra va a permitir, ahora si, establecer el atractivo relativo de los dos tipos de gasolina. Los consumidores van a poder mostrar sus preferencias por las gasolina extra comparada con la normal. Si el precio fijado por el distribuidor para la extra es muy alto el consumidor dejará de consumirla y se pasará a la corriente. el consumidor tiene en sus propias manos su propia defensa y no necesita que el gobierno lo defienda de un supuesto abuso de los distribuidores inescrupulosos. Por otra parte, el distribuidor tendrá la posibilidad de lograr la misma rentabilidad en las ventas de los diferentes tipos de gasolina y no tendrá que estar solicitando ajustes al Ministerio ni tendrá que apelar a protestas extremas como en el pasado cuando el precio de la gasolina extra sea muy bajo.

Sin lugar a dudas, los distribuidores y consumidores poseen una mejor información que los funcionarios del Ministerio de Minas y Energía y por lo tanto están en mejor capacidad de fijar el precio relativo de la gasolina extra con relación al precio de la gasolina corriente. La solución adoptada por el Ministerio puede contribuir a una mejor asignación de recursos pues el precio relativo de la gasolina extra comparado con el de la gasolina corriente estará más en línea con los verdaderos costos y beneficios.

Es claro que el experimento de la liberación parcial de los precios de la gasolina es apenas el comienzo de una racionalización de las políticas de precios de los energéticos. Si el experimento es exitoso la consecuencia lógica sería comenzar a dar libertad de precios en el precio de la gasolina corriente. Una posible solución sería fijar unas bandas al estilo de las usadas para el dólar que definan el campo en el cual pueda variar el precio de la gasolina corriente. Esta banda fijaría un techo por encima del cual no se podría vender la gasolina y que protegería al consumidor de un posible abuso de los distribuidores y fijaría un mínimo para proteger la rentabilidad del distribuidor. Dentro de estas bandas los distribuidores podrían competir por atraer clientes mediante promociones de precios.

La flotación de los precios de la gasolina corriente dentro de una banda de precios debería llevar en el largo plazo a una libertad total de precios. La conveniencia de esta medida aconsejada por la lógica económica salta a la vista cuando se analizan los resultados desastrosos de una política como la venezolana que ha tratado de mantener precios muy por debajo de los verdaderos costos de oportunidad de la gasolina. Como pude apreciar en un reciente seminario realizado en Caracas, para todos los economistas latinoamericanos el mayor error de política del gobierno venezolano es mantener precios de la gasolina tan bajos.

La profunda brecha entre el precio internacional y el precio de venta en Venezuela se ha constituido en uno de las principales fuentes del desequilibrio fiscal y que, dada su gran magnitud, no puede ser corregida fácilmente. En estas circunstancias un ajuste total en el precio de la gasolina llevaría a notables aumentos en la canasta familiar y causaría sonoras protestas a nivel popular. Por otra parte, y lo que es más grave produciría efectos notables en los propietarios de vehículos de servicio público, pues muchos de ellos han invertido todos sus ahorros en carros de altas cilindradas que consumen enormes cantidades de gasolina.

Los excesos de nuestro vecino unidos a una buena experiencia con la libertad de precios de la gasolina deberían orientarnos hacia una política de libertad total de los precios de la gasolina que debería venir acompañada de una libertad de importar gasolina y de hacer inversiones en las refinerías. En la medida en que los funcionarios del Ministerio dejen de competir con el mercado en la fijación de precios tendrán más tiempo para dedicar a definir las verdaderas políticas del sector de minas y energía. 

Apertura del crédito externo: un paso en la dirección correcta

Es claro que el margen de intermediación debe bajar hasta niveles comparables a los de nuestros socios comerciales.  El país no puede competir con una desventaja en el costo del crédito.

La Junta Directiva del Banco de la República ha tomado unas medidas para facilitar el endeudamiento con el extranjero.  Ante los comentarios surgidos sobre el tema es conveniente hacer algunas precisiones.  En primer lugar debe anotarse que las ú1timas medidas no corresponden a una total apertura del crédito externo.  El público no puede salirse a endeudarse libremente en el exterior pues tiene que cumplir con unos requisitos que aunque menores que los que venían rigiendo, terminan elevando el costo del crédito por encima de los que habría si existiera una entera libertad para endeudarse en el exterior.

También se ha podido apreciar que a nadie le gusta competir internacionalmente y que los voceros de los sectores afectados tienen el sagrado derecho al pataleo.  Los gremios que representan al sector financiero han hecho sentir sus voces de protesta por la medida y han puesto de presente que los costos de intermediación colombianos son muy altos comparados con los vigentes en los grandes centros financieros.  Los gremios han aprovechado la oportunidad para insistir en su pedido de una disminución de los encajes con el fin de lograr que sus márgenes de intermediación se reduzcan y puedan ser competitivos con el exterior.

De lo anterior debe quedar claro que los intermediarios financieros continúan gozando de una protección de la competencia externa y que los usuarios del crédito tienen que pagar m costo adicional por el privilegio de utilizar el crédito externo.  Puede decirse entonces que la medida anunciada por el Banco Central es apenas un paso en el proceso de liberación cambiaria y de ninguna manera puede tomarse como una renuncia del Banco de la República al control del endeudamiento ni se puede pensar tampoco que el sistema financiero ha quedado totalmente desprotegido a la competencia externa.  La medida realmente trata de establecer unas condiciones que reflejen la situación actual del costo del crédito externo comparado con el costo del crédito en Colombia buscando mantener una protección al sector financiero colombiano que refleje las diferencias en los costos de intermediación colombianos comparados con los del resto del mundo y que no puede hablarse de un cambio radical en las políticas sino más bien de un ajuste pequeño.

La medida adoptada por la Junta Directiva del Banco de la República no puede interpretarse como la solución última.  Es claro que el margen de intermediación debe bajar hasta niveles comparables a los de nuestros socios comerciales.  El país no puede competir con una desventaja en el costo del crédito.  Las industries deben modernizar su aparato productivo y realizar las inversiones que le permitan mantener su ventaja competitiva.  Un país que quiera entrar a competir a escala mundial debe tener un sector financiero muy eficiente y con encajes similares a los que rigen internacionalmente.  Los Directores del Banco Central tienen que planear un programa de mediano plazo en el que simultáneamente vayan bajando los encajes y vayan disminuyendo la protección al sector financiero dada por las restricciones al endeudamiento externo.

Por otra parte, es muy importante analizar el impacto en los equilibrios macroeconómicos de los cambios que se den en la estructura de protección al sector financiero colombiano.  Los encargados de la política económica tienen que analizar el impacto que pueda tener la liberación cambiaria con el fin de compensar sus efectos para que no afecten las metas macroeconómicas.  Por ejemplo, una disminución en los costos de protección puede resultar en una entrada adicional de capitales cuyo efecto en la tasa de cambio y en el crecimiento del dinero debe ser compensados.  Si las autoridades diseñan m paquete de medidas adecuadas es posible lograr un cambio en las condiciones de competencia sin que por ello se ponga en peligro el equilibrio macroeconómico. Argumentar que no se debe liberar el mercado cambiario porque esto da lugar a una fuerte revaluación es suponer que no se puede o no se quieren tomar medidas compensatorias.

Más aún, en situaciones especiales en las que precisamente se quiera atraer capitales para compensar la incertidumbre política una medida como la comentada puede ser doblemente efectiva.  Pues por un lado mejora la eficiencia económica, reduce los costos de producción y mejora la situación macroeconómica pues compensa una potencial fuga de capitales.

En conclusión, puede decirse que abrir las posibilidades de endeudamiento en el exterior es una medida que tiene buenos propósitos y que pude tener un impacto macroeconómico que debería ser compensado para no separamos de las metas macroeconómicas.  Por tanto la discusión debería centrarse en si las medidas complementarias son las adecuadas o no, más bien que discutir si la medida va a contribuir a la revaluación o no.

El cura lo predica pero no se lo aplica

La preferencia por los pobres sobre los ricos no se debe buscar en los discursos sino en las acciones.

En los últimos días hemos apreciado un recrudecimiento de los conflictos sociales en Colombia. Por una parte, se ha tratado de satanizar todo lo que huela a neoliberalismo buscando inculpar a las políticas de apertura de un notable deterioro de los indicadores de distribución del ingreso. Basados en información fragmentaria sobre algunos indicadores de bienestar de la población se pretende no solo inculpar a los gobiernos anteriores como los causantes de todos los problemas, sino que además en un acto de inusitado optimismo se quiere hacer creer que el presente gobierno va a lograr en muy corto tiempo la redención social de los colombianos pobres.

Pensar que el desarrollo de un país y la eliminación de la pobreza puede hacerse en un período presidencial es una gran equivocación. La eliminación de la pobreza es el fruto de un proceso continuado y requiere de esfuerzos continuos independientes del gobierno de turno. Los países que logran salir de la pobreza han persistido en políticas coherentes frutos de un consenso social. Los cambios en los gobernantes apenas afectan algunos de los matices de la lucha contra la pobreza sin que impliquen cambios violentos en la dirección de la política económica.

En el caso colombiano desde hace mucho tiempo los dos partidos tradicionales han logrado un consenso en lo referente a la política social. Desde hace mucho tiempo se ha buscado ampliar la base de los hogares que sean propietarios de su propia vivienda. Después de algún tiempo los contradictores de la política de vivienda diseñada por el Profesor Currie y puesta en marcha durante la Administración del Presidente Pastrana han llegado a convencerse de la importancia de contar con un instrumento de financiación como el UPAC que ha permitido ampliar la base de propietarios de vivienda y que ha impulsado el crecimiento de la economía colombiana en los últimos veinticinco años.

La ampliación de la cobertura de los servicios públicos especialmente el de agua potable ha estado contemplada en todos los planes de gobierno. Los grandes avances en la cobertura de los servicios públicos y la importancia de lograr una financiación sana a través de unas tarifas costeables han entrado a formar parte del consenso nacional. Los populistas de ayer que quemaban las fotocopias de los recibos a la entrada de las empresas de servicio público aceptan que se cobre el costo de prestación de los servicios a todos prefiriendo subsidiar, eso si, a aquellos que no pueden pagar el costo total de los servicios.

La importancia de apoyar los esfuerzos educativos y de capacitación son reconocidos por todos los partidos en sus distintas vertientes. Hoy en día se acepta que para lograr erradicar la pobreza lo primero es lograr ampliar la cobertura de la educación primaria y secundaria. Mientras no logremos preparar a la gente, los esfuerzos para satisfacer las necesidades básicas de los más pobres tendrán que continuar siendo realizados por el gobierno y dando ocasión a un clientelismo que degrada al pobre y fomenta la corrupción.

Los ejemplos anteriores nos muestran que en Colombia hace tiempo todos los gobiernos han tenido una perspectiva social similar y que ningún partido ni movimiento se puede declarar como el único poseedor del sentimiento social. Las promesas de los partidos son tan similares que lo que debe contar son los resultados reales. La preferencia por los pobres sobre los ricos no se debe buscar en los discursos sino en las acciones. Los debates abstractos sobre la equidad de un aumento en el IVA deben ser complementados por los análisis detallados de los beneficiarios de las reformas tributarias. De especial importancia en estas circunstancias en las que se discute la financiación de las campañas es lograr hacer claridad sobre las denuncias de destacados economistas de un tratamiento favorable a los conglomerados económicos.

Los cambios en el tratamiento del impuesto a la cerveza deben ser investigados y aclarados ante la opinión pública. El Gobierno debe sacar un tiempito para explicarle al país algunos puntos muy importantes. El primero, cuál es la razón económica de cambiar la base del impuesto del precio total del servicio a considerar un impuesto solo sobre el líquido. En segundo lugar debe explicar porque el beneficio tributario debe quedar en el productor y no en el consumidor. Lo más equitativo pareciera que el alivio tributario quedará en manos de los obreros y campesinos que se toman sus polas en los fines de semana y no en el de un grupo económico que es reconocido como el más poderoso de Colombia. Un gobierno que tiene una retórica tan orientada a los pobres debería obligar a los productores a rebajar el precio final de la cerveza de tal manera que la rebaja de impuestos le llegue al consumidor final.

Un gobierno que se ha declarado como el paladín de los oprimidos no debería dejar pasar la oportunidad de lograr que el alivio fiscal llegue al bolsillo de los más pobres. No puede permitir que lo tachen de Hood Robin o sea aquel personaje que le quita a los pobres para darle a los ricos.

Comprar antes de vender

Los trabajadores, los usuarios, la Universidad Distrital y la Secretaria de Tránsito y Transportes pueden ser los verdaderos dueños de la ETB.

La propuesta del Alcalde Mockus de vender la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá para salvar a la Empresa de Energía de Bogotá ha sido otra de las víctimas del llamado proceso ocho mil.  Por estar preocupándose por la posible renuncia del Presidente Samper los medios de comunicación no le han dado toda la discusión que se merece tan importante tema.  Para volver a poner sobre el tapete el tema de la venta de la ETB quiero hacer a continuación un par de reflexiones.

En primer lugar, es importante pensar si es viable desde el punto de vista practico la venta de la ETB.  Como lo he manifestado en ocasiones anteriores no es muy claro que el verdadero dueño de la Empresa es el gobierno bogotano. El Alcalde por lo general no interviene en el manejo de la Empresa sino que más bien nombra a un Gerente en quien se delegan todas las responsabilidades.  Los Gerentes en muchas ocasiones no responden a la ciudadanía misma sino que buscan adelantar sus propios planes.  No hace mucho, Antonio Galán Sarmiento, Gerente de la ETB salió en hombros de los trabajadores después de haber firmado una convención colectiva en la que se les mejoraban considerablemente las ya jugosas prestaciones sociales.  De hecho, para muchos los verdaderos dueños de la ETB han sido los trabajadores de la Empresa quienes han logrado remuneraciones muy atractivas.

Los usuarios de la ETB han destinado una parte de sus ahorros para adquirir su línea telefónica y se convierten de hecho en dueños de una del millón y medio de acciones de la ETB.  El problema legal de cómo indemnizar a los usuarios  puede convertirse en un obstáculo formidable para cualquier venta futura de la Empresa y debería ser afrontado a la mayor brevedad posible.  además de los trabajadores y de los usuarios, la Universidad Distrital y la Secretaria de Tránsito y Transportes pueden alegar su condición de propietarios.  Gracias a la generosidad de administraciones anteriores que han considerado a la ETB como la tía rica del Distrito las dos instituciones anteriores reciben transferencias que les permite sufragar parte de sus gastos.

En sana lógica el Distrito antes de pensar vender la ETB debe comenzar a pensar lo que tiene que hacer para ser su verdadero dueño.  La Administración tiene que considerar que las Empresas del Distrito son su mayor patrimonio y que un buen manejo de ellas puede ayudar a disminuir la presión tributaria que tiene agobiados a los bogotanos que tienen los impuestos de Nueva York y el nivel de vida de Somondoco.

En segundo lugar, la decisión de vender debe tomarse con base en una verdadera estrategia de manejo de activos. Tal como se enseña en los seminarios de planeación estratégica cuando un conglomerado quiere analizar su portafolio de negocios, debe clasificar los negocios mediante una matriz en la que se tienen en cuenta por una parte la participación del negocio en el mercado y por otro la tasa de crecimiento del mercado.  A partir de esta matriz y siguiendo una lógica elemental debe mantenerse en los negocios en los que tenga una alta participación el mercado tratando de ordeñar los negocios maduros y aprovechando la oportunidad de crecimiento de los negocios con buenas perspectivas.  Según esta metodología desarrollada por el Grupo Consultor de Boston los negocios que se deben abandonar son los de baja participación y lento crecimiento en donde las nuevas inversiones no van a tener mucho futuro.

Si el Alcalde hubiera hecho este ejercicio matricial sus conclusiones hubieran sido muy distintas.  Sin realizar mucho esfuerzo y aún siendo muy pesimistas sobre el futuro de las telecomunicaciones el negocio de la ETB debe ser considerado como una estrella.  La ETB, por lo menos hasta el momento, tiene una elevadísima participación el mercado de las telecomunicaciones en la capital y su crecimiento esperado es alto.  Por tanto desde el punto de vista estratégico lo aconsejable seria conservarla.

Si uno quisiera actividades de las cuales seria conveniente salirse debería buscar aquellos de muy baja participación con baja rentabilidad y con poco porvenir. Entre estos, sin lugar a dudas el primer candidato es la Universidad Distrital.  La participación de esta universidad es mínima, su organización es tan caótica que no ha podido comenzar clases y sus costos son tan elevados que por el mismo dinero se podrían otorgar becas en las mejores universidades colombianas a un número mayor de estudiantes.

Las reflexiones anteriores nos llevarían a concluir que antes de vender la ETB el Distrito tiene que comprárselas a sus dueños de facto y además que si de salirse de algo se trata la recomendación lógica es la de salirse de los huesos como la Universidad Distrital en la que cada año gastamos plata buena para tratar de salvar una plata mala que se ha invertido en el pasado.