martes, 8 de agosto de 1995

Una reforma tributaria para reparar las fallas de la constitución del 91

El gobierno busca aumentar sus ingresos para poder seguir en la alegre danza de los millones a nivel local.

La discusión de la reforma tributaria ha sacado a relucir una serie de problemas estructurales de la economía colombiana.  El Ministro de Hacienda al tratar de convencernos de la necesidad y conveniencia de su reforma tributaria ha puesto sobre el tapete un problema que en su paso por la constituyente contribuyó a crear.  Los constituyentes del 91 en su afán de acelerar el incipiente proceso de descentralización que había iniciado el país en la década de los 80's decidió transferir cuantiosos recursos a los departamentos y municipios.  Como consecuencia de los cambios constitucionales, las finanzas del gobierno central comenzaron a experimentar un notable desequilibrio.

El gobierno central debió aumentar considerablemente las transferencias a las regiones sin lograr reducir los gastos pues los desarrollos legales no pudieron compensar el aumento en las transferencias de recursos con la disminución de los gastos cuya responsabilidad fue transferida a los municipios y departamentos.  Como era de esperarse en un congreso en el que están representados los intereses regionales la ley de competencias y recursos fue muy generosa con las regiones a costa del tesoro nacional.

El impacto negativo de la constitución del 91 en las finanzas del gobierno central es impresionante.  El superávit corriente del gobierno central que estaba en un 3 por ciento del PIB en 1991 comenzó a desaparecer y en poco tiempo se llegó a un déficit de similar magnitud. El gobierno central a partir de 1993 comenzó a gastar en funcionamiento más de lo que recibía por impuestos teniendo que comenzar a gastarse los ingresos extraordinarios de las privatizaciones y las concesiones de los celulares.

Tal como lo muestran las cifras utilizadas por el Ministro Perry para justificar la necesidad de la reforma tributaria esta disminución del superávit corriente se explica en buena parte por el crecimiento desmesurado de las transferencias a los gobiernos locales que de un nivel de 5 por ciento del PIB hasta 1991 han alcanzado un nivel del 8 por ciento y que se estiman que en 1998 lleguen al doble del nivel anterior a la constitución.  La evidencia es tan clara que el Doctor Perry ha tenido que aceptar que los buenos deseos de él y de otros constituyentes del 91 han sido los causantes del principal problema a que se ve enfrentada la economía colombiana.

Si bien el gobierno a través de su Ministro de Hacienda encuentra que el mayor problema fiscal de la economía colombiana tiene que ver con el mal diseño del sistema de transferencias para resolverlo no plantea una reforma ni a la constitución ni a la ley de competencias y recursos sino que más bien trata de arreglar el problema creado por la constitución del 91, quien lo creyera, a través de una reforma tributaria.  La única acción directa prevista es el lanzamiento de una nueva edición de la comisión de gasto público que estuvo trabajando hace diez años y en la que pude participar con algunos de los escogidos por el gobierno nacional.

Es muy triste que la principal solución adoptada por el gobierno sea aumentar sus ingresos para poder seguir la alegre danza de los millones.  El ciudadano no puede entender cómo es posible aceptar que el mal uso de los recursos a nivel local tenga que ser pagado con un incremento en los impuestos. Abusos como la construcción de piscinas de olas, coliseos cubiertos y otra serie de elefantes blancos que se aprecian en las primeras páginas de los periódicos se aceptan como la norma inevitable.

El gobierno central que antes criticaba la conducta de algunos municipios que gastaban por encima de sus ingresos corrientes ha encontrado que es mejor conseguir más recursos que cambiar su propensión a gastar por encima de sus medios.  Lo más grave de esta carrera desenfrenada por conseguir más recursos para sostener un gasto descontrolado es que ha traído como consecuencia un disparo del endeudamiento de los entes regionales.  El aumento acelerado de las transferencias ha permitido un fácil acceso a las fuentes de crédito.  Los municipios han acudido a todas las fuentes de crédito poniendo como garantía el aumento de las transferencias.  Los alcaldes y gobernadores han encontrado la manera de erigir monumentos a su memoria que sean pagados por las próximas administraciones.

El querer arreglar el problema fiscal creado por las transferencias no solo va en contra de la lógica elemental de atacar directamente las causas de los problemas sino que resulta injusto con ciertas regiones que han hecho considerables esfuerzos para lograr un balance en sus finanzas.  El caso de Bogotá es bastante claro.  Todos sabemos que la mitad de los recaudos de los impuestos nacionales es pagado por los bogotanos.  El bogotano que gracias a las genialidades de los doctores Castro y Caicedo vio incrementados sus impuestos locales en los últimos años para poder sanear las finanzas del Distrito tendrá que aumentar el pago de sus impuestos nacionales para poder sufragar los gastos ocasionados por la combinación diabólica de la generosidad de los constituyentes de 1991 y la irresponsabilidad de unos gobernantes locales que han querido pasar a la historia en el breve lapso de tres años.



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