Reelegir a los buenos y enterrar a los muertos

Si hay reelección inmediata, las ciudades van a ver como los buenos Alcaldes se dedican a realizar las obras verdaderamente fundamentales.

Los temas de interés periodístico suelen llegar en grupos. Hay semanas en que a los columnistas nos toca devanarnos los sesos para encontrar un tema de interés, mientras que en otras la abundancia de temas noticiosos conduce a horas de insomnio en las que se medita sobre las posibilidades de los diferentes temas. La última semana fue fecunda en acontecimientos. ANIF y FEDESARROLLO presentaron su análisis de la situación macroeconómica y sectorial en la que se trataron temas de especial interés dignos de ser comentados. El Instituto de los Seguros Sociales mostró una vez más su total ineficiencia cuando no pudo poner a disposición de los usuarios los formularios necesarios para hacer la consignación de los aportes mientras su Director defendía la compra de elefantes blancos. Por si esto fuera poco reguladores y regulados se dedican a hacerse la vida fácil pidiendo los unos y regalando los otros pasajes para los auto-homenajes celebrados en la frontera colombo venezolana.

La angustia del columnista ante la abundancia de temas de actualidad se vuelve casi intolerable cuando en las horas de insomnio se da cuenta que tiene un tema importante que ha querido tratar y que nunca ha encontrado la oportunidad de hacerlo. Después de sopesar los pros y contras de la actualidad sobre la importancia he llegado a la conclusión de que en esta ocasión es necesario tratar un tema que si bien en el momento no está de moda si puede convertirse en poco tiempo en tema de actualidad.

La finanzas locales y su impacto en las finanzas nacionales ha comenzado a aparecer en las discusiones sobre la financiación del Salto Social. Como muy bien lo anotó el Director de Planeación en su presentación en el seminario organizado por ANIF, buena parte del déficit del gobierno central durante el próximo cuatrienio se va a deber al aumento acelerado de las transferencias del gobierno central a los gobiernos locales. El fallo de la Corte y la reacción de los gobiernos locales muestra que si bien es posible fijar unas restricciones a la financiación de los gastos de funcionamiento con los recursos de las transferencias, en la práctica la presión de los burócratas locales y sus amigos a nivel central impide un sano control de los gastos locales.

Si el país quiere mantener una situación fiscal sana debe a la mayor brevedad emprender una reforma drástica de su esquema de transferencias. Tiene que llegar a la penosa conclusión que a los constituyentes se les fue la mano en la rapidez como se aumentaron las transferencias y que los mecanismos compensatorios contemplados en la reforma de las finanzas intergubernamentales no fueron suficientes. Por tanto es necesario emprender una importante reforma tributaria de carácter local en la que se asegure que los recursos para el funcionamiento se generen a nivel local y en el que el gasto público sea realizado con mayor eficiencia y eficacia.

No solo es necesario reforzar los controles y emprender una reforma de carácter local que sustituya los ingresos necesarios para los gastos de funcionamiento sino que se requiere de un cambio importante en las limitaciones impuestas en los períodos de los alcaldes.

El haber implantado la no reelección inmediata y un período de tres años pareció, en su momento, una buena idea pues evitaba que los alcaldes utilizaran el poder para perpetuarse indebidamente en el puesto. Sin embargo, la realidad resultó muy distinta. En primer lugar, la experiencia ha mostrado que la ciudadanía se da cuenta fácilmente de quien es buen alcalde y merece ser reelegido, la limitación a la reelección resulta en estas circunstancias superflua. En segundo lugar, cuando no hay reelección el Alcalde se preocupa más por su siguiente etapa en su vida política que en hacer una buena alcaldía pues sabe que no puede ser reelegido. Algunos pueden llegar a ser tan miopes que dejan totalmente endeudado a la ciudad  tratando de hacer obras faraónicas para que los recuerde y sigan ascendiendo por encima de su nivel de incompetencia.

El caso de Bogotá es tal vez el más destacado. Los Alcaldes Castro y Caicedo nunca se preocuparon por cambiar realmente la ciudad sino que intentaron hacer una serie de puentes sobre la Avenida Ciudad de Quito convencidos que con eso podrían lograr la Presidencia de la República. En lugar de hacer las reformas necesarias en la Administración para asegurar una financiación sana de la ciudad decidieron irse por el camino fácil de meterle la mano a los contribuyentes aumentando exageradamente los impuestos.

Lo triste del caso es que a pesar de haber salido totalmente desprestigiados de su cargo siguen aspirando a llegar alguna vez al solio de Bolívar. Tratan ahora de mostrar que son unos estadistas profundos, cuando nunca pudieron ejercer un liderazgo a nivel local. Si hubiera habido una reelección inmediata, tanto Castro como Caicedo hubieran sufrido una tremenda barrida y ahora estarían enterrados políticamente.

Si hay reelección inmediata, las ciudades van a ver como los buenos Alcaldes se dedican a realizar las obras verdaderamente fundamentales,  contando con el apoyo popular por varios períodos.  El Cura Hoyos reconocido como buen Alcalde por todos los barranquilleros ha debido continuar. Si el Doctor Mockus nos logra educar y Bogotá se vuelve a convertir en la Atenas Suramericana es mejor dejarlo como Alcalde que mandarlo al Palacio de Nariño para que allá aprenda a manejar el País del Sagrado Corazón.

Primer parcial del pacto social

Ojalá no nos pase lo que le pasó a la liebre  que creía tener ganada su carrera contra la tortuga y se dedicó a  reposar antes de cruzar la meta.

Según un ilustre matemático, ahora dedicado a medir la opinión pública, lo único que se requiere para el éxito profesional es un manejo adecuado de la regla de tres. Aplicar estos conocimientos adquiridos en los primeros años de bachillerato no siempre es sencillo. Un ejemplo de las dificultades de la aplicación  de  este sencillo concepto a una situación práctica es la utilización de la regla de tres a la evaluación del primer mes del pacto social.  En efecto, si preguntamos cuanto deben subir los precios en un mes para que en el año suban 18%, la respuesta que daría un estudiante de los primeros años de bachillerato con la ayuda de lápiz y papel sería 18 dividido por 12 o sea 1.5 por ciento. Si le preguntaramos entonces que cómo calificaría el primer mes del pacto social en el que el gobierno se muestra orgulloso de lograr un 1.84 por ciento, el estudiante contestaría que esta cifra lo que está mostrando es que para cumplir sus buenos propósitos el gobierno debe redoblar sus esfuerzos.

Como bien los saben nuestros ingenieros financieros, la respuesta anterior no es enteramente correcta pues hay que tener en cuenta el efecto acumulativo originado por la lógica del interés compuesto. Cualquier financista con la ayuda de su calculadora financiera nos diría que la respuesta correcta a la pregunta ¿cuál debe ser el aumento de precios en el primer mes para que al final del año tengamos una inflación del 18%? es 1.39%. Si le preguntamos entonces al financista si cree que el gobierno puede cumplir con su meta del 18%, contestaría que para esto el gobierno necesitaria esforzarse pues el primer resultado está muy por encima de la meta parcial de 1.39% al mes.

La euforia del gobierno que lo llevó a montar un show similar al que armó para la venida de Pavarotti y en el que faltó únicamente que le preguntarán al Ministro de Desarrollo su receta favorita para la preparación del plato tradicional de la cultura paisa, nos está diciendo que hay algo más en la matemática inflacionaria. Como lo saben los estudiosos de los temas inflacionarios la escalada de precios no ocurre de manera uniforme a través del año. Por razones climáticas e institucionales los precios suben más rápidamente en los primeros meses del año y menos en épocas como el segundo semestre en que la abundancia de las cosechas tienen un efecto favorable en el precio de los alimentos. Un buen comportamiento en los primeros meses se puede interpretar entonces como un presagio favorable para obtener un buen resultado en el año.

Debemos entonces preguntarnos que tan bueno fue enero y que se puede esperar en el futuro. Las cifras muestran claramente que el comportamiento en enero fue mucho mejor de lo oservado en años anteriores. Sin embargo debe tenerse en cuenta que el Pacto Social ha introducido dos aspectos importantes que tienen un efecto importante en las cifras del costo de vida.  En primer lugar, debe reconocerse que antes del Pacto Social la discusión se centraba primordialmente en el acumulado del costo de  vida en diciembre y por lo tanto los gobiernos, en especial el anterior, preferían subir los precios en los últimos días del año para que su aumento se contabilizara en enero y no en diciembre. Por tanto todos los índices de enero eran artificialmente altos pues llevaban un rezago de lo ocurrido en los últimos días del año.  Mediante este truco los gobernantes lograban disminuir algunos puntos de la inflación portergándola para el año siguiente. Con la  introducción del pacto social se volvió crítico el mes de enero y en consecuencia se decidió postergar los aumentos para otros meses del primer trimestre. Por tanto, la comparación entre enero de 1995 y enero de 1994 no resulta enteramente válida pues los eneros antes de 1995 eran artificialmente altos y los eneros después del pacto social  resultan, como los diciembres anteriores, artificialmente bajos.

En segundo lugar, debe anotarse que uno de los instrumentos básicos que el gobierno ha querido utilizar para bajar la inflación es  repartir el aumento de los precios a lo largo del año. Si esto se logra, es claro que el efecto de este cambio institucional es disminuir la importancia de los aumentos al comienzo del año. Este solo cambio institucional permite bajar por una sola vez la importancia de enero sin necesidad de pactos sociales.

Las consideraciones anteriores llevan a concluir que no todo está ganado en la lucha inflacionaria y que es importante no solo mirar  los resultados del primer mes del pacto social. Es necesario continuar mirando todas las variables macroeconómicas y mantener una política económica coherente que permita una rebaja real de la inflación, no nos podemos contentar con lograr el mejor enero de los últimos diez años. Ojalá no nos pase lo que le pasó a la liebre  que creía tener ganada su carrera contra la tortuga y se dedicó a  reposar antes de cruzar la meta.

El extraño mundo del Doctor Castro Caicedo

Las Empresas de Servicio Público tienen obligación legal de mantener tarifas que cubran todos sus costos.

Los gerentes de las empresas de servicios públicos tienen en Colombia muy mala imagen. Para el común de la gente, todos los que llegan a esta posición debido a la influencia política y solo buscan el enriquecimiento rápido por medios poco santos. Comer carne de gerente se ha vuelto la manera segura de aparecer en la televisión y los medios de comunicación masiva. Los contralores, procuradores, personeros y fiscales apelan a los juicios a los gerentes en los medios de comunicación cuando sus asesores de imagen encuentran que sus jefes no están apareciendo en los titulares de la prensa.

Como solo ocurre en Colombia, el seguimiento del cumplimiento del pacto social se ha convertido en noticia de primera plana. El Señor Superintendente de Servicios Públicos, siguiendo la costumbre de comer gerente por lo menos una vez al mes, ha aprovechado el interés que ha despertado en los medios de comunicación el cumplimiento de la famosa meta del 18 por ciento y ha declarado a los enviados especiales de los noticieros y demás medios de comunicación oficialistas que no le temblará la mano para destituir a los gerentes que no cumplan con la meta del 18 por ciento.

Esta desafortunada intervención del Superintendente en contra de los gerentes de las empresas de servicios públicos no solo contribuye a deteriorar una vez más la imagen de un segmento de funcionarios que han tenido que soportar pacientemente agravios infundados sino que va en contra de la misma ley que crea la superintendencia de Servicios Públicos.

En efecto, si uno lee con cuidado la ley que reglamenta los Servicios Públicos en Colombia, es una obligación de las empresas fijar tarifas orientadas por los criterios de eficiencia económica, neutralidad, solidaridad, redistribución, suficiencia financiera, simplicidad y transparencia. Para evitar una posible mala interpretación sobre lo que se entiende por suficiencia financiera, la ley manifiesta que se logra la suficiencia financiera cuando las fórmulas de tarifas garantizan la recuperación de los costos y gastos propios de operación incluyendo la expansión, la reposición y el mantenimiento permitiendo remunerar el patrimonio de los accionistas en la misma forma en la que lo habría remunerado una empresa eficiente en un sector de riesgo comparable y permitiendo utilizar las tecnologías y sistemas administrativos que garanticen la mejor calidad, continuidad y seguridad a sus usuarios. Para no dejar dudas sobre la importancia de la suficiencia financiera, la misma ley afirma que los criterios de eficiencia y suficiencia financiera tendrán prioridad en la definición del régimen tarifario.

Para los legisladores el contar con tarifas de servicios públicos  que cubran todos sus costos es tan importante que expresamente se reconoce como una práctica discriminatoria abusiva y restrictiva el fijar tarifas que no cubran todos los costos. En el Artículo 34 el legislador muy sabiamente expresa que "se consideran restricciones indebidas a la competencia, entre otras, el cobro de tarifas que no cubran los gastos de operación de un servicio, la prestación gratuita o a precios o tarifas inferiores al costo de servicios adicionales a los que contempla la tarifa."

Teniendo en cuenta los anteriores argumentos, se puede afirmar que  El Pacto Social apenas refleja el interés de gobierno por bajar la inflación y de ninguna manera puede estar por encima de una norma de carácter superior. Si hubiera lógica el anuncio del Superintendente de Servicios Públicos debería haber sido diferente. Debería haber anunciado que estaría dispuesto a intervenir las Empresas que por cumplir con las metas del pacto social pusieran en peligro su suficiencia financiera. Más aún, debería haber anunciado que estaría  dispuesto a renunciar a su puesto si el Ministro de Desarrollo o el Presidente de la República quisieran poner en peligro la suficiencia financiera de las empresas de servicio público por cumplir con su meta del 18 por ciento.

También debe quedar claro que el tratamiento dado al cumplimiento del 18 por ciento por parte de los medios de comunicación debe cambiar. No podemos pensar que en materia tan compleja de precios y tarifas la situación es tan clara como para poder clasificar a todo el mundo como bueno si cumple con el pacto social o malo si no lo cumple.

La Leona y el Niño

Mientras que la competencia en las cervezas  aleja cada vez más la posibilidad de tener que ver los partidos de fútbol a palo seco, la falta de competencia y los continuados errores de política  mantienen latente la posibilidad de un racionamiento de energía eléctrica

Simultáneamente con el comienzo de la guerra de las polas ha vuelto al  tapete el  tema de un posible apagón.  Mientras que los clientes de los monopolios privados de la cerveza comienzan a independizarse de su habitual proveedor, el sufrido usuario del monopolio estatal tiene que seguir acudiendo a las rogativas a San Pedro para que en los próximos años no se presente con mucha intensidad el fenómeno del Niño.  Mientras que la competencia en las cervezas aleja cada vez mis la posibilidad de tener que ver los partidos de fútbol a palo seco, la falta de competencia y los continuados errores de política mantienen latente la posibilidad de un racionamiento de energía eléctrica

En efecto, la política energética de 1995 sigue tan equivocada como la que nos llevó al apagón de 1992.  Los precios de la energía eléctrica se mantienen por debajo de su costo conduciendo a una equivocada asignación de recursos.  Los usuarios residenciales en Colombia continúan consumiendo mucha más energía eléctrica que en otros países de igual grado de desarrollo.  Los bajos precios de la electricidad en Colombia siguen incentivando su despilfarro en la cocción de alimentos y en el calentamiento de agua para el baño.  Colombia sigue manteniendo el dudoso privilegio de ser la nación en donde el consumo residencial de electricidad es superior al consumo industrial de energía eléctrica.  A pesar de la amarga experiencia de 1981 y 1992 seguimos dependiendo en grado sumo de las hidroeléctricas.  A pesar de tener tarifas industriales mis altas que las de los países a los cuales exportamos nuestro carbón nos seguimos creyendo el cuento de que la energía hidroeléctrica es mucho más barata que la térmica.

  

Pero más grave aún que mantener una política equivocada de precios es aumentar sus distorsiones.  En aras de un pacto social se sacrifica la viabilidad financiera de las empresas del sector.  La posibilidad de contar con inversión del sector privado es cada vez más remota cuando se pospone indefinidamente el ajuste de las tarifas residenciales y el desmonte de los subsidios a los consumidores del servicio eléctrico.

El plan de masificación del consumo de gas avanza lentamente debido a los bajos precios fijados para el gas.  Ante la imposibilidad de importar masivamente gas tenemos que seguir esperando que aparezcan depósitos de gas cerca a los grandes centros de consumo que permitan servir las principales ciudades. Con aumentos del 18 por ciento en el  precio del gas es casi imposible que el sector privado encuentre atractivo en el negocio y por lo tanto es necesario seguir dependiendo del monopolio estatal.

  

Y como si esto fuera poco, el efecto tequila ha comenzado a sentirse en el costo de capital.  Un sector como eléctrico tan intensivo en capital y tan dependiente del ahorro externo es, sin lugar a dudas, tremendamente vulnerable a los eventos ocurridos en el frente cambiario.  Los encargados del sector eléctrico no deben olvidar lo que - ocurrió en 1982 cuando el no pago de deuda mejicana desencadenó la crisis en toda Latinoamérica.  Los mercados comenzaron a cerrarse, las tasas de interés subieron y finalmente las devaluaciones masivas acabaron con  la viabilidad financiera de unas empresas con altos niveles de endeudamiento externo.

Ante un panorama tan incierto, el sector eléctrico debe dejar de preocuparse por si va a haber un apagón este año y comenzar a discutir si sus políticas de precios son coherentes con una inversión del sector privado.  También debe analizar las implicaciones de cierre del crédito externo y de una posible devaluación masiva.  Si no lo hace volveremos al triste espectáculo del sacrificio de inocentes funcionarios del sector eléctrico para calmar a un público enardecido por haber soportado las consecuencias de un apagón.

México: No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague

 Si la economía colombiana no se controla bien puede sufrir una crisis externa de grandes proporciones

                                                                                                                                                                    Como suele ocurrir es más fácil comentar los ocurrido que prever lo que va a pasar. La mirada retrospectiva suele ser siempre muy clara mientras que la mirada hacia al futuro es siempre nebulosa. El colapso de la economía mexicana ocurrido el 20 de diciembre del año pasado ha dado lugar a una serie de análisis bastante interesantes. La última columna del prestigioso economista Rudiger Dornbusch en la revista Business Week nos presenta interesantes opiniones sobre la situación mejicana de la cual es conveniente destacar la similitud entre la situación mejicana y la vivida en Chile a comienzos de los ochentas.

Dos países que avanzaron de manera importante en la senda de las reformas estructurales tuvieron que enfrentar una crisis por el mal manejo macroeconómico. El mantener  una tasa de cambio a todas luces irreal financiada por creciente endeudamiento privado lleva finalmente a una crisis externa que precipita a la economía en un período recesivo. La conclusión obvia de lo anterior es bastante clara. Las autoridades económicas no solo deben reformar las instituciones modernizándolas y haciendo más competitiva la economía sino que deben mantener una política cambiaria adecuada. La financiación con endeudamiento externo que acompaña un déficit comercial no es una solución de largo plazo pues las deudas tarde o temprano tienen que pagarse. Los prestamistas e inversionistas no tienen la paciencia del Santo Job, sino que viven revaluando las posibilidades de que su inversión pueda repagarse y generalmente a la primera señal de una posible insolvencia cierran las puertas del endeudamiento.

Si lo que pasó en México y sus causas ha comenzado a aclararse persisten serias dudas sobre los que le puede pasar a la economía latinoamericana. Sin lugar a dudas, el mayor interrogante que existe en el momento es el de la economía argentina. Los analistas que en términos generales encuentran que el Ministro Domingo Felipe Cavallo ha hecho una gestión excelente, sin embargo tienen dudas sobre la viabilidad a largo plazo de su política económica. Como muy bien lo expresó el Ministro argentino en Wall Street la economía argentina difiere de la mejicana en el aspecto de que por ley, la moneda argentina está respaldada por divisas extranjeras. La convertibilidad hace que la fuga de divisas se convierta en una disminución de la base monetaria y transforma la crisis externa en una crisis doméstica pues la reducción de la base monetaria no acompañada por un aumento en el multiplicador monetario se transforma en una reducción del dinero en circulación lo cual como se vio en la gran depresión viene acompañada de un alto desempleo. Esto quiere decir que la economía argentina se vería libre de una crisis externa de fuga de divisas en la medida en que esté dispuesta a aceptar una profunda depresión que a través de una reducción de precios y salarios devuelva la competitividad a la economía argentina. Como el remedio es más grave que la enfermedad es de prever que se logre, en el segundo período de Menem, un ajuste por otros medios.

En cuanto a la situación colombiana y el posible efecto tequila hay que decir que a pesar de lo que dicen Hommes y Perry no estamos en el mejor de los mundos y que si la economía colombiana no se controla bien, puede sufrir una crisis externa de grandes proporciones o una fuerte recesión como sería el caso de la Argentina. El endeudamiento privado colombiano ocasionado por el gran gasto privado muy por encima de los ingresos del sector privado está llegando a niveles bastante peligrosos. Una devaluación del 2 por ciento no puede ser compatible con una inflación de más de 20 por ciento. La competitividad nacional está disminuyendo peligrosamente mientras que se sostiene la bonanza de la construcción y otros sectores que producen bienes no transables. Los acuerdos comerciales que fueron hasta hace poco el camino para la Presidencia del anterior Ministro de Comercio Exterior han quedado reducida a su más mínima expresión. En el baile de la integración a Colombia le toco bailar con las más feas pues sus socios del famoso G3 están pasando por crisis de grandes proporciones que han tenido que ser resueltas con devaluaciones masivas. 

Los colombianos debemos pues comenzar este año con muchas precauciones debemos aprender de las promesas de los enguayabados que se embriagaron con tequila y que prometieron que ahora si iban a portarse bien. Si no ajustamos la economía en este momento es muy probable que lo tengamos que hacer después de una borrachera con aguardiente. Aquí conviene recordar que la plata dulce no es eterna y que si hoy es bueno endeudarse en dólares esto no sigue siendo cierto después de una devaluación a lo mero macho.