El gobierno busca aumentar sus ingresos para poder seguir en la alegre
danza de los millones a nivel local.
La discusión de la reforma tributaria ha sacado a relucir una serie de
problemas estructurales de la economía colombiana. El Ministro de Hacienda al tratar de convencernos
de la necesidad y conveniencia de su reforma tributaria ha puesto sobre el
tapete un problema que en su paso por la constituyente contribuyó a crear. Los constituyentes del 91 en su afán de
acelerar el incipiente proceso de descentralización que había iniciado el país
en la década de los 80's decidió transferir cuantiosos recursos a los
departamentos y municipios. Como
consecuencia de los cambios constitucionales, las finanzas del gobierno central
comenzaron a experimentar un notable desequilibrio.
El gobierno central debió aumentar considerablemente las transferencias
a las regiones sin lograr reducir los gastos pues los desarrollos legales no
pudieron compensar el aumento en las transferencias de recursos con la
disminución de los gastos cuya responsabilidad fue transferida a los municipios
y departamentos. Como era de esperarse
en un congreso en el que están representados los intereses regionales la ley de
competencias y recursos fue muy generosa con las regiones a costa del tesoro
nacional.
El impacto negativo de la constitución del 91 en las finanzas del
gobierno central es impresionante. El
superávit corriente del gobierno central que estaba en un 3 por ciento del PIB
en 1991 comenzó a desaparecer y en poco tiempo se llegó a un déficit de similar
magnitud. El gobierno central a partir de 1993 comenzó a gastar en
funcionamiento más de lo que recibía por impuestos teniendo que comenzar a
gastarse los ingresos extraordinarios de las privatizaciones y las concesiones
de los celulares.
Tal como lo muestran las cifras utilizadas por el Ministro Perry para
justificar la necesidad de la reforma tributaria esta disminución del superávit
corriente se explica en buena parte por el crecimiento desmesurado de las transferencias
a los gobiernos locales que de un nivel de 5 por ciento del PIB hasta 1991 han
alcanzado un nivel del 8 por ciento y que se estiman que en 1998 lleguen al
doble del nivel anterior a la constitución.
La evidencia es tan clara que el Doctor Perry ha tenido que aceptar que
los buenos deseos de él y de otros constituyentes del 91 han sido los causantes
del principal problema a que se ve enfrentada la economía colombiana.
Si bien el gobierno a través de su Ministro de Hacienda encuentra que el
mayor problema fiscal de la economía colombiana tiene que ver con el mal diseño
del sistema de transferencias para resolverlo no plantea una reforma ni a la
constitución ni a la ley de competencias y recursos sino que más bien trata de
arreglar el problema creado por la constitución del 91, quien lo creyera, a
través de una reforma tributaria. La
única acción directa prevista es el lanzamiento de una nueva edición de la
comisión de gasto público que estuvo trabajando hace diez años y en la que pude
participar con algunos de los escogidos por el gobierno nacional.
Es muy triste que la principal solución adoptada por el
gobierno sea aumentar sus ingresos para poder seguir la alegre danza de los
millones. El ciudadano no puede entender
cómo es posible aceptar que el mal uso de los recursos a nivel local tenga que
ser pagado con un incremento en los impuestos. Abusos como la construcción de
piscinas de olas, coliseos cubiertos y otra serie de elefantes blancos que se
aprecian en las primeras páginas de los periódicos se aceptan como la norma
inevitable.
El gobierno central que antes criticaba la conducta de
algunos municipios que gastaban por encima de sus ingresos corrientes ha
encontrado que es mejor conseguir más recursos que cambiar su propensión a
gastar por encima de sus medios. Lo más
grave de esta carrera desenfrenada por conseguir más recursos para sostener un
gasto descontrolado es que ha traído como consecuencia un disparo del
endeudamiento de los entes regionales.
El aumento acelerado de las transferencias ha permitido un fácil acceso
a las fuentes de crédito. Los municipios
han acudido a todas las fuentes de crédito poniendo como garantía el aumento de
las transferencias. Los alcaldes y
gobernadores han encontrado la manera de erigir monumentos a su memoria que sean
pagados por las próximas administraciones.
El querer arreglar el problema fiscal creado por las transferencias no
solo va en contra de la lógica elemental de atacar directamente las causas de
los problemas sino que resulta injusto con ciertas regiones que han hecho
considerables esfuerzos para lograr un balance en sus finanzas. El caso de Bogotá es bastante claro. Todos sabemos que la mitad de los recaudos de
los impuestos nacionales es pagado por los bogotanos. El bogotano que gracias a las genialidades de
los doctores Castro y Caicedo vio incrementados sus impuestos locales en los
últimos años para poder sanear las finanzas del Distrito tendrá que aumentar el
pago de sus impuestos nacionales para poder sufragar los gastos ocasionados por
la combinación diabólica de la generosidad de los constituyentes de 1991 y la
irresponsabilidad de unos gobernantes locales que han querido pasar a la
historia en el breve lapso de tres años.
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